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Felipe II suspendió pagos cuatro veces. Nosotros normalizamos la deuda... hasta que dejemos de poder hacerlo

El monarca de la Casa de Austria se vio asfixiado por el precio del dinero. Nosotros dependemos de que una deuda gigantesca continúe siendo refinanciable en condiciones favorables

La losa de la deudaEl Debate / Asistido mediante IA

Cuando Felipe II heredó la Corona en 1556, heredó también una pesada carga financiera. La Monarquía Hispánica era la mayor potencia de su tiempo, pero su grandeza tenía un coste enorme. Las guerras contra Francia, la rebelión de los Países Bajos y el mantenimiento de un entramado político y militar extendido por Europa obligaron a la Corona a recurrir de forma creciente al crédito.

La imagen tradicional presenta la llegada de metales preciosos desde América como una fuente inagotable de riqueza. La realidad fue menos brillante. Buena parte de ese oro y esa plata llegaban ya comprometidos para pagar préstamos, intereses y obligaciones acumuladas. La Corona gastaba hoy recursos que esperaba recibir mañana.

Según los historiadores económicos, la deuda de la Corona llegó a situarse en torno al 50-60 % del producto castellano. Las célebres bancarrotas de 1557, 1560, 1575 y 1596 no fueron sino suspensiones de pagos y renegociaciones con los acreedores. La Corona transformaba deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, aplazaba vencimientos y reestructuraba sus compromisos para evitar el colapso financiero.

Felipe II gobernaba una Monarquía de unos nueve millones de habitantes en Europa, desde Castilla hasta Flandes, Nápoles, Sicilia o Milán. Aunque la Monarquía Hispánica gobernaba también sobre los territorios americanos, la mayor parte de los ingresos ordinarios que sostenían la Hacienda Real procedían de Castilla; por ello, los historiadores suelen tomar como referencia la economía castellana al analizar la deuda de la Corona.

Los ingresos ordinarios rondaban los 1,5 millones de ducados anuales. Cada ducado contenía aproximadamente 3,6 gramos de oro fino. En conjunto, la Hacienda castellana recaudaba el equivalente a unas 5,4 toneladas de oro al año. A precios actuales del metal, esa cantidad rondaría los 640 millones de euros, aunque la comparación solo sirve para ilustrar órdenes de magnitud y no el verdadero poder adquisitivo de la economía del siglo XVI.

Cuatro siglos después, España vive una situación muy diferente y, al mismo tiempo, inquietantemente parecida.

Lo más llamativo no era tanto el volumen de la deuda como su coste. Los juros, equivalentes a deuda pública a largo plazo, ofrecían rendimientos de entre el 5 % y el 7 % anual. Los asientos, préstamos a corto plazo contratados con banqueros genoveses y alemanes para afrontar necesidades urgentes de tesorería, podían resultar mucho más caros. El problema acabó siendo tan grave que, durante algunos periodos del reinado, una parte cercana a dos tercios de los ingresos ordinarios estaba comprometida por la deuda.

En otras palabras, el Estado trabajaba cada vez más para sus acreedores.

Cuatro siglos después, España vive una situación muy diferente y, al mismo tiempo, inquietantemente parecida.

Diferente porque ya no sostiene ejércitos en media Europa ni financia campañas militares permanentes. Tampoco parece especialmente dispuesto a garantizar el control efectivo de algunas de sus fronteras exteriores, si observamos lo que sucede en Ceuta. A cambio, sostiene un Estado del bienestar que financia pensiones, educación, dependencia, infraestructuras y numerosos servicios públicos, además de un sistema sanitario, en estos momentos con ínfulas de cobertura universal que plantea un debate legítimo sobre sus costes y sostenibilidad. Sin embargo, dispone de instrumentos desconocidos para Felipe II: mercados financieros globales, un banco central capaz de influir sobre el coste del dinero, una moneda compartida con otras economías europeas, una administración tributaria sofisticada y una economía incomparablemente más productiva.

Deuda billonaria

Pero la lógica de fondo sigue siendo la misma: cuando los gastos superan de forma persistente a los ingresos, el endeudamiento acaba ocupando el centro del sistema.

España cuenta hoy con casi 50 millones de habitantes. La deuda pública ronda los 1,74 billones de euros, cerca del 100 % del PIB. Los ingresos públicos se sitúan por encima de los 640.000 millones de euros anuales y el pago de intereses ronda los 40.000 millones.

La comparación más reveladora quizá no sea el porcentaje de deuda sobre el PIB, sino el esfuerzo necesario para sostenerla.

Mientras que durante algunos periodos del reinado de Felipe II una parte cercana a dos tercios de los ingresos ordinarios estaba comprometida por la deuda, la España actual destina aproximadamente un 6 % de sus ingresos públicos al pago de intereses.

Parece una diferencia enorme. Y lo es. Pero ahí reside precisamente la paradoja.

Felipe II se vio asfixiado por el precio del dinero. Nosotros dependemos de que una deuda gigantesca continúe siendo refinanciable en condiciones favorables.

Su problema era el coste del crédito. El nuestro puede ser dar por permanente la facilidad con la que obtenemos financiación.

La otra gran diferencia se encuentra en la fiscalidad. España dispone hoy de una capacidad recaudatoria que ningún soberano del siglo XVI habría podido imaginar. Sin embargo, también sostiene un volumen de gasto público desconocido en cualquier época anterior. Aunque el debate sobre la eficiencia y justicia del gasto parece prácticamente olvidado.

La historia económica enseña una lección menos simple de lo que suele creerse. Los Estados rara vez entran en dificultades exclusivamente porque gasten demasiado o porque recauden demasiado poco. Las crisis aparecen cuando se rompe el equilibrio entre ambas magnitudes y la deuda se convierte en el mecanismo habitual para aplazar las decisiones difíciles.

Felipe II descubrió ese límite mediante suspensiones de pagos periódicas e imposibles de ocultar. Mientras que ahora se dispone de instrumentos mucho más sofisticados para retrasar la llegada de ese momento. Pero retrasar un problema no equivale necesariamente a resolverlo. Porque, al final, la deuda no elimina las restricciones económicas. Solo las desplaza en el tiempo. Y cuanto más tiempo se pospone el ajuste, mayor suele ser el precio cuando termina llegando.

La deuda raramente desaparece. Solo cambia de forma, de fecha o de nombre. Lo que no llega como bancarrota puede acabar llegando como inflación, estancamiento o pérdida de poder adquisitivo. Y lo que no fue en lágrimas, acaba llegando en suspiros.