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La OCDE pone bajo la lupa la financiación pública de RTVE
El organismo recuerda que las aportaciones estatales deben ajustarse al coste del servicio público y cumplir las normas europeas sobre ayudas
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha incluido a RTVE en su último informe sobre las empresas públicas para analizar los controles europeos sobre su financiación. El organismo recuerda que las aportaciones del Estado a la corporación están sometidas a las normas comunitarias sobre ayudas públicas y deben responder al coste de los servicios que tiene encomendados.
En su informe Ownership and Governance of State-Owned Enterprises 2026, publicado este jueves, la OCDE explica que las empresas públicas de la Unión Europea no pueden recibir un trato financiero privilegiado que altere la competencia. Las aportaciones del Estado deben ajustarse a las obligaciones de servicio público y someterse a mecanismos de control que permitan comprobar su justificación.
El documento cita a RTVE como ejemplo de este sistema. La corporación recibe financiación pública anual que se evalúa conforme a las reglas europeas sobre ayudas de Estado, en concepto de compensación por la prestación del servicio público audiovisual.
La OCDE dedica especial atención a la necesidad de distinguir los gastos derivados de estas obligaciones de los correspondientes a otras actividades. Sin una separación contable adecuada, advierte, resulta más difícil determinar cuánto cuesta realmente prestar un servicio público y comprobar si la financiación recibida se corresponde con ese importe.
El riesgo es que las compensaciones resulten superiores a los costes efectivos o que el dinero destinado a una actividad pública termine financiando operaciones comerciales. Ambas situaciones pueden generar ventajas frente a las empresas privadas que compiten en el mismo mercado.
Según el informe, solo el 48 % de las jurisdicciones examinadas vincula las compensaciones públicas a los costes soportados y mantiene cuentas separadas para las obligaciones de servicio público. España figura entre los países que aplican ambos mecanismos, junto con Francia, Italia, Portugal y otros Estados europeos.
La legislación española establece que las compensaciones anuales destinadas a RTVE no pueden superar el coste neto del servicio público prestado. También obliga a la corporación a mantener una contabilidad analítica que permita distinguir las actividades vinculadas a su misión pública de las demás operaciones.
Reforma para cubrir los costes
Estas exigencias de la OCDE coinciden con la reforma del Gobierno para modificar el cálculo del coste neto del servicio público de RTVE. El proyecto, sometido a información pública a comienzos de octubre, pretende incluir entre los gastos compensables los impuestos que la corporación no pueda deducirse, recuperar o compensar. La modificación también contempla obligaciones tributarias correspondientes a ejercicios anteriores cuyo importe se determine posteriormente mediante resoluciones administrativas o judiciales.
La medida está relacionada con las contingencias fiscales que RTVE acumula por sus discrepancias con Hacienda sobre la deducción del IVA. El Ejecutivo calcula que estas contingencias ascienden a 941,2 millones de euros, aunque su impacto definitivo dependerá de la resolución de los procedimientos pendientes. El cambio permitiría incorporar determinados costes tributarios al cálculo de las compensaciones públicas que recibe la corporación.
El Gobierno ya intentó modificar la Ley 17/2006 para reconocer expresamente como coste del servicio público los impuestos no deducibles por RTVE. Aquella reforma, incluida en un decreto-ley, fue rechazada por el Congreso el pasado julio.
Ahora el Ejecutivo pretende introducir una modificación similar mediante un real decreto que reforma el reglamento de financiación de la corporación, una norma que no requiere convalidación parlamentaria.
El Gobierno sostiene que el cambio busca aportar seguridad jurídica al sistema de financiación y evitar que las controversias tributarias comprometan la prestación del servicio público audiovisual. La modificación no altera las obligaciones fiscales de RTVE frente a Hacienda, sino la posibilidad de compensar determinados costes con fondos públicos.
Los controles sobre las ayudas públicas
El informe de la OCDE sitúa estas compensaciones entre los principales aspectos que deben vigilarse en la gestión de las empresas estatales. El organismo explica que las aportaciones públicas pueden estar justificadas cuando financian obligaciones que el mercado no prestaría en las mismas condiciones, pero insiste en la necesidad de calcular correctamente sus costes.
También advierte de que la falta de transparencia sobre determinadas ayudas, especialmente las indirectas, puede dificultar el control de la financiación pública y favorecer diferencias de trato entre operadores.
En el caso de RTVE, las cuentas de 2025 reflejaron un superávit de 55,67 millones de euros, frente a las pérdidas de casi 13 millones registradas el ejercicio anterior. Sus ingresos comerciales alcanzaron los 85,5 millones, el nivel más elevado desde 2009.
