Pepe Álvarez y Unai Sordo, durante la presentación de la huelga general.
Los sindicatos llaman a una huelga general «heterodoxa» exigiendo una subida del SMI del 7 %, hasta los 18.290 euros al año
Pepe Álvarez y Unai Sordo reconocen el carácter excepcional de la convocatoria, centrada en la vivienda y los salarios, y dirigen sus principales críticas a las comunidades autónomas y la patronal.
Los sindicatos CCOO y UGT han presentado este martes la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, que tendrá como principales reivindicaciones el acceso a la vivienda y la subida de los salarios. Durante la rueda de prensa, sus dirigentes han evitado cuestionar directamente la política del Gobierno en materia de vivienda y han dirigido buena parte de sus críticas a las comunidades autónomas y a la patronal. Entre sus exigencias figura una subida de al menos el 7 % del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que pasaría de los actuales 1.221 euros mensuales a 1.306 euros en 14 pagas.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha explicado que la propuesta salarial responde, entre otras razones, a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. El dirigente sindical considera que la subida del 3,1 % aplicada al SMI en febrero de este año ha quedado desfasada respecto a la evolución de los precios y sostiene que incluso un incremento del 7 % sería insuficiente para situar el salario mínimo en el 60 % del sueldo medio.
Las reivindicaciones salariales no se limitarán al SMI. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha defendido incrementos de entre el 4 % y el 7 % en la negociación colectiva, con mayores subidas en los sectores peor remunerados. Ambos dirigentes han criticado también la negativa de la CEOE a sentarse a negociar un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, unas conversaciones que, según Álvarez, llevan más de un año paralizadas.
Sordo ha admitido que se trata de una huelga general «heterodoxa», puesto que este tipo de movilizaciones tradicionalmente han respondido a políticas gubernamentales perjudiciales para los trabajadores. «Normalmente han sido reacción a políticas de carácter lesivo para la clase trabajadora. Este esquema no es propiamente el que tenemos encima de la mesa», ha reconocido el líder de CCOO.
Los sindicatos sostienen que la convocatoria no responde al adelanto electoral y que comenzaron a plantearla antes del anuncio de las elecciones generales, especialmente después de que el Congreso rechazara los decretos relacionados con la vivienda. «Venimos diciendo desde hace tiempo que no hay convenio que resista el precio de la vivienda», ha señalado Álvarez, que ha defendido la necesidad de trasladar este problema a los centros de trabajo.
El secretario general de UGT ha señalado a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Gobierno central como administraciones responsables de actuar en materia de vivienda, aunque ha puesto el acento en las primeras por sus competencias. La huelga tendrá una duración de 24 horas y estará acompañada de movilizaciones y debates en los centros de trabajo.
El 1 % del PIB para vivienda pública
En materia de vivienda, las centrales sindicales reclaman la creación de un parque público permanente, un fondo para facilitar el acceso a alquileres asequibles, la limitación de los precios y mayores restricciones a los pisos turísticos.
Sordo ha concretado algunas de estas propuestas, como destinar durante al menos una década el equivalente al 1 % del PIB a la construcción de vivienda pública y la movilización de inmuebles vacíos. También ha defendido un gran programa público de alquileres asequibles que garantice a los propietarios el cobro de las rentas y permita a los inquilinos acceder a una vivienda sin destinar más del 30 % de sus ingresos.
El dirigente de CCOO ha pedido además eliminar los pisos turísticos en las zonas tensionadas, impedir los desahucios sin alternativa habitacional y modificar la legislación para permitir que los ayuntamientos o el Gobierno central intervengan cuando las comunidades autónomas no apliquen determinadas medidas.
«Hay que sacar a gorrazos a los fondos buitre», ha llegado a afirmar Sordo, que considera que la acumulación de viviendas por parte de fondos de inversión está agravando el problema.
Los sindicatos han vinculado también la convocatoria al caso de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una oleada de protestas en Madrid. Álvarez ha denunciado la «crueldad de unos pocos» y el «abuso del propietario» de la vivienda en la que residía.
Por su parte, Sordo ha reconocido que ambas centrales mantienen una relación permanente con los sindicatos de inquilinas y que han decidido confluir con estas organizaciones en la jornada de movilización.
Pensiones y bajas laborales
Los dirigentes sindicales han defendido el mantenimiento de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y han rechazado las propuestas que puedan modificar las condiciones de jubilación.
Asimismo, han criticado las iniciativas para ampliar el papel de las mutuas en la gestión de las incapacidades temporales. Sordo ha denunciado lo que considera una «permanente demonización» de los trabajadores que se encuentran de baja médica y ha advertido contra la posibilidad de otorgar a las mutuas mayores competencias para determinar las altas y bajas.
Los sindicatos reclaman igualmente la aprobación de las reformas pendientes sobre el registro horario y las reglas de compensación y absorción de los complementos salariales.