El Gobierno legisla contra la vivienda, contra el Parlamento y contra la Constitución

El Consejo de Ministros del pasado martes, 6 de octubre, aprobó, de nuevo, dos Reales Decretos-ley para intervenir el mercado de la vivienda con la intención –se supone– de aliviar la tensión, rebajar el precio de los alquileres, e incrementar la oferta.

Al menos así justifica su aprobación en una interminable exposición de motivos que ocupa 27 páginas del BOE. Esta está lleno de tópicos –la voracidad del mercado inmobiliario ha convertido la vivienda en un activo financiero–, generalidades –la situación obliga a una intervención urgente por parte de los poderes públicos en un mercado imperfecto que no se regula por sí solo– y alusiones a un consenso inexistente –se trata de un diagnóstico compartido con los principales actores del sector, desde el mundo académico hasta los expertos, administraciones y organismos internacionales–.

Pero la realidad es muy diferente. El Gobierno los aprueba por interés propio, por razones de oportunidad política, para exacerbar la confrontación entre propietarios e inquilinos, para conseguir votos en las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre y, de paso, arrinconar a sus socios de gobierno y fagocitar a los partidos de izquierda radicales, de los que ya es uno más el PSOE. Eso podemos entenderlo, ya que forma parte de la contienda política: achicar espacios al rival y llevarle al terreno que más interesa, aprobar ayudas para incautos que no llegan a quien la necesita. Pero a cambio nos jugamos mucho más.

La realidad es que el acceso a la vivienda, en propiedad o en alquiler, se ha vuelto imposible para casi todo el mundo; incluso para los muy ricos, la vivienda de lujo ya es demasiado cara.

No hay vivienda social, la protegida es insuficiente y la asequible –ese concepto que utilizamos cada vez con más frecuencia– tampoco está ya al alcance de muchos debido al elevado precio del suelo y materiales de construcción, y a las dificultades para conseguir financiación, que cada vez es más escasa y con los tipos de interés al alza.

Las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 29/2026 –el menos malo, por decirlo de algún modo– provocarán sin lugar a dudas una paralización de las inversiones en el sector inmobiliario, menor construcción de nuevas viviendas y la retirada de viviendas del mercado de alquiler para destinarlas a la venta.

Se aprueba un gravamen extraordinario del 25 % para las Socimi en cuanto no se dediquen al alquiler de vivienda asequible, y se limita hasta el 31 de diciembre de 2030 de adquirir viviendas con fines especulativos, que se concreta en un 70 % de su valor de mercado, según tasación.

Y qué decir de la suspensión de desahucios a vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, una medida de carácter extraordinario y temporal que tuvo sentido en la pandemia, y que –como tantas otras– se ha convertido en indefinida.

Todo ello se traducirá en una menor oferta, menores transacciones y, consiguientemente, una subida del precio de la vivienda, en compra y de los alquileres.

Es verdad que también incluye incentivos y ayudas, en forma de préstamos y financiación para la adquisición de viviendas. 10.000 millones de euros a través del ICO, préstamos hasta 50.000 euros a tipo de interés cero, 10 % de deducción por alquiler de vivienda habitual, ayudas para la construcción industrializada de viviendas y modificación de la Ley Hipotecaria para incluir la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento para facilitar la financiación a promotores que industrialicen la edificación de viviendas.

Pero es que, además se aprobó el Real Decreto-ley 28/2026, –el malo–, el que nos retrotrae a la más rancia legislación proteccionista franquista, la que solo contemplaba los contratos indefinidos de alquiler. Aquella legislación destrozó por completo el mercado de alquiler y hundió en la miseria a los propietarios, hasta que tuvo que un gobierno socialista aprobó el decreto Boyer en 1985, liberalizando los contratos de alquiler y la posterior modificación de la LAU en 1994. A esos tiempos nos quiere volver el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque argumenta que no se convalidará por la Diputación Permanente, hasta el punto que se difiere su entrada en vigor hasta el 15 de noviembre. Y si no se quiere convalidar, ¿por qué se ha aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE?

Con todo, lo peor no es legislar contra la vivienda, sino contra un Parlamento que apenas dos días antes había rechazado convalidar las mismas medidas contenidas en otros dos Reales Decretos-ley prácticamente idénticos, que solo se han modificado levemente para impedir que sean considerados un fraude de ley. Peor aún es legislar contra la Constitución –cuyo artículo 33 protege el derecho a la propiedad privada–, que se ve cercenada por ambos decretos sin que la función social que reconoce la Carta Magna a la vivienda ampare tamaña intervención.

Aportaré algunas medidas que debería haber aprobado el Gobierno para ayudar a combatir la grave crisis de vivienda que sufrimos, especialmente desde 2023, cuando se aprobó la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, la auténtica culpable del agravamiento de la situación:

Me parece que es mucho pedir para un gobierno en la recta de salida, que no ha hecho nada desde 2018 y al que apenas le quedan 50 días. Confiemos que en tan corto plazo no aproveche para seguir aprobando medidas que con el Parlamento abierto no habría conseguido.