El ministro de Universidades, Joan Subirats
Ley Orgánica del Sistema Universitario
Profesores asociados protestan contra la LOSU:«Más que acabar con la precariedad, acabará con los precarios en la calle»
Consideran que «no cumple con las expectativas» de los profesionales y puede suponer que no se renueven los contratos de «muchos» docentes
Más de 6.000 profesores asociados en universidades madrileñas, a la huelga contra la nueva Ley Universitaria
Profesores asociados de las universidades públicas valencianas se concentraron ante el Palacio de la Generalitat, en Valencia, contra el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), del Gobierno central.
Estos docentes consideran que «no cumple con las expectativas» de los profesionales y puede suponer que no se renueven los contratos de «muchos» docentes. «Más que acabar con la precariedad, va a acabar con los precarios porque nos vamos a ir a la calle», han aseverado sus representantes sindicales.
Protestas a nivel estatal contra la LOSU
La concentración se enmarca en un calendario de protestas y de huelga indefinida convocada a nivel estatal los martes, miércoles y jueves. Ha contado con el respaldo de STEPV, CSIF y la asociación PDI Precariado.
Los profesores asociados cobran cerca de cinco euros la hora, realizan «las mismas horas que un titular» pero se les paga «el 40 %», pues solo se reconoce el tiempo que dedican a clases y tutorías
Desde STEPV UV, Alicia Martí ha lamentado que después de cuatro años los profesores asociados aún no atisban una «solución» a la «parálisis» del convenio colectivo para el personal laboral de universidades, y ha explicado que hace unos días los representantes sindicales se reunieron con la Generalitat para abordar una modificación del decreto de retribuciones, que «tampoco recoge las reivindicaciones del colectivo».
Martí ha reclamado que «a igual trabajo, igual salario y mismos derechos», pero sin la aprobación del convenio, «ni se cobra lo mismo ni hay los mismos derechos, aunque sí las mismas obligaciones a tiempo completo». Asimismo, ha defendido que el profesorado asociado cobre sexenios, trienios, quinquenios y el resto de complementos con los que cuentan los profesores titulares.
En la misma línea, la presidenta de la asociación estatal PDI, Isabel de la Cruz, ha denunciado que la LOSU, que en sus preámbulos «dice que va a acabar con la situación de precariedad» del profesorado asociado, «no cumple con las expectativas» de los profesionales. «Decimos al señor ministro que no estamos de acuerdo, que no nos gusta y que lo cambie», ha comentado, antes de añadir que la norma, «más que acabar con la precariedad, va a acabar con los precarios porque nos vamos a ir a la calle».
De la Cruz ha expuesto que los profesores asociados cobran cerca de cinco euros la hora, realizan «las mismas horas que un titular» pero se les paga «el 40 %», pues solo se reconoce el tiempo que dedican a clases y tutorías, pero no la preparación de las lecciones o el que emplean en correcciones.
También ha criticado que es «ilegal» que se les renueve el contrato año a año, en algunos casos durante décadas, lo que «incumple el estatuto de los trabajadores». «El Ministerio dice que sí, que harán contratos indefinidos, porque lo exige Europa, pero que tenemos que concursar todos. Nosotros nos negamos porque ya hemos concursado y quienes han estado incumpliendo son ellos. Pedimos que cumplan la ley y no queremos volver a concursar», ha subrayado.
La responsable de Universidades del sector de Educación de CSIF, Carmen Hernández, ha criticado que desde el Ministerio se siga «haciendo oídos sordos a que se establezcan periodos transitorios para que la aplicación de la ley no sea lesiva para muchos colectivos de profesorado» y ha lamentado que «no contempla la estabilización real» sino que «puede suponer la finalización de muchos contratos».
Hernández ha aseverado que la LOSU «no garantiza la estabilidad del PDI, que tiene condiciones muy precarias», y ha indicado que su sindicato ha trasladado enmiendas a los grupos parlamentarios del Senado, de cara al paso de la normativa por el pleno de la Cámara Alta el próximo 21 de febrero. Ese día, ha explicado que se realizará otro acto de protesta en la UPV, que se sumará a la concentración que el próximo día 18 se celebrará frente al Ministerio de Educación en Madrid.
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