José María Figaredo (Vox): «El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado»

José María Figaredo (Gijón, 1988) se ha convertido en uno de los diputados más incisivos en contra del Gobierno de Sánchez. Tras la salida de Iván Espinosa de los Monteros, le tocó ocuparse de los temas económicos de Vox. En esta entrevista hablamos sobre ello: sobre cómo ve que lo está haciendo el Gobierno en materia de vivienda, por ejemplo, y sobre cómo lo haría Vox. Y en esa línea, hablamos sobre empleo, pensiones, y tantas otras cuestiones económicas que interesan a los españoles.

–Las medidas en materia de vivienda del Gobierno, ¿qué sensación le transmiten y qué impacto podrían tener en el mercado?

–Todas las medidas que plantean van a resultar terroríficas. Por un lado, nos hablan de estímulos económicos para la compra y de subvenciones a una parte del precio de adquisición, lo cual va a provocar un aumento directo de la demanda al permitir que personas que antes no podían acceder, de repente intenten hacerlo. Por otro, aplican medidas restrictivas a los desahucios de okupas y fijan límites legales al aumento de los precios del alquiler. Esto provocará que aquellos inmuebles que requieran cierta rentabilidad salgan del mercado, reduciendo la oferta. Al combinar de forma conjunta incentivos a la demanda con la contracción de la oferta, la conclusión obligada es que los precios van a subir.

Los precios de la vivienda van a seguir subiendo

–¿Cuál es la situación en aquellos lugares donde más se han aplicado este tipo de políticas?

–Barcelona es probablemente la ciudad de España donde se han aplicado con mayor virulencia y exhaustividad las medidas defendidas por la izquierda, y el resultado ha sido que el mercado de la vivienda se ha roto. No es solo que se hayan disparado los precios, es que el mercado ha colapsado y ya no se encuentran pisos en alquiler. Un piso en alquiler recibe 2.000 solicitudes de visita en tan solo una hora. Ya no existe un mercado transparente donde casen la oferta y la demanda; ahora todo se vende o se alquila a través de contactos y conocidos, un mercado imperfecto que impide el acceso a la vivienda al trabajador medio español.

–Al calificarlo como un problema de oferta, ¿qué medidas proponen ustedes para incrementarla?

–Decir que se trata únicamente de un problema de oferta es una simplificación; es un problema simultáneo de oferta y de demanda. La España de Pedro Sánchez ha articulado un modelo económico cuyo único crecimiento se basa en incorporar nuevas unidades de trabajo mediante la inmigración. Esto genera un incremento del PIB total que sirve para maquillar las cifras macroeconómicas, pero que no se traduce en un crecimiento del PIB per cápita, ya que quienes ingresan perciben rentas y salarios inferiores a la media nacional. A esto se suma un aumento desmesurado de la población, que ronda ya los 50 millones de habitantes. Desde que gobierna Pedro Sánchez en 2018, han entrado en España unos 7,8 millones de personas —neto es menos, porque algunos se van—, lo que supone una presión enorme sobre los consumos básicos y sobre la vivienda. Frente a esta demanda disparada, la construcción de obra nueva para venta crece a pasos diminutos (unas 90.000 viviendas al año, insuficientes para cubrir las necesidades), mientras que la oferta de alquiler decrece. Las leyes aprobadas sobre el alquiler, la restricción para expulsar a okupas y el tope legal a la actualización de rentas han provocado que la oferta disponible en portales inmobiliarios haya caído un 50 % en cinco años. La consecuencia inevitable es la subida de precios.

La primera medida para solucionar el problema de la vivienda es controlar la invasión migratoria

–Frente a propuestas de otras formaciones políticas como una nueva ley del suelo, una ley antiokupación o rebajas fiscales a jóvenes, ¿cuáles son los ejes principales de su programa?

–Nuestras propuestas se estructuran en varios bloques. El primer punto es asumir que la invasión migratoria a la que está sometida España empuja la demanda de forma brutal. Por tanto, lo primero que se debe hacer es controlar los flujos migratorios. El segundo paso es ejecutar un proceso de remigración rápido y agilizado para los inmigrantes en situación ilegal, los que hayan cometido delitos, los que se nieguen a integrarse imponiendo su cultura y aquellos que viven de subsidios públicos.

