«Hay muchas ONG que no quieren trabajar en Ceuta a pesar de que perciben por cada inmigrante más de 100 euros al día»

Está a punto de cumplirse un mes, aunque a los ceutíes les parezca un año por la pesadilla que están viviendo. El Gobierno aprobaba el 1 de septiembre un plan de choque de 309 millones de euros para Ceuta, de los que 118 corresponden a la acogida humanitaria de los inmigrantes ilegales. En concreto, 53,4 millones para el alojamiento y la atención básica de los adultos y 63,6 para la acogida de los menores no acompañados. En el artículo 29 del Real Decreto-ley 22/2026 figuran una subvención directa de 550.000 euros para Save the Children y otra de 160.000 euros para ACNUR. Pero es la excepción que confirma la regla, porque el artículo 20 contempla 39,52 millones de euros para el «concierto social de atención humanitaria y protección internacional». Un cajón de sastre donde entran contratos, conciertos y suministros que pueden ser gestionados por entidades privadas o por entidades del tercer sector.

«El problema es que el Gobierno empezó diciendo que se habían quedado en Ceuta 2.500 personas, cuando la última cifra que han dado son 10.000 y hay fuentes que hablan del doble. Solo los que están en el Trampolín y las playas aledañas ocupaban más de kilómetro y medio de litoral hasta que ayer los que estaban en Benítez fueron trasladados a los terrenos del Guano. Las entidades humanitarias que operan en la ciudad autónoma no dan abasto, pero ya no es fácil encontrar organizaciones que quieran meterse en ese avispero. Y menos aún después de lo que pasó hace dos domingos con la navarra Negu Gorriak/Derecho a Techo, incidentes en los que se vio envuelta por error hasta una diputada caballa». Las declaraciones corresponden a una abogada especialista en el Tercer Sector que observa con preocupación la crisis reputacional que sufren las ONG en Ceuta: «Los ciudadanos consideran que son terminales de Pedro Sánchez que han recibido el encargo de cuidar a los migrantes para que se queden en la ciudad autónoma sine die. Y luego hay activistas que se han hecho famosos en los medios o en las redes sociales, que refuerzan la idea de que muchas organizaciones se rigen por criterios más ideológicos que técnicos. El deterioro de la imagen del Tercer Sector puede conducir a una caída de las donaciones a nivel global».

Sea como fuere, ni el Gobierno de la Nación ni el de Vivas pueden prescindir de estas entidades para los repartos de comida, la asistencia a las personas más vulnerables o las garantías de protección de la infancia.

Ceuta ostenta la tutela de más de 2.000 menores no acompañados desde antes de la invasión, a pesar de que la Ley establece el tope máximo de contingencia migratoria en un total de 90 niños y adolescentes

Sobre este último punto, la Ciudad ostenta la tutela de más de 2.000 menores no acompañados desde antes de la invasión, a pesar de que la Ley establece el tope máximo de contingencia migratoria en un total de 90 niños y adolescentes. Y hay dos ONG que resultaban adjudicatarias del último contrato resuelto a principios de septiembre: la Fundación SAMU y Engloba. El montante de la licitación ascendía a 7,9 millones de euros, fijando el precio en 109,91 euros diarios por plaza ocupada y 65,95 euros por plaza desocupada.

Es dinero, pero la cantidad resulta modesta si se compara con los 44,5 millones dedicados a la «prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes» que anunció la ministra Elma Saiz durante su comparecencia en la Comisión correspondiente del Congreso a finales de agosto.

La transparencia debería ser el principio fundamental de todas las ONG. Ojalá lo que está pasando con ellas en Ceuta sirva como revulsivo para hacer las cosas mejor también en el resto de España

«Ni mucho menos esos 44 millones van a parar a Cruz Roja, Luna Blanca, Accem, Elín, Cepaim, Sur Acoge y al resto de organizaciones que trabajan físicamente en Ceuta, ya sean locales, nacionales e internacionales. La ministra se equivocó al no detallar el destino de las diferentes partidas, ya que eso ha alimentado la desconfianza en las ONG», dice la fuente aludida, que prefiere permanecer en el anonimato para evitar represalias.

«El problema es que llueve sobre mojado porque la falta de transparencia sigue siendo el talón de Aquiles de las organizaciones no gubernamentales. Aunque tienen la obligación de presentar cuentas anualmente y colgarlas en su web, en ocasiones, la fiscalización de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) deja bastante que desear por el sesgo ideológico. Al final, muchas entidades manejan presupuestos importantes provenientes de las administraciones sin tener un departamento financiero profesional que controle el gasto. Un ejemplo es el dinero despilfarrado en poderes notariales cuando las personas fallecen tras hacer un testamento solidario y una parte de su patrimonio pasa a una ONG. Mi experiencia me dice que muchas veces no se contrata a los empleados más preparados, sino a los más baratos. O a los que son de la cuerda».

La titular de la sección 6 del Tribunal de Instancia e Instrucción de los Juzgados de Ceuta, María Luz Lozano, ha abierto una investigación para dilucidar si algunas asociaciones humanitarias han proporcionado explosivos caseros a los inmigrantes ilegales que entraron durante la invasión. La querella, que firma Hazte Oír, incluye un repaso por las entidades con campañas en la ciudad financiadas con fondos públicos. La atención humanitaria de emergencia, recuerdan sus autores, se activó con una declaración inicial de 6,5 millones de euros en favor de Cruz Roja Española, y el crédito general del sistema se amplió el 28 de agosto de hasta los mencionados 44,5 millones de euros.

Lozano, que es la jueza que acordó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la investigación sobre el papel del delegado del Gobierno en la invasión y que ahora instruye la magistrada María Tardón, tiene fama de meticulosa. Por eso cabe esperar que vaya más allá del oscuro asunto de los explosivos. Porque la transparencia debería ser el principio fundamental de todas las ONG. Ojalá lo que está pasando con ellas en Ceuta sirva como revulsivo para hacer las cosas mejor también en el resto de España.