España, penúltimo país en libertad de alquiler de Europa

España es el penúltimo país en libertad de alquiler en Europa. Así lo refleja el Índice Europeo de Libertad de Arrendamiento 2026, que mide la libertad económica y contractual de los propietarios para ofrecer viviendas en alquiler en cada país analizado.

El estudio examina cinco ámbitos: la libre fijación de rentas, la libertad de terminación de los contratos y recuperación de las viviendas, la libertad contractual al arrendar, el alquiler turístico y de corta duración y la fiscalidad recurrente sobre los inmuebles. España solo consigue una puntuación aceptable en cuanto a la libertad para fijar rentas. Sin embargo, no logra puntuar en materia de terminación contractual y recuperación de la vivienda, ni alquiler turístico o de corta duración.

Polonia encabeza la clasificación con 80,08 puntos sobre cien, seguida de Grecia (79,76), Malta (74,59), Letonia (73,82) y Hungría (72,63). En el extremo opuesto, Francia obtiene 25,61 puntos y ocupa el último puesto, precedida de España (42,03), Dinamarca (43,69), Italia (44,38) y Alemania (47,49). Sólo Polonia supera los 80 puntos y ningún país llega a 90. Con los intervalos definitivos del índice, ocho países presentan una libertad de arrendamiento muy alta, once alta, cuatro media, tres baja y uno muy baja. Ninguno alcanza las categorías máxima o mínima.

Grecia ocupa la segunda posición general, lo que muestra importantes diferencias entre países del sur de Europa y con importancia del sector turístico. El Reino Unido, vigésimo con 52,96 puntos, destaca por su baja valoración en el indicador de tributación recurrente de los inmuebles.

«No es de extrañar que la crisis de la vivienda tenga su máxima expresión en los dos países europeos con menor libertad de arrendamiento: Francia y España», asegura Juan Pina, secretario general de Fundalib. Por lo tanto, «es imprescindible un cambio de política de vivienda que primer la construcción, elimine trabas a la transmisión y ofrezca suficiente seguridad y flexibilidad a los propietarios para que no retiren del mercado sus viviendas», añade.

«La actual crisis demuestra que las medidas coercitivas e intervencionistas no sólo no funcionan sino que destruyen el mercado del alquiler, condenando a los inquilinos a precios más altos y a una mayor dificultad de encontrar vivienda, además de provocar una creciente concentración de la propiedad en fondos», señala Pina.

«España es un país de pequeños propietarios que completan su ingreso con la legítima actividad de arrendamiento de un inmueble, y la actual manipulación del debate sobre la vivienda busca deslegitimarla, criminalizar a los caseros y, a largo plazo, retroceder hacia un mercado cautivo de la propiedad residencial en manos de fondos o, directamente, de las administraciones públicas», sentencia.