Representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el sindicato de profesorado Suatea y el Sindicato de Vivienda de Asturias.
Movilizaciones en Asturias, gobernada por el PSOE, contra el desahucio de una madre y su hija de 9 años
La empresa pública sostiene que la inquilina dejó de pagar en 2021 una renta de 67 euros, incumplió un plan de pagos de 20 euros al mes y cuenta ahora con 1.200 euros de ingresos
Apenas unos días después de las manifestaciones en Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal, el Sindicato de Inquilinas ha puesto el punto de mira en Gijón, donde varios colectivos han convocado protestas para impedir el desalojo previsto para el próximo martes de una mujer y su hija de nueve años. Sin embargo, la empresa pública propietaria de la vivienda rechaza que el procedimiento responda a una situación de vulnerabilidad económica y asegura que los impagos se remontan a 2021.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el Sindicato de Vivienda de Asturias y Suatea han reclamado a Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) que paralice el lanzamiento, previsto para el 29 de septiembre en el barrio gijonés de Nuevo Roces.
Los colectivos sostienen que la mujer, víctima de violencia de género, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y reclaman que, si finalmente se ejecuta el desahucio, se le proporcione una alternativa habitacional junto a su hija de nueve años.
Sin embargo, la empresa encargada del desahucio, Vipasa, defiende que el procedimiento no se debe a un impago puntual, sino que lleva desde 2021 sin pagar la renta. Según la gerente de la compañía pública, Marta Pulgar, el importe que debía abonar era de 67 euros mensuales, a los que se añadían alrededor de 60 euros correspondientes a los gastos de comunidad. Vipasa asegura que activó entonces su protocolo ante impagos e inició distintas actuaciones para tratar de regularizar la situación.
En 2022 se alcanzó incluso un acuerdo para establecer un plan de pagos de 20 euros mensuales que, según Pulgar, tampoco se cumplió. La entidad afirma que durante este periodo intervinieron tanto su área de arrendamientos como la de innovación social y que la situación fue comunicada a los servicios sociales antes de presentar la demanda de desahucio.
Vipasa añade que, según la documentación de la que dispone la empresa pública, la mujer cuenta en estos momentos con unos ingresos acreditados de 1.200 euros.
Los colectivos que tratan de frenar el lanzamiento aseguran que los impagos comenzaron después de que la mujer dejara de percibir temporalmente una ayuda vinculada a su condición de víctima de violencia de género y antes de que comenzara a cobrar el ingreso mínimo vital.
Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Asturias, asegura además que la situación de vulnerabilidad está reconocida judicialmente y que existe una resolución que reclama a Vipasa buscar una alternativa habitacional. El sindicato afirma disponer de documentación que acredita estas circunstancias.
Las organizaciones reclaman que cualquier alternativa tenga además en cuenta la situación de la hija de nueve años. Desde Suatea aseguran que más de un centenar de docentes han respaldado un documento en el que advierten del posible perjuicio académico y personal que supondría alejar a la menor de su actual entorno educativo.