Estafan 410.000 euros a un hombre de 75 años con falsas inversiones en criptomonedas y después le cobran por recuperar el dinero

Primero le convencieron para invertir 350.000 euros en supuestas empresas extranjeras y criptomonedas. Después, cuando descubrió que había perdido todo su dinero, volvieron a engañarle con la promesa de recuperarlo. Un hombre de 75 años de Badajoz ha sido víctima de una doble estafa que le ha costado cerca de 410.000 euros y que ha llevado a la Policía Nacional a investigar a seis sociedades vinculadas a un entramado internacional con presencia en varios países europeos.

La investigación, denominada Operación Stakeface, comenzó después de que el perjudicado presentara una denuncia ante la Jefatura Superior de Policía de Extremadura. Según relató, todo empezó cuando accedió a través de internet a varios anuncios que ofrecían inversiones en empresas extranjeras y criptomonedas.

A partir de ese momento, comenzó a recibir llamadas de personas que se presentaban como gestores personales de dos supuestas compañías de inversión, denominadas JHI y Truist. Los interlocutores consiguieron ganarse su confianza y convencerle de que estaba operando con entidades legítimas.

El hombre realizó sucesivas transferencias hasta alcanzar los 350.000 euros. Sin embargo, las primeras comprobaciones policiales revelaron que los números de teléfono utilizados por los supuestos gestores estaban asociados a identidades ficticias y que las sociedades presentadas a la víctima no figuraban como entidades autorizadas para gestionar inversiones.

Los presuntos estafadores habían conseguido, además, acceder de forma remota al ordenador del perjudicado, con el pretexto de ayudarle a abrir cuentas en distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.

Este acceso les permitió intervenir directamente en las operaciones que realizaba la víctima, mientras el uso de criptoactivos dificultaba el seguimiento del dinero.

El engaño no terminó cuando el hombre descubrió que no podía recuperar sus inversiones. Según la investigación, los presuntos responsables volvieron a ponerse en contacto con él, esta vez haciéndose pasar por representantes de dos bufetes de abogados especializados en recuperar fondos procedentes de estafas financieras.

La víctima, que ya había perdido 350.000 euros, aceptó contratar sus supuestos servicios y acabó pagando aproximadamente otros 60.000 euros con la esperanza de recuperar el dinero. Los investigadores sospechan que ambos despachos formaban parte del mismo entramado que había organizado la primera estafa.

Para reforzar la credibilidad del engaño, los presuntos delincuentes habrían aprovechado que todavía mantenían el control remoto del ordenador del perjudicado. De esta forma, podían inducir determinadas búsquedas en internet y hacer que las entidades con las que contactaba parecieran legítimas.

La Policía considera que este procedimiento permitió prolongar el fraude incluso después de que la víctima hubiera descubierto que las inversiones iniciales no eran recuperables.

Seis sociedades en cinco países

El Grupo II de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de Badajoz comenzó entonces a rastrear las operaciones financieras mediante herramientas especializadas en el análisis de transacciones con criptomonedas.

Estas aplicaciones permiten reconstruir movimientos de fondos y establecer conexiones entre distintas operaciones, cuentas bancarias y entidades financieras.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que dos de las cuentas utilizadas, una española y otra extranjera, estaban a nombre de una misma persona residente en la provincia de Barcelona.

Inicialmente no consiguieron contactar con ella, por lo que solicitaron la colaboración de los Mossos d'Esquadra ante la posibilidad de que también hubiera sido víctima de la organización. La policía catalana confirmó que esta persona había presentado una denuncia por hechos similares en fechas próximas.

Las investigaciones continuaron con consultas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a registros mercantiles de distintos países europeos.

Como resultado, los agentes identificaron seis sociedades presuntamente vinculadas al entramado: dos radicadas en Reino Unido, otras dos en Rumanía, una en Italia y otra en Hungría.

Las seis entidades han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial como personas jurídicas investigadas por su posible participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Debido a la dimensión internacional del caso, los investigadores han solicitado al Juzgado de Instrucción de Guardia de Badajoz la emisión de seis órdenes europeas de investigación para avanzar en las pesquisas fuera de España.

La operación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta que existan más perjudicados ni que aparezcan nuevas sociedades o cuentas bancarias relacionadas con el entramado.