Superada esa premisa, las medidas de Vox se dividen en medidas para el alquiler a corto plazo, como ofrecer seguridad jurídica total mediante una ley que garantice la recuperación inmediata de la posesión; medidas para la edificación y compra de obra nueva, incluyendo simplificar la normativa urbanística para reducir el plazo medio actual de 15 años necesarios para transformar el suelo en finalista listo para construir o incrementar la altura de los edificios existentes; y prioridad nacional y fiscalidad diferenciada: la vivienda social debe destinarse prioritariamente a los españoles bajo el criterio de prioridad nacional. Por la parte de abajo, en el acceso a la vivienda social financiada con fondos públicos, los inmigrantes obtienen ayudas y caminos expeditos mientras los españoles quedan relegados. En la parte alta proponemos una fiscalidad diferenciada: que las fortunas extranjeras que adquieran vivienda en España paguen impuestos superiores.

–En cuanto al problema de la okupación, ¿qué solución plantean y qué volumen de inmuebles estiman que permanecen fuera del mercado por esta causa?

–La solución a la okupación pasa por garantizar de forma tajante la restitución inmediata del inmueble al propietario en el momento en que se produzca un impago, un incumplimiento de contrato o el vencimiento del plazo, aportando plena certeza jurídica. Esto permitirá que muchísimos pisos retirados vuelvan al mercado, elevando la oferta y reduciendo los precios.

La solución a la okupación pasa por restituir de manera inmediata el inmueble al propietario

–Pasando a otro bloque económico, la inflación se sitúa en cotas elevadas del 4,9 %, mermando el poder adquisitivo de los ciudadanos. El Gobierno sostiene que sus intervenciones han ayudado a contener los precios. ¿Cuál es su postura?

–Preguntado el miércoles sobre este asunto, el ministro únicamente justificó los datos en los conflictos de Irán y Ucrania. Sin embargo, los datos oficiales del pasado martes sitúan a España como el país de toda la OCDE con el mayor dato de inflación, superando a naciones como Colombia o México. Las causas reales derivan de las políticas gubernamentales: en primer lugar, un incremento de la presión fiscal brutal. En segundo lugar, el modelo económico centrado en el crecimiento de la población mediante inmigración estimula el consumo de 50 millones de habitantes sin fortalecer los sectores productivos de alto valor añadido, habiendo destruido la industria y el sector primario nacional.

Las causas reales del aumento de la inflación derivan de políticas gubernamentales

–El Ejecutivo señala que el aumento de la recaudación tributaria se debe al crecimiento del PIB...

–Esa justificación es objetivamente falsa. Si el aumento recaudatorio fuera reflejo de una inflación sin crecimiento económico real, la proporción de la recaudación sobre la base monetaria se mantendría constante y no implicaría una mayor presión fiscal. Pero la Comisión Europea señala explícitamente que ha aumentado la presión fiscal real sobre el PIB. Los propios datos del Ministerio de Consumo confirman un desplome en el consumo de alimentos frescos mientras se incrementa el consumo de productos de menor valor nutricional como pasta, arroz y aceite de girasol.

–¿Qué opinión le merecen las rebajas fiscales aplicadas al combustible y a los productos energéticos?

–Son medidas ridículas por su carácter parcial y temporal. Lo que se necesita es una reducción drástica y permanente de los impuestos a la energía, eliminando o reduciendo el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA correspondiente, que actualmente incurren en una doble imposición fiscal.

–La revalorización de las pensiones conforme al IPC eleva sustancialmente el gasto público en un contexto de envejecimiento de la población. ¿Qué plantean al respecto?

–El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. En 1998, la comisión del Pacto de Toledo diagnosticó con precisión las debilidades del sistema, y en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora. La solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos. Por otra parte, el nivel de deuda pública es insostenible. Aunque el Gobierno maquille la cifra en relación con un PIB inflado temporalmente por el consumo, el gasto público y los fondos europeos, en cuanto el modelo económico se agote y el PIB caiga, la deuda devorará las cuentas públicas en un contexto de tipos de interés al alza. El gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética constituirán graves condicionantes en el futuro.

