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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.EP

La Justicia rechaza cobrar 12 euros por las notas registrales y pone contra las cuerdas la reforma del Gobierno

Dos tribunales consideran ilegal el cobro de 12,03 euros, mientras el Ejecutivo acelera una reforma que regularía unas tarifas que generarían 270 millones anuales

La reforma de los aranceles registrales ha desembocado en una situación kafkiana. Mientras dos tribunales superiores de justicia han rechazado el cobro de 12,03 euros por las notas simples con información continuada al considerar que esa cantidad carece de respaldo legal, el Gobierno ha acelerado la tramitación de un real decreto que pretende dar cobertura normativa a esa misma tarifa. El Ministerio de Justicia ha remitido el proyecto al Consejo de Estado con carácter urgente, una premura que el Consejo General del Notariado considera injustificada.

Las notas simples son documentos expedidos por los registros de la propiedad que permiten conocer quién es el titular de un inmueble y qué cargas o limitaciones pesan sobre él, una información fundamental antes de formalizar una compraventa o una hipoteca. En su modalidad de información continuada, solicitada por los notarios, permiten además conocer durante los nueve días naturales siguientes cualquier nueva presentación registral que pueda afectar a la finca.

El arancel vigente establece un importe de 3,01 euros por nota simple informativa, pero los registradores vienen cobrando 12,03 euros por la modalidad continuada, al incluir conceptos relacionados con su expedición y envío electrónico. Esta situación ha provocado un particular conflicto entre notarios y registradores. El Colegio de Registradores defiende estos importes por los costes tecnológicos del servicio y su adaptación a la digitalización, mientras que los notarios cuestionan su legalidad y han llevado la controversia a los tribunales.

El pasado 21 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias estimó el recurso presentado por un notario contra varias facturas registrales. El tribunal anuló las resoluciones administrativas que habían avalado esos cobros y concluyó que no existe justificación legal para exigir 12,03 euros por la expedición y envío de una nota simple con información continuada.

Según recoge la sentencia, los registradores justificaban esa tarifa mediante la suma de 6,02 euros por la expedición de la nota y otros 6,01 euros por su envío electrónico. Argumentaban que la eliminación del fax y la implantación de una sede electrónica, en el marco de la Ley 11/2023, habían incrementado los costes del servicio. Sin embargo, los magistrados rechazaron que esos gastos tecnológicos permitieran aplicar una tarifa que no figura en el arancel vigente.

La sentencia sigue el criterio establecido el 22 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que estimó parcialmente otro recurso contra una factura del Registro de la Propiedad número 3 de Badajoz. En aquella ocasión, los magistrados también concluyeron que el arancel únicamente permitía cobrar 3,01 euros por ese servicio. Además, examinaron un informe aportado por el propio Colegio de Registradores que cifraba en 10,90 euros el coste medio de la información continuada en 2023, por debajo de los 12,03 euros facturados.

Ambas resoluciones rechazan que los registradores puedan repercutir costes tecnológicos mediante tarifas que no figuran en el arancel aprobado en 1989. No obstante, sus pronunciamientos se refieren a los cobros concretos impugnados y no suponen la anulación automática de todas las facturas emitidas anteriormente.

Desde el Colegio de Registradores insisten en que ambos servicios no son equiparables. Su portavoz, Teresa López, defiende que la información continuada permite detectar posibles cambios en la situación registral de un inmueble durante los días previos a una compraventa y considera que su coste debe valorarse teniendo en cuenta la seguridad jurídica que proporciona.

Según fuentes del sector, los registradores facturarían unos 270,66 millones de euros anuales por estos servicios, a partir de un volumen estimado de 24 millones de notas al año. De esa cantidad, 216,54 millones corresponderían a la información continuada y otros 54,12 millones a las notas simples telemáticas. Según las mismas fuentes, el Colegio de Registradores retiene el 50 % de esos importes, lo que supondría más de 135 millones de euros anuales.

