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Que nuestro país no funciona es cada día más evidente. Que la maquinaria administrativa de la Administración Central del Estado es un pozo sin fondo que no sabemos a que se dedica, creo que lo he demostrado en artículos en los que se podía ver que el 87,5 % del gasto de 19 ministerios eran puras Transferencias Corrientes y de Capital y que para hacer eso estaban 50.000 empleados públicos; o que Transición Ecológica, ese Ministerio con 18 altos cargos además de la ministra, transfiere el 88 % de lo que gasta y apenas ejecuta el 14 % de sus inversiones.

Es evidente que la Administración Central del Estado está mal gestionada. A estas alturas, ya no cabe duda de que, aunque resulte incómodo, cada jubilación de un burócrata debería implicar la amortización de su puesto.

Pero hoy les quiero mostrar otra lacra que tiene nuestro sistema y que afecta tanto a las Administraciones Públicas como a las empresas privadas, donde entre todos ya suman un coste, en los últimos ocho años y medio, de 115.091 millones de euros.

Desde 2018, el gasto de la Seguridad Social ha aumentado un 56,2 %, pero el coste de las bajas laborales se ha disparado un 146,0 %. La incapacidad temporal crece 2,6 veces más, en términos relativos, que el conjunto del gasto del sistema.

Estamos ante uno de los principales problemas que afectan hoy a los trabajadores. Si todas las bajas correspondieran a empleados públicos, los 115.000 millones reflejarían su coste total. Sin embargo, una parte sustancial procede del sector privado. Además, las empresas asumen otros gastos como los días de baja que legalmente les corresponden, los complementos previstos en los convenios, las sustituciones, la pérdida de producción y otros costes asociados. La Cepyme y su presidente Ángela de Miguel, sitúan solo el coste directo en torno a los 33.000 millones de euros en 2025, de los cuales al sector empresarial le corresponden 17.000 millones. Como esta cifra no procede de la Seguridad Social, habría que añadirla cada año al gasto correspondiente, para saber además de lo que pagamos con impuestos, lo que se paga por las empresas.

No se puede tratar igual a todos, pero tampoco se pude mantener esta salvajada de gasto porque un día lo pueden llegar a pagar justos por pecadores

Para que tengamos una idea clara de cómo está evolucionando este problema, que le está costando mucho dinero al año a la Seguridad Social, he preparado esta tabla, con los datos que publica la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones:

La verdad es que, al ver las cifras así, año a año, es cuando uno se da cuenta de que este un proceso cancerígeno que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, que ha ido infectando a la capa trabajadora y que va a necesitar más de una medida para solventar las metástasis, que se ha ido extendiendo por todo el sistema.

En 2018 necesitábamos pagar 7.485 millones de euros, que suponía un 4,9 % del total del gasto del sistema de la Seguridad Social. El coste, en valor absoluto, de la Incapacidad Temporal no ha parado de subir año a año y ha llegado en 2025 a sumar 18.413 millones, lo que supone un incremento del 146 %. Parte de ese gasto podría ser por la entrada de nuevos trabajadores al sistema, pero cuando los gastos del sistema, que son mucho más altos que los ingresos como ya hemos visto en varias ocasiones, el problema no proviene por ese incremento, porque los gastos en ese período, que crecen más que los ingresos, llegan a los 240.169 millones de gasto. Dicha cifra lo que nos dice es que los gastos han crecido un 56,2 %.

La cifra de cierre de 2025 nos lleva a que la ILT suponga ya el 7,7 % de los gastos totales del sistema, 2,8 puntos porcentuales más que en 2018.

Tenemos ya datos a cierre de julio y el coste de las bajas se ha ido, en los siete primeros meses del año, a los 11.160 millones, lo que supone un 8,9 % más que el año pasado, lo que nos podría llevar a cierre de 2026 a una cifra que superaría, por primera vez, un coste impensable hace una década, que significaría sumar 20.051 millones. Si llegamos a esa cifra el incremento se habrá ido en 9 años a un 168 %.

De nuevo estamos ante una situación que necesita de medidas claras y concretas, pues no es lo mismo un accidente de trabajo, que una baja por una infección pulmonar, que una depresión porque te ha dejado la novia, como escuché hace poco.

No se puede tratar igual a todos, pero tampoco se pude mantener esta salvajada de gasto porque un día lo pueden llegar a pagar justos por pecadores, por lo que quizá haya que reducirles el porcentaje de cobertura y el tiempo de la misma.

Este es otro marrón que le va a quedar al PP y Vox cuando lleguen al Gobierno y que les puede llegar en un momento de crisis de las finanzas públicas y que sea mucho más duro de resolver.