Registro horario y subida del SMI: Yolanda Díaz apura sus últimas balas antes de las elecciones del 29N

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha dejado a Yolanda Díaz menos de dos meses para tratar de sacar adelante parte de la agenda laboral que todavía tenía pendiente. El Ministerio de Trabajo conserva margen para aprobar el nuevo registro horario pese a la disolución de las Cortes y pretendía comenzar este mismo mes los trabajos para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027. Otras reformas, sin embargo, quedarán paralizadas con el final anticipado de la legislatura.

La medida que tiene más posibilidades de llegar a tiempo es la reforma del registro horario. El Gobierno decidió tramitarla mediante Real Decreto, por lo que puede ser aprobada directamente por el Consejo de Ministros sin necesidad de una posterior convalidación por parte del Congreso o de la Diputación Permanente.

Hace apenas unos días, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confiaba en que durante octubre quedara despejado definitivamente el camino para llevar la reforma al Consejo de Ministros.

El nuevo sistema pretende convertir el registro horario en digital y hacerlo accesible para la Inspección de Trabajo, con el propósito de reforzar el control sobre el tiempo efectivo de trabajo y las horas extraordinarias no pagadas o los excesos habituales de jornada.

La reforma recibió un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, lo que ha obligado a Trabajo a dedicar los últimos meses a modificar el texto, también junto al Ministerio de Economía, para tratar de adaptarlo a sus requerimientos.

Pérez Rey aseguró recientemente que ese trabajo podía ya «darse por concluido» después del esfuerzo realizado para superar las objeciones planteadas. Los cambios han incidido, entre otras cuestiones, en la protección de datos y en conceder un mayor papel a la negociación colectiva en la configuración del registro.

«Estamos en disposición ya de avanzar en la tramitación de este nuevo registro horario que tiene que ser digital, que tiene que ser accesible para la Inspección de Trabajo y que debe desterrar definitivamente las prácticas de apuntar en un folio en blanco cuándo se entra y cuándo se sale», defendió el secretario de Estado.

La fórmula escogida permite que el Ejecutivo pueda aprobar el Real Decreto incluso con las Cortes disueltas. Al contrario de lo que ocurre con los reales decretos-leyes, la reforma del registro horario no necesita ser convalidada posteriormente por el Parlamento.

La subida del SMI queda en el aire

Más incierto resulta el futuro del salario mínimo. Los planes de Trabajo antes del adelanto electoral pasaban por convocar durante este mismo mes a la comisión asesora del SMI para comenzar a preparar la subida correspondiente a 2027.

El incremento también puede aprobarse mediante Real Decreto, aunque el calendario electoral hace menos clara la posibilidad de que se decida antes del 29 de noviembre. Lo habitual sería que fuera el próximo Ejecutivo el que fijara la nueva cuantía y, si la decisión se retrasara más allá de enero, podría aplicarse posteriormente con efectos retroactivos, como ya ha sucedido en otras ocasiones.

También queda pendiente la reforma con la que Trabajo pretendía impedir que los pluses y complementos salariales absorban las subidas del SMI. El cambio iba a incorporarse a la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados, cuyo proyecto fue sometido a audiencia pública a finales de febrero y todavía esperaba informes de distintos organismos, entre ellos el Consejo de Estado.

Las reformas que se caen

La disolución de las Cortes deja en una situación diferente otras medidas. La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada como anteproyecto por el Consejo de Ministros a finales de abril, no había regresado todavía al Gobierno como proyecto de ley y ni siquiera había iniciado su tramitación parlamentaria, por lo que no llegará a aprobarse antes de las elecciones.

Tampoco verá la luz por la vía que estaba siguiendo la reforma del despido con la que Trabajo pretendía adecuar la legislación española a las exigencias de la Carta Social Europea. El Ministerio estaba elaborando una propuesta después de recibir las primeras aportaciones de los sindicatos y con la oposición de la patronal CEOE.

La transposición de la directiva sobre transparencia retributiva conserva alguna posibilidad de salir adelante si el Consejo de Ministros la aprueba mediante Real Decreto. Trabajo tenía prácticamente cerrados sus elementos principales, aunque todavía estaban pendientes distintos informes. El plazo establecido por Bruselas para incorporar la directiva al ordenamiento español terminó el pasado 7 de junio.

Con la disolución de las Cortes quedarán paralizadas además las normas que ya se encontraban en tramitación parlamentaria. Entre ellas figuran el Estatuto del Becario, la reforma para permitir la jubilación anticipada sin penalización a trabajadores con más de 40 años cotizados y las bonificaciones en las cuotas empresariales para los empleadores de Ceuta y Melilla.