El Gobierno mete baza

Estas resoluciones judiciales coinciden con la decisión del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños de impulsar un proyecto de real decreto para modificar los aranceles registrales e incorporar dos tarifas: 9,02 euros por las notas simples telemáticas y 12,03 euros por la información continuada. La iniciativa no figuraba en el Plan Anual Normativo de 2026 y, en su memoria de análisis de impacto normativo, el Ministerio justifica su tramitación por una necesidad regulatoria cuya urgencia se habría incrementado después de elaborar dicho plan, aunque no concreta las circunstancias que explican ese cambio.

El Gobierno ha dado un nuevo paso en la tramitación de la reforma al remitir el proyecto de real decreto al Consejo de Estado con carácter urgente. Una decisión que ha sorprendido al Consejo General del Notariado. «Nos sorprende, porque la urgencia no está acreditada. No encontramos razones o hechos que la justifiquen», asegura a El Debate su portavoz, María Teresa Barea.

La representante del Notariado recuerda que las discrepancias sobre las tarifas vienen de lejos y sitúa en noviembre de 2023, tras los cambios derivados de la Ley 11/2023, el inicio del cobro de los 12,03 euros. «Objetivamente, urgencia no hay, salvo la prisa por cubrir ese vacío tras los reveses judiciales», sostiene.

La reforma, en caso de aprobarse, establecería una cobertura normativa para los cobros futuros, pero no resolvería las controversias sobre las cantidades exigidas anteriormente. «Ninguna reforma del arancel registral en el sentido de incrementar el coste de las notas informativas convalidará o convertirá en correcto el cobro excesivo que se ha venido produciendo hasta ahora sin cobertura legal alguna», insisten desde el Consejo General del Notariado, que advierten de que impugnarán el texto en caso de que incurra en invasión competencial o perjudique la seguridad jurídica preventiva.

No es la primera vez que notarios y registradores mantienen un enfrentamiento por sus respectivas competencias e intereses. En 2018, ambos cuerpos protagonizaron una disputa por el control de la información sobre los titulares reales de las empresas, utilizada para prevenir el blanqueo de capitales. Las discrepancias también han alcanzado al acceso a la información registral y al reparto de funciones entre ambas profesiones. Ahora, el conflicto se centra en las tarifas que cobran los registradores por unos servicios que los notarios necesitan para formalizar las operaciones inmobiliarias.

Rechazo a la reforma

Las críticas a la reforma no se han limitado a los notarios. El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y la Asociación Española de Banca (AEB) también han presentado alegaciones contra el proyecto del Ministerio de Justicia, al considerar que las nuevas tarifas carecen de una justificación económica suficiente.

En su informe, fechado el 14 de octubre, el Consejo de Consumidores y Usuarios cuestiona que la digitalización de los servicios registrales se traduzca en un encarecimiento para los ciudadanos. «Este Consejo no puede entender que la digitalización de los servicios suponga a sus usuarios un coste mayor que su prestación directa y presencial. La digitalización per se tiende a abaratar costes, no a incrementarlos», advierte el organismo.

El CCU reprocha además al Ministerio que no haya aportado cálculos suficientes para justificar los importes de 9,02 y 12,03 euros. En concreto, reclama información sobre los costes tecnológicos, el volumen anual de solicitudes y los ahorros derivados de la digitalización, y concluye que no puede emitir una valoración favorable de la reforma.

La Asociación Española de Banca comparte estas objeciones y pone el foco en las consecuencias para el mercado inmobiliario. «Las medidas propuestas tendrían el efecto de incrementar los costes de adquisición de una vivienda en un momento particularmente difícil para el acceso a éstas debido a un proceso constante de alza de precios, sin que se aporte justificación alguna de las razones para la elevación de los diferentes conceptos del arancel», señala en sus alegaciones, fechadas el 16 de octubre.

La patronal bancaria también denuncia que la memoria que acompaña al proyecto no permite comprobar que las nuevas tarifas respondan al coste real de los servicios. Además, cuestiona la suficiencia de la documentación económica y recuerda, como precedente, que el Tribunal Supremo anuló en 2024 una regulación de los aranceles de los procuradores por las deficiencias de su memoria justificativa.