Más de 4.200 pisos abandonan el alquiler y se paraliza la firma de 1.500 contratos en diez días por los decretos del Gobierno

Los decretos de vivienda han vuelto a poner en pie de guerra a los propietarios, y amenazan con recortar aún más el número de viviendas en alquiler. Por lo pronto, el 88,9 % de las agencias inmobiliarias constatan incidencias en los arrendamientos derivados de estas normativas.

Así lo refleja un estudio exprés elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). En él se señala que la principal consecuencia de este escenario ha sido la retirada de inmuebles del alquiler residencial. En concreto, en los últimos 10 días abandonaron el mercado de alquiler habitual 2.067 inmuebles; 1.224 se pusieron a la venta; y 944 se desviaron hacia otras modalidades de alquiler, como de temporada o de habitaciones.

De este modo, los datos de FAI muestran un impacto directo en 4.235 inmuebles que se retiraron o se desviaron del arrendamiento residencial, y el bloqueo de 1.523 firmas. En total, son 5.758 operaciones afectadas.

En las próximas semanas se espera una caída en el volumen de operaciones de alquiler de entre el 25 % y el 30 %, tanto por el freno en las firmas como por la retirada de viviendas del mercado y el desvío de pisos disponibles para alquiler habitual a otros usos.

En este contexto, el presidente de FAI, José María Alfaro, asegura comprender y compartir el malestar social y el clamor popular ante las crecientes dificultades para acceder a una vivienda de alquiler, el sobreesfuerzo económico que deben hacer las personas que residen de alquiler y el drama de los desahucios. No obstante, alerta de que los efectos de las decisiones en materia de vivienda que se han tomado están teniendo graves consecuencias.

Por un lado, advierte de que están poniendo en riesgo el futuro de muchas familias que se han quedado sin alquiler por la caída o retraso de firmas. Por otro lado, recuerda que las nuevas medidas, en ningún momento, han tenido en cuenta a los pequeños propietarios, la parte más vulnerable de la oferta, ya que no concretan ni garantizan al 100 % el tipo de protección en caso de impagos y queda supeditada a un laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones, que frena que sigan alquilando sus viviendas.

De hecho, considera que aprovechar la Diputación Permanente para dar soluciones parciales a un tema tan delicado y complejo como el del alquiler resulta una decisión arriesgada, ya que supone incrementar la presión y legislar de forma precipitada para un mercado al límite y sensible a cualquier cambio.

Asimismo, insiste en que el país necesita un ‘Plan Marshall de Emergencia’ de acceso a la vivienda, con criterios de urgencia y de excepcionalidad, que solo es posible con un pacto de estado entre las diferentes fuerzas parlamentarias, gobiernos autonómicos, colectivos sociales y expertos del sector, independientemente de los resultados electorales.