Universitarios rechazan «tajantemente» el Estatuto del Becario de Yolanda Díaz: «Ha ignorado a los afectados»

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha rechazado «tajantemente» el proyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral que se remite al Congreso de los Diputados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes esta norma, conocida coloquialmente como el Estatuto del Becario, dos años y medio después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social la acordara con los sindicatos pero sin la patronal y sin contar con la comunidad educativa.

CREUP ha criticado en este tiempo que el texto «se ha elaborado sin contar con la participación real de la comunidad educativa». Universidades y estudiantes denuncian que «han quedado al margen» de la negociación de una norma que les afecta directamente.

Aunque el Ministerio de Trabajo afirma que refuerza el carácter íntegramente formativo de las prácticas, la organización estudiantil advierte de que «su planteamiento responde a una lógica laboral, al haber sido negociado exclusivamente con los sindicatos».

Además, el texto presenta, a su juicio, «importantes deficiencias técnicas y de fondo». «Resulta complejo regular de forma conjunta prácticas tan distintas como las universitarias, ya sean curriculares o extracurriculares, y las de Formación Profesional, dado que difieren en su naturaleza y finalidad», señala.

Desde CREUP lamentan que tampoco «se ha aclarado cómo se financiará la compensación de los gastos asociados a las prácticas». «La falta de garantías claras sobre esta cuestión abre la puerta a que los costes recaigan en unas universidades ya infrafinanciadas, sin que ello suponga una mejora efectiva en la calidad formativa», alertan.

«En definitiva, la comunidad universitaria en su conjunto, universidades y estudiantes, coinciden en que el denominado Estatuto del Becario no responde a las necesidades reales del sistema de prácticas académicas externas, y que, por el contrario, puede convertirse en una herramienta de precarización invertida, aumentando la carga económica de las universidades y desestabilizando aún más los sistemas de control ya existentes, sin fortalecer las garantías para el estudiantado», han manifestado los estudiantes.

Por ello, instan al Ministerio de Trabajo, «que presume de diálogo social, pero que en esta ocasión ha ignorado a los principales actores afectados (la comunidad educativa y, especialmente, el estudiantado), a retirar el proyecto y abrir un proceso de diálogo real».

Asimismo, los universitarios apelan a los grupos parlamentarios para que «no respalden una norma que ha sido elaborada sin consenso y que no mejora la situación de las prácticas académicas».