ANPE exige al Gobierno valorar la profesión docente y que la legislatura no termine con «promesas incumplidas»

ANPE ha exigido al Gobierno un compromiso «decidido» que ponga en valor la profesión docente y que la legislatura no termine con «promesas incumplidas».

El sindicato ha reunido en Zaragoza a docentes procedentes de distintos puntos de España, en una concentración enmarcada en su campaña estatal 'El valor de la profesión docente'.

Con esta movilización, ha querido alzar la voz para que la actual legislatura, presentada por el propio Gobierno como 'la legislatura del profesorado', no termine convertida «en una legislatura de promesas incumplidas».

Mediante esta acción, ANPE reclama situar nuevamente en el centro del debate educativo al personal docente, así como poner en valor su labor y defender su protagonismo en la toma de decisiones.

El sindicato sostiene que la educación «necesita menos confrontación y más acuerdos, menos ideología y más soluciones, menos ruido y más compromiso con quienes sostienen el sistema educativo desde las aulas». En línea con estas premisas, reivindica un sindicalismo «que escucha, negocia y consigue mejoras reales».

Los representantes de ANPE han recordado que su independencia sindical, mantenida a lo largo de casi cinco décadas, les permite «deberse exclusivamente al profesorado y a la educación, al margen de intereses ideológicos y con independencia del color de cada administración».

Frente a la utilización de la educación como «arma arrojadiza» entre políticos, el sindicato ha reivindicado un modelo sindical «útil, capaz de transformar las reivindicaciones en mejoras reales para el personal docente».

Durante la concentración, ANPE ha reivindicado algunas de las condiciones que, a su juicio, resultan imprescindibles para que el profesorado pueda desarrollar su labor adecuadamente y para garantizar la calidad del sistema educativo.

Así, ha reclamado un Estatuto Docente, es decir, un marco regulatorio propio que reconozca la responsabilidad y cualificación del profesorado, regule sus condiciones de trabajo a escala estatal y establezca una verdadera carrera profesional.

Igualmente, ha defendido una reducción efectiva de las ratios alumnado/docente y de la jornada lectiva del profesorado, que suponga avances reales en todo el país y evite brechas territoriales injustificadas, es decir, que «no se limite a consolidar lo que la mayoría de comunidades ya han aprobado».