Accidente ferroviario en Urda (Toledo)
La jueza autoriza a Adif a reconstruir la vía del accidente de Urda, pero exige documentar todos los cambios
La administradora deberá identificar los elementos afectados y detallar las piezas reparadas o sustituidas para incorporarlas a una investigación que continúa bajo secreto de sumario
La Justicia ha dado luz verde a la reconstrucción del tramo ferroviario afectado por el accidente de Urda (Toledo), que el pasado 28 de octubre dejó 69 fallecidos. La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz ha autorizado este jueves a Adif a comenzar los trabajos de reparación de la infraestructura, con la condición de que se documenten los elementos afectados y las modificaciones realizadas.
La autorización responde a una solicitud presentada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), que ha dado a conocer el contenido de la providencia dictada por la jueza instructora.
La resolución permite avanzar en la recuperación de la infraestructura ferroviaria, pero obliga a Adif a dejar constancia de las actuaciones que lleve a cabo en el lugar del siniestro, cuya investigación judicial continúa bajo secreto de sumario.
La primera de las exigencias, planteada a petición del Ministerio Fiscal, establece que Adif deberá concretar el listado completo de los elementos afectados por el accidente una vez realizadas las labores de inspección y los trabajos topográficos en la zona. El objetivo es disponer de una relación de los componentes de la infraestructura afectados antes de proceder a las intervenciones necesarias para su reparación.
La segunda condición se refiere a la documentación que deberá entregar la administradora una vez concluidos los trabajos. Según recoge la providencia, Adif tendrá que aportar una relación de «todos y cada uno de los elementos que se hayan modificado, reparado y/o sustituido, con indicación en todo caso del lugar exacto de la reparación y/o modificación».
Durante la investigación del accidente de Adamuz –en el que fallecieron 46 personas–, la Guardia Civil advirtió en un informe remitido al juzgado de que personal de Adif había retirado fragmentos de carril del lugar del siniestro, los había trasladado a una base de mantenimiento de Hornachuelos y había practicado pruebas sobre el material sin solicitar autorización judicial. La jueza instructora ordenó posteriormente a la administradora que se abstuviera de realizar nuevas extracciones, traslados o ensayos sin permiso previo, bajo advertencia de posibles responsabilidades penales.
Adif defendió entonces que había retirado únicamente piezas que no habían sido recogidas por la Guardia Civil ni por los investigadores y que su intención era evitar su deterioro. La empresa aseguró que el material permaneció a disposición de las autoridades.
La investigación de Urda sigue bajo secreto de sumario, por lo que no se han hecho públicas las conclusiones de las actuaciones judiciales ni el contenido de las diligencias practicadas. Antes de su dimisión, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, había estimado que los trabajos de reconstrucción del tramo afectado durarían unos diez días naturales