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Fachada de la sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en Madrid.EP

Competencia pide que el ICO justifique sus intervenciones para evitar distorsiones de la competencia

Recomienda que los futuros Estatutos del ICO recojan los principios de buena regulación, neutralidad competitiva cumplimiento normativo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debe justificar las intervenciones en el mercado, con la identificación de los fallos de mercado u otros objetivos, para evitar distorsiones de la competencia.

Por ello, recomienda que los futuros Estatutos del ICO recojan expresamente los principios de buena regulación, neutralidad competitiva cumplimiento normativo, según indica en un informe elaborado a solicitud del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La CNMC sostiene que El ICO desarrolla una actividad económica que puede afectar a las condiciones de competencia en el mercado porque al ser una entidad de crédito, ofrece préstamos, avales y otros instrumentos financieros en mercados donde también operan entidades privadas.

Además, como inversor en terceras empresas, advierte de que sus decisiones pueden afectar a las entidades participadas y a sus competidores.

Por otro lado, pide delimitar los ámbitos de actuación para evitar que la referencia genérica a sectores estratégicos justifique intervenciones sin acreditar su necesidad.

También incentivar la eficiencia en las contraprestaciones que reciba el ICO por sus servicios, con referencia a los costes habituales de mercado de otros operadores que realizan actuaciones similares; y verificar previamente la compatibilidad con la normativa de ayudas de Estado.

Además, aconseja asignar los mandatos a gestoras participadas con criterios públicos y objetivos, de acuerdo con la normativa de contratación pública; garantizar un acceso transparente y no discriminatorio a la intermediación, también para las entidades de menor tamaño, y publicar las condiciones esenciales de los convenios.

Por último, propone fijar los precios de transferencia conforme a criterios de mercado y reforzar su supervisión para garantizar la ausencia de subvenciones cruzadas.