Temor a un impacto «significativo» por los aranceles de EE.UU. a barcos españoles: la decisión se conocerá tras las elecciones

Estados Unidos ha abierto un nuevo frente contra España tras el bloqueo de barcos que presuntamente transportaban armas con destino a Israel. La Comisión Marítima Federal ha propuesto imponer una tasa de 200.000 dólares –unos 180.000 euros– por viaje a todos los buques con bandera española que operen en puertos estadounidenses.

También plantea imponer restricciones a la importación de cinco categorías de productos españoles a EE.UU.: aceites y grasas, perfumería y cosmética, cerámica, manufacturas de piedra, y azúcar y confitería. En 2025 se exportaron de estas categorías 2.758 millones de euros, lo que equivale al 16 % de las ventas españolas a ese mercado y en torno al 0,7 % del total de las exportaciones españolas.

Aunque su peso en el conjunto de las exportaciones es limitado, desde el Club de Exportadores e Inversores Españoles advierten que las consecuencias para las empresas afectadas «pueden ser significativas», especialmente en sectores como el aceite de oliva.

Además, alertan que están medidas también pueden perjudicar a los importadores, distribuidores y consumidores estadounidenses. «En una relación comercial tan interdependiente, una escalada de tensiones no beneficia a ninguna de las partes», asegura Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores.

La FMC ha abierto una consulta pública de 60 días, hasta el 14 de diciembre –después de las elecciones españolas–, y contempla la posibilidad de adoptar otras medidas más limitadas o retirarlas se se alcanza una solución diplomática. La propuesta actual es también más moderada que la planteada en diciembre de 2025, cuando se barajaban sanciones de hasta 2,3 millones de dólares por viaje.

Desde el Club de Exportadores señalan que cualquier respuesta debe coordinarse con la Unión Europea, dado que la política comercial es competencia exclusiva comunitaria. Por ello, anima a las empresas y asociaciones de los sectores afectados a participar en la consulta pública y aportar datos que permitan evaluar las consecuencias económicas de las medidas propuestas.

También insta al Gobierno a aprovechar esta audiencia y los canales diplomáticos, en coordinación con la Comisión Europea, para resolver la discrepancia antes de que las medidas se hagan efectivas.