El retraso de los fondos Next Generation: el Gobierno aún no había pagado el 52 % a un mes de finalizar el programa

Hasta el 52 % de las obligaciones reconocidas por el Estado en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) no se habían desembolsado a fecha de 30 de junio de 2026. Esto es, a un mes de que expirara el plazo marcado por Bruselas para el final de las ayudas.

Esta cifra implica que un total de 53.593 millones de euros figuraban como deuda contraída por el Estado pero no habían sido satisfechos, y deberán pagarse en algún momento, según recoge un informe del Instituto para la Economía Eficiente (IPEF).

«El hecho relevante es que el dinero no acaba de salir hacia sus destinatarios finales», advierte la institución, que dirige el economista José Ramón Riera. Las causas de este retraso están, en gran medida, en las empresas públicas del propio Estado, dado que el Mecanismo «reconoce obligaciones a favor de entidades del propio sector público estatal a un ritmo muy superior al que después las paga».

De los 53.593 millones, 27.486 corresponden al sector público empresarial del Estado. ADIF, ADIF-Alta Velocidad, Renfe, Puertos del Estado, Enaire, Seittsa y el resto de sociedades y entidades públicas empresariales concentran 33.444 millones de obligaciones reconocidas, el 32,4 % de lo ejecutado, de los cuales solo se han pagado 5.958 millones.

Es decir, por cada cuatro euros que el Estado reconoce deber a sus propias empresas públicas con cargo al Mecanismo, apenas ha desembolsado uno. Por el contrario, las administraciones territoriales, en cambio, sí cobran: han recibido 20.902 millones, el 93,6 % de lo reconocido a su favor. Las empresas privadas alcanzan un 73,2 %, y las familias e instituciones sin ánimo de lucro, un 80,5 %. «Ninguno de estos destinatarios explica el atasco», concluye el IPEF.

El pago, para futuros ejercicios

La consecuencia es que el pago se pospone a futuros ejercicios, en los que el Mecanismo estará ya cerrado y, por tanto, no habrá transferencias periódicas de Bruselas. «El efecto es un desplazamiento del esfuerzo financiero hacia futuros ejercicios», corrobora el IPEF.

El informe precisa no obstante que esta cuantía no implica que el Tesoro haya tenido que adelantar el importe, sino que no lo ha desembolsado. De hecho, en esa misma fecha España ya había percibido 71.367 millones de Bruselas, con lo cual la diferencia positiva en la caja ascendía a 21.724 millones de euros.

El documento del IPEF pone además de manifiesto que el programa ha regado sobre todo al sector público. Así, nueve de cada diez euros de los cien mayores perceptores del programa Next Generation se quedan en el sector público, con ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias, y su filial de Alta Velocidad, figurando como líderes indiscutibles en cuanto a fondos percibidos: 2.926,4 y 2.898,6 millones, respectivamente.

Por detrás se sitúa la también estatal Tragsa, con 1.448 millones, el Ministerio de Defensa, con 1.169, y el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, con 922,8 millones. La primera administración regional es la Generalitat Valenciana, en sexta posición, con 864,2 millones; mientras que la primera empresa privada –Telefónica, con un 10 % de participación estatal– está en el puesto 13 (con 413,2 millones, a los que habría que sumar otros 401 correspondientes a Telefónica Móviles España).