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Iberoamérica trata de romper la trampa del bajo crecimiento sostenido

El escenario macroeconómico de Iberoamérica en el cierre del ejercicio 2026 ofrece un diagnóstico complejo que desborda las lecturas puramente coyunturales, como resalta el reciente Informe de Economía Latinoamericana del Banco de España

Vista de Cartagena de Indias, en ColombiaGetty Images

El escenario macroeconómico de Iberoamérica en el cierre del ejercicio 2026 ofrece un diagnóstico complejo que desborda las lecturas puramente coyunturales. El reciente Informe de Economía Latinoamericana del Banco de España así lo explica claramente. La capacidad de amortiguación exhibida por la región frente a las turbulencias geopolíticas globales en el segundo semestre de 2026 —con un crecimiento proyectado constante en el entorno del 2 % y una fluida captación de capitales externos que superó los 120.000 millones de dólares en emisiones soberanas y corporativas— constituye un testimonio del grado de madurez alcanzado por sus arquitecturas financieras. Sin embargo, tras esta fachada de estabilidad agregada yacen desequilibrios estructurales profundos, dilemas de política monetaria no resueltos y una preocupante restricción del espacio fiscal que limita la capacidad de respuesta de los Estados ante previsibles fluctuaciones futuras.

El primer elemento que condiciona el desempeño económico regional reside en el comportamiento de las condiciones financieras internacionales y la dinámica cambiaria. A lo largo del último trienio, el atractivo de las operaciones de arbitraje de tipos de interés, conocidas en el argot financiero como carry trade, ha garantizado un flujo continuo de divisas hacia las principales plazas financieras latinoamericanas.

Este apetito inversor ha sido impulsado por unos diferenciales de rendimiento sustanciales frente a las economías desarrolladas y por una cotización favorable de los términos de intercambio, sensiblemente beneficiados por la demanda de materias primas estratégicas. No obstante, esta liquidez externa ha actuado en ocasiones como un anestésico temporal que enmascara el deterioro paulatino del coste de la deuda emitida en moneda nacional. Con la elevación persistente de las tasas de interés locales, la carga por servicios de la deuda en los presupuestos públicos ha alcanzado proporciones alarmantes, amenazando la sostenibilidad del gasto gubernamental a mediano y largo plazo.

El laberinto fiscal constituye, de hecho, el flanco de mayor vulnerabilidad para el conjunto de la región. El Informe pone un énfasis riguroso en las trayectorias de endeudamiento de Brasil y Colombia, dos de las mayores economías del bloque.

En el caso brasileño, las proyecciones que sitúan la deuda pública bruta rozando el 97 % del PIB hacia finales de 2026 reflejan una inercia donde el gasto en intereses —que absorbe cerca de un 7,7 % del producto interior bruto— devora los márgenes destinados a la inversión productiva y a las políticas de bienestar social.

Por su parte, el horizonte fiscal colombiano, con estimaciones de deuda pública a largo plazo consolidadas en torno al 95% del PIB, revela la insuficiencia de los ajustes graduales aplicados hasta la fecha. La interconexión estrecha entre los títulos de deuda pública y los balances del sistema bancario privado introduce un riesgo sistémico adicional, en tanto cualquier degradación en la calificación crediticia soberana repercutiría de forma inmediata en la solvencia y en la capacidad prestable de las entidades financieras nacionales.

A esta frágil arquitectura fiscal se suma la complejidad de la gestión monetaria, caracterizada por un desacoplamiento de estrategias entre las distintas bancas centrales. La persistencia de la inflación subyacente —que mantiene la previsión del nivel general de precios regional en el 5,2 % para 2026, desviándola del objetivo inicial del 4,5 %— obedece en gran medida a la resistencia a la baja de los precios en el sector servicios y a la rigidez de los costes laborales.

Ante este fenómeno, la respuesta de las autoridades monetarias se ha fragmentado. Por un lado, Brasil y Colombia han optado por sostener un sesgo monetario abiertamente restrictivo, priorizando el anclaje de las expectativas inflacionarias aun a costa de enfriar la demanda interna. Por otro lado, Chile, México y Perú han emprendido un proceso paulatino de flexibilización hacia niveles cercanos a la neutralidad monetaria, buscando dinamizar la actividad económica golpeada por el menor consumo privado. Esta divergencia de posturas refleja la encrucijada entre preservar la credibilidad de los bancos centrales o dar aire a economías con tasas de expansión potenciales históricamente reducidas.

Riegos próximos

Asimismo, la ecuación de riesgos para los próximos trimestres incorpora factores no financieros que abarcan desde los vaivenes del comercio multilateral hasta el impacto de los eventos climáticos extremos. En el frente geopolítico y comercial, las recientes reconfiguraciones de la política arancelaria de Estados Unidos han generado un tablero de oportunidades asimétricas. Mientras que gran parte de los países latinoamericanos se han visto favorecidos por una mejora en su posición competitiva relativa en comparación con los exportadores asiáticos, Brasil ha tenido que encajar la imposición de gravámenes aduaneros adicionales del 25%, distorsionando su capacidad exportadora en segmentos industriales de valor añadido. Paralelamente, la irrupción del fenómeno meteorológico de El Niño introduce una presión alcista impredecible sobre los precios de los productos agrícolas de primera necesidad y sobre los costes de la generación eléctrica basada en fuentes hídricas, lo que amenaza con desencadenar shocks de oferta de difícil neutralización mediante la política monetaria convencional.

En medio de este escenario de restricciones macroeconómicas y presiones inflacionarias, la verdadera palanca de transformación y productividad de América Latina se desplaza decididamente hacia el ámbito de la innovación tecnológica y la economía digital. La región vive una expansión sin precedentes en la captación de inversiones destinadas a la infraestructura digital de última generación. La acumulación de anuncios de inversión que superan los 63.500 millones de dólares entre 2024 y 2026 para la instalación de centros de datos y nodos de procesamiento de inteligencia artificial evidencia una ventaja comparativa determinante: la disponibilidad de matrices energéticas altamente descarbonizadas.

Países como Brasil, Chile y Colombia están logrando posicionarse como polos regionales de cómputo avanzado gracias al suministro estable de energía solar, eólica e hidráulica, demostrando que la transición ecológica puede operar como un catalizador directo de la atracción de capitales de vanguardia.

Simultáneamente, la disrupción digital está reconfigurando las estructuras financieras locales a través de la inclusión bancaria. El modelo pionero del sistema de pagos instantáneos Pix en Brasil, sumado a las iniciativas de digitalización bancaria y desarrollo de monedas digitales públicas en países como Perú, ha logrado bancarizar a decenas de millones de ciudadanos previamente relegados al sector informal. Esta democratización de los servicios de pago no solo reduce los costes de transacción para el tejido de pequeñas y medianas empresas, sino que amplía la base imponible y proporciona mayor transparencia a la actividad económica.

Sin embargo, el aprovechamiento pleno de este dividendo tecnológico exige superar el gran obstáculo histórico de la región: la aprobación e implementación de reformas estructurales perdurables. En un clima social cruzado por demandas crecientes en materia de seguridad ciudadana, empleo de calidad y servicios públicos eficientes, los ejecutivos regionales afrontan el desafío comunicativo de justificar políticas de consolidación fiscal.

Lograr el equilibrio entre la disciplina presupuestaria imprescindible para garantizar la estabilidad macroeconómica y la protección de los sectores más vulnerables de la población constituirá el verdadero examen de gobernabilidad democrática que determinará si Iberoamérica logra romper la trampa del bajo crecimiento sostenido y consolidar un modelo de desarrollo inclusivo.