Simplificación administrativa: menos trámites y menores tiempos de espera

La demanda ciudadana de simplificación en los trámites administrativos y la promesa de lograrla por parte de los políticos son dos lugares comunes. Llevarla a la práctica es ya otra cosa incluso en este tiempo trepidante de digitalización y desarrollo de la IA. La complejidad en los trámites es un tipo particular de impuesto por las cargas administrativas, tiempo y dilaciones que suponen para ciudadanos y empresas. Así las cosas, el principio inspirador de toda simplificación es simple; disminuir los tiempos de tramitación sin abrir huecos por donde se cuele la ilegalidad. En Andalucía acaba de ponerse en marcha la acción simplificadora con la expectativa añadida de que su éxito o fracaso computará en el socio de gobierno, Vox, que hasta ahora no había asumido función ejecutiva en ningún gobierno de esta región.

Si vamos directamente a lo mollar de esta iniciativa, una primera actuación es la revisión del silencio administrativo desestimatorio. De manera transversal a toda la administración regional esto se traduce en revisar las comunicaciones previas con los administrados, autorizaciones, acreditaciones e inscripciones registrales en las que actualmente la falta de resolución expresa implica una respuesta negativa por parte de la Administración.

Las consejerías ahora deberán valorar en qué casos puede sustituirse este régimen por silencio estimatorio o positivo, comenzando por los procedimientos de concesión de autorizaciones administrativas. La primera barrera a superar es la de lograr la cooperación activa del resto de las consejerías que están en manos del PP. No sería la primera vez que el socio de gobierno mayoritario intenta fagocitar al otro saboteando sus actuaciones. Si esta barrera se supera, el cambio resultará importante desde la perspectiva de los retrasos, ya que allí donde resulte jurídicamente posible, el ciudadano o la empresa dejaría de soportar indefinidamente las consecuencias negativas de que la Administración no resuelva dentro del plazo establecido. En la práctica esto obliga a que la revisión de los procedimientos en trámite se ejecute entre octubre de 2026 y septiembre de 2028. Todo lo que rebase este plazo, será un mal resultado; hay que dejar las cosas claras.

El segundo hito sobresaliente de esta determinante iniciativa consiste en el rediseño de los propios procedimientos administrativos. La revisión comenzará por la denominada Familia 1 del Catálogo de Procedimientos y Servicios que incluye a las comunicaciones previas, autorizaciones, acreditaciones e inscripciones registrales. Aterrizándolo al nivel del ciudadano esto implica aplicar eficazmente cuatro criterios muy concretos; reducir términos y plazos, fomentar declaraciones responsables y comunicaciones en sustitución de controles previos cuando sea posible –esto es crucial–, reducir la documentación y los requisitos exigidos y revisar la necesidad de los informes preceptivos y facultativos. Si esto se logra se conseguirá acabar con no pocos de los elementos que prolongan hoy los expedientes, es decir, la sucesión de trámites, petición de documentación, informes intermedios y controles administrativos previos.

Sigamos escrutando la hoja de ruta puesta sobre la mesa por Vox. Esta incluye la depuración del propio Catálogo de Procedimientos y Servicios. En definitiva, cada Consejería deberá comprobar que sus procedimientos están correctamente incorporados, identificar omisiones, duplicidades o procedimientos desactualizados, actualizar su información y corregir las incidencias detectadas. De nuevo tenemos aquí el riesgo del boicot interno pero también la claridad del plazo establecido para evaluar si esto se cumple o no pues el calendario de cumplimiento va desde ya, octubre de 2026, a marzo del año próximo. Un cronograma muy ambicioso.

Desde un punto de vista más técnico y alejado del ciudadanos y las empresas, pero para nada menos importante, el plan de simplificación enfrenta el reto de reducir la complejidad y dispersión normativa. El diagnóstico de partida contabilizaba 16.460 disposiciones algunas en vigor desde 1979, sin embargo otras muchas, 5.447, estaban derogadas pero conviviendo con normas vigentes, parcialmente derogadas, inoperantes o en situación técnica de vacatio legis. La estrategia elegida ha sido la de establecer criterios homogéneos de derogación para que, tras la actualización, se integren funcionalmente los diferentes repositorios normativos para disponer de una base normativa única y coherente. Los impulsores del plan no han ahorrado elogios en reconocer la colaboración y profesionalidad con la que han contado del personal técnico de la Administración regional, sea cual fuere su ideología. Es lo que se espera de un técnico pero no siempre es lo que se logra y no es mérito menor conseguir ese ambiente de trabajo.

El resumen de lo que se ha empezado es claro, menos normas innecesarias, procedimientos más sencillos, menos documentos e informes, mayor utilización de declaraciones responsables con la consiguiente reducción de plazos hasta lograr el objetivo de un menor coste de espera para ciudadanos y empresas.

La pantalla del ordenador lo aguanta todo. Ahora queda vencer el riesgo de sabotaje y, como en las obras de reforma, resolver los imprevistos que aparezcan. No será fácil pero se agradece que el calendario sea claro.

Siguen quedando muchos pelos en la gatera en la travesía de la oposición al gobierno. Uno no menor es reducir el tamaño de la Administración regional; los tan denunciados chiringuitos y el traslado de su ahorro al bolsillo ciudadano de forma tangible en forma de menos impuestos bajo control regional. Habrá que estar a las decisiones que se tomen en ese sentido y, también al calendario de su cumplimiento. Las palabras convencen pero los hechos, arrastran.