El Gobierno ampliará las pensiones de viudedad: bastará con tener hijos en común para acreditar la pareja de hecho

El Gobierno facilitará el acceso a las pensiones de viudedad a las parejas de hecho con hijos en común. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un real decreto-ley que permitirá acreditar la existencia de una pareja de hecho por el hecho de tener descendencia común, sin necesidad de cumplir los requisitos de acreditación exigidos hasta ahora. La medida también abrirá la puerta a revisar solicitudes de pensión que fueron rechazadas anteriormente.

La modificación forma parte de un paquete de medidas sociales elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que también contempla mejoras en las prestaciones para víctimas de violencia de género, personas con determinadas enfermedades y familias con menores gravemente enfermos.

Según ha adelantado El País y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno, el Ejecutivo pretende seguir aprobando iniciativas sociales antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El decreto deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de un mes.

Uno de los principales cambios afecta a las parejas de hecho, que actualmente deben cumplir determinados requisitos para acreditar su relación y acceder a la pensión de viudedad.

Con la nueva regulación, la existencia de hijos en común será suficiente para demostrar la condición de pareja de hecho a efectos de esta prestación. De esta forma, se facilitará el acceso a la pensión a personas que, pese a haber formado una familia con su pareja fallecida, no habían podido acreditar su relación conforme a los requisitos establecidos.

La medida no supone que todas las personas con hijos en común tengan automáticamente derecho a una pensión de viudedad, puesto que deberán cumplirse los demás requisitos exigidos por la Seguridad Social.

Además, el decreto abrirá un plazo de doce meses para revisar las solicitudes que fueron denegadas anteriormente. Esta posibilidad permitirá que personas que no pudieron acceder a la prestación soliciten una nueva valoración de su situación conforme a las modificaciones introducidas.

Víctimas de violencia de género

El texto también reforzará la protección económica de las mujeres víctimas de violencia de género durante los periodos de baja laboral. En estos casos, la prestación será del 60 % de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja y aumentará al 75 % a partir de entonces. La empresa abonará el salario correspondiente al primer día, mientras que la Seguridad Social asumirá el pago de la prestación desde el siguiente.

Otra de las novedades será la ampliación de la protección por incapacidad temporal para las mujeres que sufran patologías asociadas a la menopausia.

El decreto incluirá asimismo mejoras para los progenitores que deban reducir o interrumpir su actividad laboral para cuidar de hijos con cáncer u otras enfermedades graves.

La nueva regulación permitirá que ambos progenitores puedan percibir la prestación de forma alternativa o simultánea. Además, en situaciones de especial vulnerabilidad, la ayuda podrá mantenerse después de que el hijo cumpla 26 años, siempre que presente una dependencia de grado III o un grado de discapacidad especialmente elevado.

Pensiones de terrorismo

El paquete de medidas también elevará las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas. Ninguna de estas prestaciones podrá quedar por debajo del equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales, una cantidad que el Gobierno sitúa actualmente en 2.442 euros mensuales.

Según las cifras recogidas en el decreto, este nuevo mínimo supondrá una mejora del 36 % respecto al importe vigente.

También aumentará la protección de los huérfanos por violencia de género. Las prestaciones contributivas tendrán un suelo equivalente a dos veces el salario mínimo, mientras que las no contributivas podrán alcanzar igualmente ese importe.

Por último, el Ejecutivo ampliará el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a los menores cuando uno de sus progenitores incumple sus obligaciones económicas.

La cuantía máxima de los anticipos se triplicará, pasando de los actuales 100 euros a 300 euros por beneficiario. La norma también ampliará su duración, aunque el Gobierno todavía no ha detallado en la información adelantada los nuevos plazos.