La empresa que desahució a Maricarmen niega haberle exigido un alquiler de 2.650 euros: «No se corresponde con la realidad»

Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de la que Maricarmen Abascal fue desahuciada este miércoles después de vivir allí durante siete décadas, ha salido al paso de las informaciones difundidas durante los últimos días sobre el caso. La compañía niega haber exigido a la mujer, de 87 años, un alquiler de 2.650 euros mensuales para permanecer en el inmueble, asegura que el Ministerio de Vivienda nunca le hizo una oferta para comprarlo y sostiene que permitió que continuara en la casa durante tres años después de que los tribunales declararan extinguido su contrato.

En los días previos al lanzamiento se publicó que Urbagestión reclamaba a Maricarmen 2.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 500 que venía abonando, y que posteriormente había rebajado sus pretensiones hasta los 1.650 euros. La defensa de la inquilina y el Sindicato de Inquilinas sostuvieron además que distintas propuestas para evitar el desalojo habían sido rechazadas por la propiedad.

Urbagestión lo niega. «En ningún momento la empresa ha exigido a la inquilina el pago de una renta superior a la que venía abonando», afirma en un comunicado difundido este jueves.

La compañía explica que la cifra surgió después de que, hace tres años, la letrada de Maricarmen le pidiera por escrito que indicase cuánto costaría formalizar un eventual nuevo arrendamiento. Según su versión, respondió que podría estudiar una renta bonificada entre un 40 % y un 50 % respecto al precio de mercado, pero mantiene que aquello no constituyó una exigencia para que la mujer pudiera continuar en el piso.

También rechaza otra de las cifras que han circulado durante los últimos días: una supuesta propuesta realizada en 2018 para que Maricarmen comprase la vivienda por unos 250.000 euros o permaneciera en ella pagando 1.650 euros al mes. Urbagestión asegura que ninguna de esas ofertas fue realizada por la compañía.

En el caso de la compra, explica que lo que recibió la inquilina fue la notificación del derecho de tanteo que legalmente le correspondía ante la venta de la vivienda y que la comunicación procedía del anterior propietario. Las informaciones publicadas durante estos días sitúan aquella operación alrededor de los 247.000 euros.

El contrato de renta antigua

El origen del conflicto se encuentra en un contrato de renta antigua firmado en 1956. Tras sucesivas subrogaciones, Maricarmen pasó a ocupar la posición de arrendataria en 2005.

Urbagestión sostiene que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 limitaba a dos años esta segunda subrogación a favor de los hijos salvo determinadas excepciones, entre ellas que el beneficiario tuviera reconocida una discapacidad igual o superior al 65 %. La empresa afirma que Maricarmen no tenía reconocido oficialmente ese grado cuando se produjo la subrogación.

El litigio terminó dando la razón a la propiedad. En primera instancia, el Juzgado número 90 de Madrid rechazó en 2022 la demanda de Urbagestión, pero la Audiencia Provincial revocó posteriormente aquella resolución. El recurso presentado por Maricarmen ante el Tribunal Supremo fue inadmitido, lo que convirtió en firme la resolución que declaraba extinguido el arrendamiento.

La empresa asegura que desde entonces permitió que la inquilina permaneciera en el inmueble «con ánimo pacificador» y sin ejercer presión para que lo abandonara, mientras seguía haciendo frente a la hipoteca y a los gastos de la vivienda. Según sus datos, hasta la extinción del contrato Maricarmen pagaba alrededor de 200 euros de renta, además de entre 220 y 250 euros de comunidad, cantidad que incluía agua y calefacción.

Niega una oferta de Vivienda

Urbagestión también contradice la versión difundida sobre la intervención del Ministerio de Vivienda. «Ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 han formulado oferta de compra de la vivienda, ni podían hacerlo legalmente», asegura.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que su departamento había tratado de negociar con la propiedad tanto la compra del inmueble como fórmulas para asumir parte del alquiler, mientras fuentes ministeriales afirmaron que habían intentado contactar repetidamente con la empresa.

Urbagestión sostiene que la única propuesta concreta de compra que recibió procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas, que habría planteado vender el inmueble a una cooperativa del entorno de la organización. La empresa afirma que comunicó esta circunstancia al juzgado por considerar «anómalo» el procedimiento.

La compañía sí reconoce contactos para intentar alcanzar una solución mediante Casa 47, pero asegura que nunca cristalizaron en una propuesta formal. Según explica, durante las últimas semanas se le trasladó verbalmente la posibilidad de establecer un alquiler de hasta 900 euros mensuales, pagado a partes iguales por Maricarmen y Casa 47, sin que llegaran a concretarse por escrito aspectos como la configuración jurídica del contrato o quién asumiría los gastos.

«No es un fondo de inversión»

La empresa responde asimismo a otra de las denominaciones utilizadas durante las protestas y en algunas informaciones sobre el caso. Urbagestión asegura que «no es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa madrileña» y afirma que el piso de Maricarmen es la única vivienda de su propiedad.

La compañía acusa además al Sindicato de Inquilinas de haber ejercido «presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas» y responsabiliza a su actuación de haber dificultado un acuerdo. Se trata de la versión de Urbagestión, mientras que el Sindicato y la defensa de Maricarmen sostienen que fue la propiedad la que rechazó las distintas alternativas planteadas para evitar el lanzamiento.