Pisos en construcción en Madrid
Esto es lo que proponen los diferentes partidos políticos para hacer frente a la crisis de vivienda
La intervención pública del mercado es el nexo común en las dos formaciones de izquierdas, mientras las derechas abogan por la bajada de impuestos y acabar con la Ley de Vivienda de 2023
La crisis de vivienda es uno de los grandes desafíos a los que tendrá que hacer frente el gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. Lo saben y por eso cada partido político tiene sus recetas para solucionar el problema de la vivienda en España. Aunque, la intervención pública del mercado es el nexo común en las dos formaciones de izquierdas. Todo lo contrario, en las derechas, donde abogan por la bajada de impuestos y acabar con la Ley de Vivienda de 2023.
PP: un millón de viviendas y una hucha joven
El Partido Popular tiene como primer punto en su programa la promesa de construir un millón de viviendas, para lo que se aprobaría una nueva Ley del Suelo que agilizaría el planeamiento urbanístico.
La formación plantea al mismo tiempo una hucha para que los jóvenes menores de 40 años aporten hasta 2.000 euros al año a una cuenta de ahorro para la compra de su primera vivienda, con una deducción fiscal del 20 % de lo aportado. El límite de aportaciones acumuladas sería de 40.000 euros y los rendimientos generados estarían exentos de tributación.
A renglón seguido, el partido de Alberto Núñez Feijóo propone la derogación de la Ley de Vivienda de 2023, unificar trámites entre comunidades y ayuntamientos para impulsar proyectos residenciales estratégicos y promover la vivienda industrializada, propuesta esta última que coincide con el PSOE.
A su vez, el PP aboga por la rehabilitación de edificios degradados, bajar al 4 % el IVA de la primera vivienda para jóvenes menores de 40 años y ampliar para este segmento de la población los avales de hasta el 20 % del valor de la vivienda, con la posibilidad de ampliar el límite de edad hasta los 50.
Vox: prioridad nacional en la VPO
En lo que respecta a Vox, el partido deja como principal medida la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, social o ayudas al alquiler, de modo que propone que se modifiquen o deroguen «cuantas normativas pudieran dificultar la consecución plena y efectiva» de dicho principio.
A su vez, la formación de Santiago Abascal plantea reformar la Ley del Suelo para «volver a ver grúas en los cielos», ampliar la inversión pública en vivienda por habitante, prohibir el arrendamiento a inmigrantes ilegales y una reducción «drástica» de los impuestos tanto en el proceso edificatorio y en el acceso a la primera vivienda, con un IVA 0 y una bonificación del 100 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
La formación también apuesta por el desalojo de la vivienda okupada en menos de 24 horas y la recuperación inmediata de la posesión por el propietario. Vox propone en este tipo de casos asistencia jurídica gratuita para los afectados y exención de impuestos y de las cargas fiscales y de suministros del inmueble mientras dure la okupación.
PSOE: impuesto contra la especulación
Por parte del PSOE, se plantea constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, un impuesto contra la especulación de 'fondos buitre', un banco estatal de suelo público disponible, una ley de proveedores sociales de vivienda y otra de movilización de suelo, potenciar la construcción industrializada y destinar más de 25.000 millones de euros para avales, préstamos y financiación para vivienda asequible.
Además, el partido liderado por Pedro Sánchez propone permitir que los municipios que lo deseen pongan un impuesto sobre las pernoctaciones en las viviendas de uso turístico. En lo relativo a contratos de alquiler, los socialistas abogan por ampliar la duración de los contratos de arrendamiento, congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia, bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios.
Frente Amplio: expropiación a fondos de inversión
Frente Amplio plantea una ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos privados, que afectaría en primera fase al stock residencial de entidades poseedoras de más de 1.000 viviendas, en segundo lugar a tenedores de más de 700 viviendas y en tercera fase a empresas propietarias de más de 50 inmuebles.
Otras iniciativas que se desprenden del programa frenteamplista son el reconocimiento legal de la huelga de alquileres, vincular el precio del alquiler al 25 % de la renta del barrio en el que se viva u obligar a las empresas a financiar parte de la construcción de la vivienda asequible en España.
La coalición liderada por Ada Colau propone en concreto una especie de impuesto para empresas con 50 o más asalariados del 0,45 % sobre la masa salarial bruta pagada en el ejercicio anterior y destinar ese dinero a la construcción pública de vivienda. Frente Amplio calcula que podría recaudar en torno a los 1.000 millones de euros anuales y construir unas 10.000 viviendas.
Además, quiere prohibir por ley la compra de viviendas residenciales con cualquier otro fin que no sea la residencia habitual y la extinción progresiva y definitiva de «todas las licencias de Viviendas de Uso Turístico y alquileres de temporada fraudulentas en edificaciones residenciales en un plazo máximo de tres años dentro de las zonas tensionadas».
También se incluye en el programa la creación de una agencia estatal de vivienda con capacidad sancionadora por infracciones graves a la normativa inmobiliaria, con capacidad para poner multas de hasta un millón de euros.
Además, tanto PSOE como Frente Amplio también han dejado en sus programas reformas en la Constitución para blindar el derecho a la vivienda, que ya está reconocido en el artículo 47 de la Carta Magna.
Según consta en sus respectivos programas, los socios del Gobierno de coalición plantean reformar la Constitución para elevar la vivienda al capítulo de los derechos fundamentales, lo que le otorgaría una mayor protección jurídica.
Para conseguir esto habría que emprender un procedimiento agravado de reforma de la Constitución, que conlleva una mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, después la disolución de las Cortes, nuevas elecciones y por último un referéndum.
Podemos: bajar los alquileres por ley
En lo que respecta a Podemos, la formación morada aboga por una bajada del 40 % de los precios de los alquileres vía decreto ley, expropiar viviendas en manos de 'fondos buitre' y crear una inmobiliaria pública que intermedie entre inquilinos y propietarios.
A su vez, se incluyen medidas para prohibir los desalojos extrajudiciales y la ilegalización de empresas de desokupación, con la tipificación del delito de «acoso inmobiliario». También se plantea la prohibición de los cortes de suministros básicos y los desahucios sin alternativa habitacional.
Por otro lado, la formación representada por Irene Montero ha incluido una propuesta para establecer un tope al diferencial de las hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual de los hogares con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, incrementado en un 0,3 por cada hijo, de modo que, mientras el euríbor se mantenga por encima del 2 %, el interés aplicable no supere el euríbor más un 0,1 %.