El Ingreso Mínimo Vital recorta 5,75 millones de jornadas de trabajo al año, unos 26.000 empleos a jornada completa

Desde su puesta en marcha en 2020, el ingreso mínimo vital (IMV) ha supuesto un gasto acumulado de 18.865,9 millones de euros. Sin embargo, su eficacia para combatir la pobreza y favorecer la incorporación al mercado laboral sigue planteando interrogantes. Según un informe de la Fundación Civismo, percibir esta ayuda reduce un 12 % la probabilidad de trabajar y puede dificultar la incorporación de sus beneficiarios al mercado laboral.

El estudio, elaborado por el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME), analiza la evolución de la prestación durante sus primeros seis años de funcionamiento apoyado, entre otras fuentes, en las evaluaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha identificado un efecto negativo sobre la participación laboral de los perceptores.

En concreto, la AIReF calcula que recibir el IMV reduce en tres puntos porcentuales la probabilidad de trabajar, lo que equivale a una caída relativa del 12 %. Los beneficiarios también trabajan, de media, 0,6 días menos al mes, una reducción del 11 %. Este efecto es especialmente acusado entre los menores de 30 años, los hogares monoparentales y quienes perciben cuantías superiores a la media, colectivos en los que el descenso relativo de la participación laboral supera el 20 %.

Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo, calcula que este desincentivo podría suponer 5,75 millones de jornadas de trabajo menos al año, el equivalente a unos 26.000 empleos a jornada completa, aunque matiza que se trata de una estimación compleja porque hay «muchos elementos en juego».

Según el informe, el 60 % de los hogares perceptores lleva más de tres años recibiendo la prestación y casi el 90 % supera los doce meses. Además, solo el 30 % de los beneficiarios figura como empleado y, entre quienes trabajan, la jornada media apenas alcanza las nueve horas semanales, frente a las 34 horas del resto de la población. El 62 % presenta un nivel educativo bajo, más del doble que entre quienes no reciben la prestación.

Los autores advierten de la llamada «trampa de la inactividad». El IMV se diseñó inicialmente como un complemento de ingresos que cubría la diferencia entre los recursos del hogar y una renta garantizada. Así, obtener ingresos laborales adicionales podía traducirse en una reducción equivalente de la ayuda, limitando la ganancia económica de aceptar un empleo.

Para corregir este problema, el Gobierno introdujo en 2023 un incentivo destinado a permitir que los beneficiarios conservaran parte de la prestación al incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, las evaluaciones no han encontrado una mejora significativa de la participación laboral tras su aplicación.

Más gasto, pero con una cobertura insuficiente

Pese al crecimiento de los recursos destinados a la prestación, el IMV continúa sin llegar a buena parte de los hogares que cumplen los requisitos para recibirlo. En 2024, el 55 % de los hogares potencialmente beneficiarios no solicitó o no llegó a percibir la ayuda. La proporción ascendió al 72 % en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

La falta de cobertura presenta, además, importantes diferencias territoriales. Mientras que en Asturias (60,6 %) y Melilla (64,2 %) el IMV alcanza a más del 60 % de los hogares potencialmente beneficiarios, en Cataluña (27,9 %) y Baleares (27,5 %) no llega siquiera al 28 %. El informe relaciona estas desigualdades con posibles problemas de coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos, especialmente en territorios con un coste de vida más elevado.

Según el informe, el IMV redujo la pobreza severa un 9,5 % en 2024, frente al 16,2 % que podría haber alcanzado si hubiera llegado a todos los hogares elegibles.

A los problemas de cobertura se suman las dificultades administrativas. En 2024, el tiempo mediano de tramitación de los expedientes aprobados alcanzó los 203 días, más de seis meses de espera para hogares que necesitan la prestación precisamente por su situación de vulnerabilidad económica.

A estos retrasos se añade la incertidumbre que generan las revisiones de renta. Como el IMV se calcula tomando como referencia los ingresos del ejercicio anterior, el 68 % de los hogares perceptores experimentó modificaciones en la cuantía de su prestación en 2024. Esta situación puede traducirse en reducciones de la ayuda o reclamaciones por cobros indebidos, lo que genera un «miedo a los reintegros» entre los beneficiarios. En los casos que terminaron con la extinción de la prestación, el importe mediano reclamado ascendió a 2.615 euros.

Para Civismo, el problema no reside únicamente en el volumen de recursos públicos destinados al IMV, sino en su capacidad para reducir la pobreza y favorecer la incorporación al mercado laboral. La fundación plantea reformar el sistema para que el aumento de los ingresos laborales se traduzca en una mejora efectiva de la renta disponible de los beneficiarios, sin que aceptar un empleo implique perder buena parte de la protección económica.