EE.UU. advierte a los inversores en España por los impagos a las renovables, «complicaciones jurídicas» y conflictos laborales

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte, en su último informe sobre el Clima de Inversión en España, de que los inversores se exponen a «complicaciones jurídicas» y conflictos laborales. Asimismo, el documento, publicado el pasado mes de septiembre, dedica un capítulo a los impagos retroactivos de las primas a las tecnologías renovables que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre este último punto, el documento resalta que la decisión, tomada a partir de 2011, de recortar las jugosas ayudas al sector renovable –algunas de ellas con carácter retroactivo, por parte de los Gobiernos de Zapatero y de el de Rajoy– «desencadenó una oleada de más de 50 demandas de arbitraje en virtud de tratados de inversión contra España».

Más de dos tercios de estas demandas han dado lugar a laudos favorables a los inversores pero, como resalta el Departamento de Estado, «hasta la fecha España se ha opuesto sistemáticamente a su ejecución, alegando entre otros motivos, la inmunidad del Estado y el cumplimiento del Derecho de la UE».

Aunque Washington resalta las buenas cifras de crecimiento económico y el interés de los inversores por la deuda española, pone el foco en los «retos económicos» que afronta el país. «Los inversores consideran que el entorno regulatorio, la fiscalidad relativamente elevada y el aumento de los costes —por ejemplo, laborales y energéticos— son ámbitos susceptibles de mejora. Aunque se han registrado algunos avances, los procedimientos burocráticos pueden seguir siendo complejos y prolongados, lo que puede retrasar la actividad empresarial. Las diferencias entre las regulaciones regionales y la falta de un mercado interno uniforme en algunos sectores también pueden limitar el crecimiento de las empresas».

Particularmente llamativo es el capítulo dedicado a la «preocupación» expresada por algunas empresas estadounidenses «por las complicaciones jurídicas que afrontan al intentar desinvertir en España». Entre estas preocupaciones figuran «conflictos laborales en los que los empleados han reclamado indemnizaciones superiores a las establecidas legalmente, así como compensaciones adicionales por daños».

También se destaca que «se han producido casos de acusaciones penales contra empresas, sus administradores y personas vinculadas a ellas. Estas actuaciones pueden generar responsabilidad personal para los directivos y suscitar preocupación –aunque el riesgo se considera improbable– por posibles detenciones, multas o penas de prisión».

Según los últimos datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, durante el primer semestre de 2026, las desinversiones de EE.UU. en el país han crecido un 383 % respecto a la misma referencia para 2025, hasta los 3.851 millones de euros.

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia España alcanzaron los 30.800 millones de euros en 2025 –unos 36.000 millones de dólares–. Estados Unidos fue el principal inversor, con 10.000 millones de euros –unos 11.800 millones de dólares–. Además, Estados Unidos también mantuvo la mayor posición acumulada de inversión extranjera directa en España, con 117.000 millones de euros –unos 138.000 millones de dólares–, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, publicados por el Ministerio de Economía.