El uso didáctico de tabletas y ordenadores en los centros educativos, que durante la pandemia se aceleró exponencialmente, está en revisión a tenor de las últimas decisiones de varias comunidades, como Murcia y Madrid, y del propio Gobierno central, que ya tiene en marcha una ley para limitarlo. Según datos recabados, algunas comunidades defienden su modelo 'híbrido' en el que conviven lo digital y lo analógico, como Aragón y Asturias, mientras que otras autonomías como la Valenciana, Navarra, Galicia o Cataluña, no descartan revisar próximamente sus estrategias. Cuando estalló la emergencia sanitaria y los estudiantes y profesores se confinaron en sus casas, las tecnologías jugaron un papel decisivo para salvar el curso. Esa infraestructura se ha mantenido cinco años después, y en muchos centros educativos ha requerido de inversiones para dar espacio a las tabletas y ordenadores, en detrimento de libros de texto, cuadernos y lápices. Ahora, varias administraciones se replantean el equilibrio entre esas herramientas. La Comunidad de Madrid (PP) anunciaba el pasado 19 de marzo que a partir del próximo curso limitará el uso de estas herramientas para volver a la esencia de la educación, pero adaptada al presente. Se vetarán en el ciclo de 0-3 años, y habrá un máximo de dos horas semanales en Infantil y Primaria. En Secundaria, los centros delimitarán el uso en función las características de las enseñanzas, la edad y la madurez de sus alumnos. El Gobierno de Murcia (PP) también ha 'redefinido' el proceso de digitalización de sus centros y el próximo curso la exposición a las pantallas se restringirá a una hora diaria en Primaria, y a dos en Secundaria, siempre con la supervisión del profesor. Aunque las competencias educativas están transferidas a las comunidades, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido este tipo de medidas en el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, y que obligará a regular el uso de ordenadores y tabletas en todos los ciclos de Enseñanza no universitaria y a que los centros educativos elaboren un plan digital anual. En cualquier caso, la ley garantiza y tiene en cuenta las competencias digitales que deben alcanzar en cada etapa y que marca la ley de Educación (LOMLOE).
