El Sindicato de Inquilinas, la organización cercana a Bustinduy que marca la agenda del Gobierno en vivienda: «Es el zorro en el gallinero»

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa de Madrid, se ha convertido en uno de los casos con mayor repercusión mediática de los últimos años. En plena crisis migratoria de Ceuta, el gobierno ha aprovechado la movilización para devolver la vivienda al centro de la agenda política. Las protestas han estado perfectamente coordinadas por el Sindicato de Inquilinas, una organización fundada por el entorno cercano al actual ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.

La organización fue milimétrica. Lo que comenzó con un llamamiento para blindar el portal de la anciana en la calle Alcalde Sáinz de Baranda dejó paso a una sucesión de declaraciones en los medios y a las impactantes imágenes de la Policía entrando en la vivienda. Cerca de 300 personas, convocadas por la organización, llegaron a pasar la noche en el edificio y sus alrededores para tratar de impedir un desahucio que finalmente se ejecutó el miércoles. Maricarmen salió de su casa en camilla y fue trasladada en una ambulancia del Samur al Hospital Gregorio Marañón.

Desde el hospital, Maricarmen difundió a través de la organización un vídeo en el que pedía a los ciudadanos que continuaran movilizándose: «No ha podido ser, pero por favor luchad». El mensaje fue la antesala de la manifestación convocada el sábado en Madrid, que reunió a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno y a 300.000 según los organizadores. Al finalizar la marcha, el propio sindicato llamó a los asistentes a permanecer en la Puerta del Sol, donde centenares de personas levantaron una acampada para exigir al Ejecutivo la aprobación del denominado «decreto Maricarmen».

En las protestas se vieron varios de los rostros habituales, como Valeria Racu, Alicia del Río, Fernando de los Santos o Carolina Vilariño. Se trata, sin embargo, de portavoces dentro de una estructura más compleja y no especialmente transparente. La Asamblea de Afiliadas se reúne una vez al año y decide las líneas estratégicas de la organización, mientras que las Plenarias tienen carácter bimestral y reúnen a quienes participan en las distintas secciones, nodos, comisiones y grupos de trabajo. Por encima de la actividad cotidiana se encuentra un Grupo de Coordinación formado por dos personas de cada comisión y nodo, encargado de poner en común lo que ocurre en cada espacio y velar por que los acuerdos adoptados salgan adelante.

El sindicato se organiza por barrios, pero también en función de los propietarios contra los que mantiene abiertos distintos conflictos. Cuenta con nodos en diferentes zonas de Madrid y con secciones sindicales específicas para Sareb, Nestar/Azora o Blackstone. A ellas se suman tres grandes comisiones –Organización, Acción Sindical y Comunicación–.

Su financiación procede principalmente de las cuotas de sus miembros y no recibe subvenciones públicas, aunque también obtiene ingresos mediante donaciones y colaboraciones remuneradas en charlas o talleres. El 10 % de sus ingresos se destina a una caja de resistencia para afrontar multas, acciones legales colectivas y otros imprevistos, mientras otra parte se utiliza para pagar los salarios de sus trabajadores.

Herederos de la PAH

Pero, ¿quién está en realidad detrás de este sindicato? El movimiento inquilino organizado nació prácticamente al mismo tiempo en Madrid y Barcelona. El 12 de mayo de 2017 se presentó públicamente el Sindicat de Llogateres en Barcelona y ese mismo día está fechado el manifiesto fundacional del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Ambas organizaciones recogieron el testigo de los movimientos por la vivienda que habían surgido durante los años anteriores, especialmente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), fundada, entre otros, por Ada Colau.

Uno de los fundadores del Sindicat de Llogateres es Jaime Palomera, doctor en Antropología Económica por la Universidad de Barcelona y cofundador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), donde actualmente dirige el área de Vivienda y Ciudad. Autor de El secuestro de la vivienda, ha colaborado en varias ocasiones en programas de televisión. Palomera mantiene, además, una estrecha amistad con Pablo Bustinduy.

Entre los fundadores del Sindicato de Inquilinas madrileño destaca Javier Gil. Sociólogo e investigador del CSIC, trabajó como investigador posdoctoral en el Institute for Housing and Urban Research de la Universidad de Uppsala, en Suecia. En marzo publicó Generación inquilina: un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad, un libro en el que desarrolla buena parte de las tesis que ha defendido durante años sobre el alquiler y el acceso a la vivienda.

Ideólogo de Consumo

Gil es, además, autor y coordinador de los tres informes que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado este año dentro de la serie Vivienda, Consumo y Desigualdad, concebida para aportar información que pueda utilizarse en el «diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas».

El primero resulta significativo. Bajo el título Un mercado dominado por multiarrendadores, considera «multiarrendador» a cualquier particular que tenga dos o más viviendas destinadas al alquiler. Con esa definición concluye que el 52,8 % de las viviendas arrendadas por particulares está en manos de propietarios con dos o más inmuebles, frente al 47,2 % correspondiente a quienes alquilan solamente uno.

El estudio amplía después el cálculo incorporando empresas, fondos y vivienda pública y concluye que alrededor del 61 % del mercado se encuentra en manos de «multiarrendadores particulares y personas jurídicas», mientras que el denominado pequeño casero –definido exclusivamente como aquel que alquila una vivienda– controla aproximadamente el 39 %. Los propios autores reconocen que este segundo cálculo constituye una «aproximación técnica» ante la ausencia de una radiografía oficial completa y que puede estar sujeto a cierto margen de error.

El matiz es importante, ya que «multiarrendador» no equivale a «gran tenedor». En otro informe de la misma serie, también coordinado por Gil, los propios autores reservan la expresión «grandes tenedores» para quienes poseen más de diez inmuebles. El Ministerio, sin embargo, hizo suyo el término del primer estudio y difundió la conclusión de que el 61 % del alquiler se encontraba en manos de «multiarrendadores particulares y personas jurídicas».

«Es como poner al zorro al frente del gallinero», señalan fuentes del sector inmobiliario, que denuncian que el Ministerio de Consumo utiliza los informes de Gil para defender una mayor intervención en el mercado. «Es una red con un pie en el Gobierno y otro en la calle; forma parte de una estrategia cuyo nexo es Sumar, concretamente el entorno de Bustinduy», agregan.