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La semana económicaJordi Benítez

Correos, Indra y el temor a un pucherazo electoral

La incertidumbre en torno al recuento existe en algunos ambientes, aunque en las empresas afectadas afirman que la manipulación no es posible. El resultado será clave para que la economía avance en un sentido o en otro.

Urnas electorales y documentos oficiales españoles.

Hace unos días se puso en contacto con El Debate un señor llamado Julio. Ha participado en recuentos electorales y mantiene que las elecciones en España no son transparentes desde el año 2000.

Como muchos otros ciudadanos con más o menos fundamento y más o menos dosis de teorías de la conspiración, sostiene que el recuento de los votos le genera dudas, especialmente desde que empezó a participar en él la empresa catalana Scytl, que se fundó en el año 2001.

Esta compañía está en concurso de acreedores desde hace dos años tras su fracaso estrepitoso en el escrutinio del voto electrónico en las elecciones municipales y europeas del año 2019, pero Julio tampoco se fía de Indra. No entiende qué pinta en el proceso electoral ni cómo funciona el algoritmo que aplica al recibir los datos que le envían al cierre de las mesas electorales, y con el que va calculando los porcentajes de voto. Teme que tanto en esa operación como en los cinco días que transcurren entre la finalización del recuento de los votos en las mesas el día de las elecciones y la proclamación de los datos oficiales tras la reunión de las juntas electorales provinciales pueden cambiar datos. Además, ha tenido alguna experiencia que ha aumentado su desconfianza, como el hecho de que no le dejaran grabar en vídeo una reunión de una junta electoral provincial. Su impresión es que la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) no se cumple escrupulosamente.

El mundo económico, pendiente de si le aguarda un contexto más liberal y proempresa con Feijóo, o más proclive a subir los impuestos a empresas y ciudadanos con Sánchez

Las sospechas en torno a Sánchez alimentan este tipo de tesis, que Julio proclama a través de su Asociación de Víctimas de los Políticos, y son un elemento más de inquietud para el mundo económico, que espera el resultado de las elecciones para saber si le aguarda un contexto más liberal y proempresa si gana Feijóo, o más fiscalizador y proclive a subir los impuestos a empresas y ciudadanos, si gana Sánchez.

Si se pregunta en Correos o en Indra, empleados con experiencia y sin vínculos políticos especialmente marcados sostienen que no hay nada que temer. «No hay ninguna forma de manipular el voto por correo», aseguran desde la empresa postal. «Hay cámaras por todos los sitios. Ayer mismo estuve en una oficina y acababan de ver la jefa de distribución de la red de oficinas y la jefa de la oficina dónde guardaban el voto por correo vigilándolo con una cámara. Los votos van precintados en cajas de plástico de un lado a otro, está todo informatizado y protocolarizado, y a la mayoría de los trabajadores les es indiferente el proceso electoral. Los hay de izquierdas y de derechas», añaden.

Aun así, hay hechos que crean inquietud. El Debate ha tenido acceso a una comunicación de Correos en la que se piden voluntarios para el tercer sobre, que contiene la copia de los resultados de cada mesa electoral y que se encargan de recoger empleados de la empresa postal cuando termina el escrutinio. La orden es del 29 de octubre, modifica el funcionamiento de las mesas electorales e implica una mayor contratación de personal. Los voluntarios -si no los hay, serán forzosos- han de llevar la documentación electoral y un dispositivo móvil que entregarán a las 9 a la mesa recién constituida. No quiere decir que haya nada fraudulento, pero este cambio repentino llama la atención a algunas fuentes. Los sobres uno y dos, con las firmas de la constitución de la mesa y del recuento del voto que se ha hecho en voz alta, son enviados por el presidente de la mesa al juzgado si lo desea.

Por lo que se refiere a Indra, fuentes internas también afirman que no hay posibilidad de engaño. «Indra no toca el voto en ningún momento», sostiene un veterano de la compañía.

El recuento de las papeletas en cada mesa electoral es público, y puede ser seguido por quien quiera. Una vez finalizado el recuento, se levanta un acta que es trasladada por el presidente de cada mesa acompañado de la policia al juzgado de la localidad, y una persona de la Junta Electoral Central recoge el dato. Indra recibe esos datos de determinadas mesas consideradas «centinela» y lo envía al centro de control. Aplica un algoritmo y va haciendo la estimación de los escaños. Los datos son ya bastante definitivos cuando se llega al 35-40 % del escrutinio.

«No me consta que el PP haya pedido ningún sistema de vigilancia mayor. Por estrategia electoral, podría hacerlo, pero no lo hace porque sabe que se le echarían encima», indican desde Indra.

Indra se juega su reputación, de la que en principio no hay que dudar, y en Correos temen que el PP no sea tan benévolo con ellos como el PSOE

Si se produce el cambio de Gobierno y lo encabeza el PP, Indra tendrá que haber mostrado un comportamiento ejemplar en el recuento electoral, algo de lo que, a priori, no hay que desconfiar.

La compañía se juega aquí parte de su reputación, que esta semana hemos visto amenazada también en otros frentes. El martes supimos que un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) ha detectado anomalías en ocho contratos adjudicados por el Ministerio de Defensa a Indra y Escribano, la empresa familiar del que fue presidente de Indra (Ángel Escribano) entre enero de 2025 y abril de 2026.

La compañía presentará su nuevo plan estratégico el próximo miércoles, cinco días antes de unas elecciones que cambiarán a su líder si el PP puede formar gobierno. El presidente de Indra, Ángel Simón, ya ha dicho que asume que saldrá si gana Feijóo.

En este sentido, a él, al igual que a todos los presidentes de empresas públicas nombrados por Sánchez, le interesaría que el Gobierno actual renovara su mandato. También a Pedro Saura, el presidente de Correos, aunque en este caso el deseo se extendería seguramente a muchos de sus empleados. No hay que olvidar que el Congreso aprobó en julio de 2025 como enmienda del nuevo régimen fiscal de Canarias la nueva Ley Postal, que lleva aparejado el rescate de 3.000 millones en cuatro años para Correos. Aunque la ley fue apoyada por el PP, en la empresa temen que Feijóo reconsidere su postura.

Son dos motivos más que pueden añadir a algunos cierta incertidumbre en torno a la función que desempeñarán Correos e Indra en el próximo recuento electoral. Aunque sobre el papel parece muy difícil, por no decir imposible, una manipulación electoral, nunca estará de más una especial vigilancia para asegurar que el resultado de las elecciones es limpio.