Joaquín Pérez (USO): «Hacer una huelga general en periodo electoral roza la injerencia política, y carece de objeto real»

Unión Sindical Obrera (USO) es un sindicato español fundado en torno al año 1950 en núcleos cristianos de clase obrera. Actualmente es la tercera fuerza sindical de ámbito nacional por número de afiliados y de delegados sindicales, por detrás de Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT. Su independencia le ha llevado a ser muy crítica con cuestiones como la falta de realidad en los datos del paro en España. Su autofinanciación, que alcanza el 93 %, le permite en buena medida esta libertad. En el día de la huelga general, hablamos con el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez da Silva. Cumple ocho años en el cargo y veintiocho en la organización.

— USO ha decidido no secundar la huelga general. ¿Por qué?

— El motivo fundamental es que nos encontramos en pleno periodo electoral. Ese ha sido nuestro principal argumento desde el primer momento, ya que la huelga se anunció el mismo día en que se convocaban las elecciones generales. Para nosotros, la independencia y la pluralidad son valores irrenunciables, y entendemos que gran parte de la sociedad podría percibir esta convocatoria como una injerencia en materia electoral.

Históricamente, USO ha estado presente en todas las huelgas generales impulsadas ante reformas laborales o de pensiones. Sin embargo, en esta ocasión la motivación embrionaria ha ido mutando. Se empezó situando la vivienda en el núcleo central, un asunto que pierde vigencia operativa de cara a la huelga cuando los reales decretos se convalidan justo al día siguiente. Posteriormente se intentó rellenar el argumento con la materia salarial, que abarca a sectores con dinámicas muy distintas: los empleados públicos —pendientes de las administraciones— y el sector privado, donde la negociación colectiva de convenios se sigue desarrollando con cierta normalidad. Además, la decisión de nuestro sindicato no ha sido una postura individual: se sometió a los órganos democráticos de USO y salió respaldada por unanimidad.

— Se argumenta también la falta de un interlocutor claro tras la jornada de paro...

— Efectivamente. Si haces una huelga general, la pregunta clave es: al día siguiente, ¿con quién te sientas a negociar? ¿Con la patronal para el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, con el Gobierno central, o con las comunidades autónomas y ayuntamientos por la vivienda? No hay un destinatario ni un objetivo normativo claro para la jornada posterior. Asistimos a una convocatoria con una evidente falta de objeto real. Respetamos los motivos sociales porque compartimos el diagnóstico de fondo sobre la vivienda o los salarios, pero el momento elegido no es el adecuado. No vamos a permitir que ni otros sindicatos ni los partidos políticos nos marquen los tiempos.

— ¿Qué balance hace de la política económica y laboral desarrollada en España con Sánchez?

— Hay luces y sombras. En el capítulo de los aciertos, hay que reconocer con rotundidad el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Viendo las cifras de hace unos años, resultaba inasumible que se trabajaran ocho horas diarias por 711 euros. También es positiva la cifra neta de afiliación a la Seguridad Social, con más personas trabajando.

Sin embargo, en el debe figura la falta de políticas estructurales para transformar el modelo productivo. España continúa apostando masivamente por el turismo y el sector servicios, que generan un empleo muy vulnerable ante cualquier vaivén económico. Se ha echado en falta una apuesta decidida por la industria, la investigación científica y la digitalización, que son los sectores que aportan estabilidad y empleo de alto valor añadido.

— USO ha sido muy crítica con la calidad de la contratación tras la última reforma laboral. ¿Qué reflejan los datos?

— Los números están ahí. Se crea empleo en términos netos, pero existe una masa enorme de subempleo de muy baja calidad. Actualmente, la duración media de los contratos que se firman en España es de 45 días, mientras que antes de la reforma laboral esa media se situaba en 52 días.

Además, observamos cómo los despidos por no superar el periodo de prueba se han disparado más de un 300 %, al tiempo que crecen las bajas disciplinarias. En sectores muy precarizados se están utilizando fórmulas contractuales de usar y tirar, empleos cerilla que duran unos días o unas pocas semanas. La estadística refleja un récord de afiliación, pero la realidad es que un contrato indefinido se ha convertido en muchos casos en una parodia que no garantiza estabilidad ni permite a los trabajadores desarrollar proyectos de vida.

— ¿Cómo afecta esta precariedad laboral al acceso a la vivienda y a la situación de los jóvenes?

— El problema de la vivienda y los bajos salarios ha adquirido una dimensión antropológica. Ya no se trata solo de si un joven puede independizarse o no; se está impidiendo que la gente pueda formar una familia o consolidar un proyecto vital normalizado, algo que hace dos décadas era lo habitual al incorporarse al mercado tras la formación.

Los últimos estudios sobre pobreza (como el informe AROPE) revelan que un 23 % de las personas que trabajan en España están en riesgo de pobreza. Es una cifra enormemente preocupante que demuestra la figura del trabajador pobre. Respecto a la vivienda, ha faltado una regulación firme que diferencie al pequeño propietario ahorrador —que busca complementar su pensión— de la proliferación descontrolada de los alquileres turísticos y la especulación en el centro de las ciudades. Junto a esa regulación, la solución estructural requiere levantar un parque público de un millón y medio de viviendas en alquiler en el horizonte de una década.

— USO abandera una postura diferenciada respecto a las subvenciones públicas a los sindicatos. ¿Cuál es su modelo?

— Para mantener la independencia sindical es imprescindible garantizar la autonomía económica. USO se financia fundamentalmente a través de las cuotas de sus afiliados. Si mañana desaparecieran las subvenciones públicas, a nuestro sindicato no le ocurriría absolutamente nada porque no dependemos de ellas para subsistir.

No nos oponemos a la función constitucional que realizan las organizaciones sindicales ni a que reciban financiación legal, pero exigimos que se actúe con total transparencia, con luz y taquígrafos. Las centrales sindicales pueden recibir fondos por múltiples vías: formación, juventud, igualdad, negociación colectiva o delegados. Todo ello debe ser de conocimiento público detallado, del mismo modo que se publican las asignaciones a los partidos políticos.

— En este sentido, ha señalado la falta de datos sobre los liberados sindicales en el sector público...

— Es uno de los secretos mejor guardados en este país. No existe una publicación oficial e integral que detalle cuántos liberados sindicales están a cargo de las administraciones públicas. Una cosa son las horas sindicales acumuladas por ley en el ámbito de las empresas privadas para facilitar la representación sin alterar los turnos, y otra muy distinta son los liberados en el sector público —en sanidad, educación o la administración general— pagados con el dinero de todos los contribuyentes. Transparencia significa publicar esos datos sin reservas, porque es una factura que sufraga la ciudadanía en su conjunto.