El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi
CEOE y Cepyme ven «inadmisible» la huelga por la vivienda convocada por la presión del Sindicato de Inquilinas
La consideran «una medida de presión» en un momento «difícilmente justificable» por la convocatoria electoral
La CEOE y Cepyme cuestionan la huelga por la vivienda convocada por Comisiones Obreras y UGT tras la presión del Sindicato de Inquilinas. En un comunicado afirman que no tiene encaje laboral y la califican de «inadmisible».
Las organizaciones empresariales consideran el paro, anunciado para este otoño, «una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y presupuestarios». Una iniciativa, añaden las organizaciones, «difícilmente justificable» cuando los ciudadanos están llamados a las urnas.
A continuación, el comunicado completo
Con la información disponible en estos momentos, CEOE y CEPYME quieren advertir de que la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios este lunes, horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda.
Son éstas cuestiones cuya responsabilidad y competencia son de la Administración y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas. Dicho de otro modo, las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral.
Por ello, CEOE y CEPYME consideramos inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión.
Por otro lado, en un momento en el que los ciudadanos están llamados precisamente a pronunciarse sobre estas cuestiones en las urnas el próximo 29 de noviembre, resulta difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática.
En todo caso, insistimos en que la información conocida hasta el momento no permite realizar una valoración definitiva –especialmente, sobre su encaje jurídico-, dado que la convocatoria está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido legalmente.