La solución a las pensiones que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, tal como han hecho con éxito otros países europeos

–En materia energética se implementaron medidas como la excepción ibérica. ¿Cómo evalúa el diseño y funcionamiento del sistema eléctrico?

–Son parches menores que no resuelven la estructura del sistema. Nos han vendido que la eólica y la fotovoltaica nos hacen independientes del exterior, pero si analizamos el consumo energético global de España, la mayor parte depende de combustibles fósiles. La eólica y la fotovoltaicas representan únicamente el 15 % del consumo energético total de España, por lo que es falso que nos aíslen de las fluctuaciones internacionales. Para minimizar ese impacto, debemos explotar nuestros recursos de hidrocarburos y reforzar la red eléctrica de distribución.

Suprimiendo únicamente las subvenciones superiores a 100.000 euros al año se obtendrían los fondos para financiar la reforma del IRPF que propone Vox

–Respecto a la contención del gasto público, ¿en qué cuantía estiman el ahorro posible y de qué partidas procedería? ¿Siguen apostando por recortar en las comunidades autónomas?

–El margen de recorte del gasto público es enorme. En los Presupuestos Generales de 2024 se contemplaban 52.000 millones de euros en subvenciones directas. Suprimiendo únicamente las subvenciones superiores a 100.000 euros al año se obtendrían los fondos para financiar la reforma del IRPF que propone Vox. Nuestra propuesta plantea un sistema simplificado con un mínimo exento de 22.000 euros y dos tramos únicos: un 15 % hasta los 70.000 euros de renta y un 25 % para importes superiores, sin deducciones ni bonificaciones. El coste de esta medida, cuantificado por el propio Gobierno, asciende a 46.000 millones de euros, lo que dejaría miles de euros en el bolsillo de cada contribuyente.

En cuanto a las comunidades autónomas, el 60 % del presupuesto estatal financia servicios fundamentales como Sanidad, Educación, Justicia y Dependencia, pero el 40 % restante se destina a gastos prescindibles que pueden recortarse. En Extremadura, donde participamos en el gobierno autonómico, se están tramitando reducciones fiscales para situarla al final de la legislatura como la región con los impuestos más bajos en los cuatro primeros tramos de renta, por debajo de Madrid.

–Acabamos hablando de empleo. Industrias españolas fuertes como la automoción están bajo una seria amenaza. Y en cuanto al empleo en general, el Gobierno suele referirse al crecimiento en afiliaciones a la Seguridad Social, no en afiliados. Tampoco contabilizan los más de 800.000 fijos discontinuos en periodo de inactividad. ¿Qué balance hace?

–La regulación europea en la automoción impone penalizaciones económicas a la fabricación de motores de combustión que actúan como nuevos impuestos a la producción comunitaria. Al mismo tiempo, se favorece la importación de coches eléctricos chinos subvencionados y se facilita que empresas chinas adquieran plantas en España para ensamblar vehículos semiterminados con producción, patentes y mano de obra china, incluso financiadas con fondos europeos, como la fábrica de baterías de Navalmoral, que aún no ha arrancado, o los parques fotovoltaicos de Soria o Salamanca, promovidos con capital chino. Esto destruye la industria europea.

Respecto al mercado laboral, el empleo creado es de baja calidad y con salarios reducidos: el 75 % de los trabajadores cobra igual o menos de dos veces el SMI, situándose el salario más frecuente en 16.000 euros anuales. Las cifras oficiales enmascaran el desempleo real al no incluir a los fijos discontinuos inactivos y contabilizar pluriempleos como múltiples afiliaciones. Además, los microdatos del primer semestre indican que el 85 % del empleo neto generado ha sido ocupado por población extranjera. El trabajador español se encuentra acorralado por los bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, la imposibilidad de acceder a una vivienda y la destrucción del tejido industrial.

–Queda por delante una labor compleja para el próximo periodo.

–Hay muchísimo trabajo por hacer y de gran complejidad.