Imagen de archivo de dos jubilados en un parque.
Eliminar el castigo a los jubilados con 40 años cotizados costaría 3.358 millones, el 1,77 % del gasto en pensiones
La medida afectaría a cerca de 900.000 pensionistas y llega después de que los socialistas apoyaran una moción sobre esta reivindicación, pero rechazaran después una enmienda legislativa
El Congreso vota este martes si abre la puerta a eliminar las penalizaciones de quienes se jubilaron anticipadamente después de haber cotizado durante 40 años o más, una reivindicación que afecta a cerca de 900.000 pensionistas. El Pleno decidirá si admite a trámite una reforma cuyo coste el Gobierno cifra en 3.358 millones de euros anuales y volverá a poner a prueba la posición del PSOE, que apoyó en noviembre una moción a favor de revisar estos recortes, pero votó en contra cuando la misma medida regresó al Congreso en junio mediante una enmienda legislativa.
La votación no supondrá por sí sola la eliminación de las penalizaciones. Lo que decidirá la Cámara es si acepta iniciar la tramitación de una proposición de ley que, en caso de superar todo el recorrido parlamentario, sí modificaría la legislación. La diferencia es clave, ya que esta misma demanda ha obtenido resultados distintos en el Congreso dependiendo de si su aprobación tenía o no consecuencias legislativas.
En noviembre de 2025, una moción presentada por Podemos para revisar los coeficientes reductores salió adelante con 180 votos favorables, entre ellos los del PSOE, y ningún voto en contra. El PP y Vox se abstuvieron. Al tratarse de una iniciativa no legislativa, aquel respaldo no obligaba a modificar la normativa y la reivindicación continuó sin traducirse en ningún cambio para los pensionistas afectados.
La cosa cambió el pasado mes de junio, cuando Podemos trató de introducir la eliminación de los coeficientes mediante una enmienda a la ley que regula la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de determinados mutualistas. En aquella ocasión la propuesta sí habría tenido consecuencias legislativas y PSOE y PP votaron en contra, mientras Vox se abstuvo y el resto de grupos respaldó la iniciativa.
Ambas formaciones rechazaron entonces haber cambiado de posición. Fuentes socialistas explicaron a este periódico que aquella enmienda no estaba directamente relacionada con la ley en la que pretendía introducirse, aunque aseguraron que no existía «oposición en abrir el debate sobre esta cuestión». El PP sostuvo igualmente que se trataba de una «enmienda intrusa» que podía poner en riesgo la aprobación de la propia ley y aseguró que estudiaría el asunto «en la iniciativa correspondiente cuando se debata en el Congreso».
Ese momento ha llegado. A diferencia de la moción aprobada en noviembre y de la enmienda rechazada en junio, el Congreso tendrá ahora delante una proposición de ley dedicada específicamente a eliminar las penalizaciones que soportan quienes acreditan largas carreras de cotización.
Una factura de 3.358 millones
El principal obstáculo sigue siendo económico. El Gobierno ha cuantificado en 3.358 millones de euros anuales –el 1,77 % de los 189.598 millones de euros que la Seguridad Social desembolsó en pensiones durante 2025– el impacto de eliminar los coeficientes reductores para quienes acrediten al menos 40 años cotizados. De esa cantidad, 1.345 millones corresponderían a las jubilaciones anticipadas voluntarias y otros 2.013 millones a las producidas de forma involuntaria.
Esto significa que prácticamente seis de cada diez euros del coste calculado por el Ejecutivo corresponderían a las jubilaciones anticipadas involuntarias. Son trabajadores cuya salida del mercado laboral puede haberse producido después de un despido colectivo, una extinción por causas objetivas u otras circunstancias contempladas por la legislación.
La legislación permite adelantar el retiro respecto de la edad ordinaria, pero aplica a cambio coeficientes reductores de por vida cuya intensidad depende, entre otros factores, de los meses de adelanto y de la carrera de cotización. En las jubilaciones involuntarias, hay trabajadores que, pese a haber cotizado durante casi 50 años, continúan soportando recortes de entre el 0,5 % y el 30 % en sus pensiones. Según los cálculos de Asjubi40, alrededor de 900.000 personas están afectadas por el actual sistema.
Doce años de reivindicaciones
Los afectados llevan más de una década reclamando la modificación. Después del rechazo parlamentario de junio, Asjubi40 reprochó a PSOE y PP que alegaran que aquella no era la vía adecuada para aprobar la reforma. «Nos dicen que no era el momento o que no era el vehículo adecuado, pero llevamos doce años esperando. Ya no sé cuándo tiene que ser el momento», señaló entonces Santiago Menchero, portavoz de esta asociación.
La asociación volverá este martes a las puertas del Congreso. Asjubi40 ha convocado a los afectados a una concentración a partir de las 16.00 horas, coincidiendo con el debate de la toma en consideración de la proposición de ley, cuya defensa desde la tribuna corresponderá a Ione Belarra.
Pero esta vez la discusión tendrá una diferencia respecto de la votación de noviembre. Sobre la mesa habrá una proposición de ley y una factura de 3.358 millones de euros al año para eliminar las penalizaciones de quienes alcanzaron la jubilación después de haber cotizado durante al menos cuatro décadas.