Una funcionaria en su puesto de trabajo.
Los sindicatos presionan al Gobierno para aprobar la subida salarial del 4,5 % de los funcionarios antes de las elecciones
CSIF reclama que el incremento pactado para 2027 quede aprobado antes del 29N, mientras UGT sostiene que el resultado electoral no pone en peligro el acuerdo
Los sindicatos quieren que la subida salarial del 4,5 % prevista para los empleados públicos en 2027 quede aprobada antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública se reúne este martes con CSIF, CCOO y UGT para abordar la aplicación del incremento, que ya fue pactado en noviembre del año pasado y afectará a más de tres millones de trabajadores.
La reunión se celebrará en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo firmado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales en noviembre de 2025. Aquel pacto estableció una subida salarial global del 11 % para el periodo comprendido entre 2025 y 2028, aunque los sindicatos calculan que el incremento acumulado alcanzará el 11,5 % por el efecto de aplicar sucesivamente las distintas revalorizaciones.
El calendario contempla una subida del 2,5 % para 2025, otra del 1,5 % fijo para 2026, un incremento del 4,5 % en 2027 y un último aumento del 2 % en 2028. Además, el acuerdo incluye medio punto adicional para este año condicionado a la evolución de la inflación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acudirá a la reunión con la exigencia de que el Gobierno apruebe cuanto antes el incremento salarial previsto para el próximo ejercicio.
En concreto, el sindicato reclama que tanto el Consejo de Ministros como la Diputación Permanente del Congreso den luz verde a la subida del 4,5 % antes de las elecciones generales. Su intención es evitar que el calendario político retrase la aplicación de una mejora retributiva que ya está comprometida.
CSIF también pedirá que se actualicen antes de que termine el año las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, tal como contempla el acuerdo alcanzado con Función Pública.
Además, ha planteado a los partidos políticos una serie de reivindicaciones de cara a la próxima legislatura, entre ellas recuperar la estructura salarial anterior a los recortes de 2010, equiparar las retribuciones entre administraciones y reforzar los servicios públicos.
El sindicato sostiene que las medidas adoptadas desde 2010 han supuesto una pérdida acumulada de 48.000 millones de euros para los empleados públicos. También reclama un plan de empleo y un pacto de Estado en materia de vivienda que incluya medidas específicas para los trabajadores públicos, especialmente en los territorios donde el coste de residencia resulta más elevado.
UGT descarta problemas
UGT, por su parte, ha tratado de transmitir tranquilidad sobre el futuro de la subida salarial. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, aseguró recientemente que los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre «no comprometen» el incremento del 4,5 % previsto para 2027.
Araque recordó que el acuerdo marco suscrito con Función Pública está «cerrado, pactado en toda la amplitud de sus puntos, desde noviembre de 2025».
La dirigente sindical considera que existen mecanismos legales suficientes para aprobar la subida sin necesidad de esperar a la constitución de un nuevo Gobierno o a la apertura de una nueva legislatura.
En este sentido, señaló que tanto el Consejo de Ministros como la Diputación Permanente del Congreso disponen de los instrumentos necesarios para sacar adelante el incremento salarial. También recordó que el Congreso aprobó la subida correspondiente a 2025, pese a las dificultades que podía plantear su aplicación retroactiva.
Otro 0,5 % adicional por la inflación
Al margen de la subida prevista para 2027, los empleados públicos tienen pendiente otro posible incremento correspondiente a este año. El acuerdo salarial establece que, al aumento fijo del 1,5 % de 2026, se añadirá medio punto adicional si la inflación al cierre del ejercicio iguala o supera ese porcentaje.
Si se cumple esta condición, la subida salarial de 2026 alcanzará el 2 % y el 0,5 % variable se abonará durante el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos.
De esta forma, los empleados públicos podrían comenzar el próximo año con dos mejoras retributivas: el cobro del complemento pendiente por la inflación de 2026 y la aplicación del incremento del 4,5 % comprometido para 2027.