Una persona sacando dinero de un cajero
Cuentas sin movimiento: ¿cuándo se queda el dinero el Estado?
Antes de que esto ocurra se avisará a los titulares o a los herederos de los mismos si estos han fallecido
Cuando depositamos dinero en una cuenta bancaria, tenemos la tranquilidad de que todo lo ingresado es nuestro y de que nada podrá cambiarlo. Sin embargo, la normativa contempla algunas excepciones por las que ese dinero puede acabar pasando a manos del Estado. Entre ellas se encuentra la de las cuentas abandonadas: según el artículo 18.1 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, pasan a la Administración General del Estado los saldos en los que el titular no haya realizado ninguna gestión que implique el ejercicio de su derecho de propiedad durante 20 años.
Según este texto, corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás muebles depositados en la Caja General de Depósitos, así como en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro y otros instrumentos similares sin gestión del interesado en dos décadas.
Por otro lado, el apartado 3 de este mismo artículo 18 obliga a los bancos a comunicar estos saldos a Hacienda.
Un aviso con tres meses de antelación
El plazo de inactividad comienza no desde que se abre la cuenta, sino desde la última gestión de titularidad. Eso sí, antes de que el Estado se quede con el dinero de las cuentas, los bancos tienen la obligación de avisar a los titulares de que, si no realizan movimientos o especifican que no desean que los fondos se pierdan, transferirán el dinero al patrimonio de la Administración.
Tal y como recoge el Banco de España en su página web, en los últimos tres meses el banco debe notificar «el vencimiento del plazo de la cuenta» a los titulares vivos o, en su caso, a los herederos de la cuenta bancaria. Si no hay respuesta, afirma el BdE, «los fondos se transfieren al Tesoro Público» con el objetivo de «prevenir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal y evitar que los fondos se pierdan».