La comunidad educativa clama contra las «promesas incumplidas» del Gobierno durante la legislatura: «Será porque lo ha elegido»

La convocatoria anticipada de elecciones ha caído como un jarro de agua fría a la comunidad educativa por las «promesas incumplidas» por parte del Gobierno, que ha reclamado un pacto de Estado por la educación tras el 29 de noviembre.

La presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) Ángela Melero deseaba que la próxima legislatura «permita recuperar la estabilidad política y sobre todo la capacidad de diálogo y de acuerdo que necesita la educación española».

En declaraciones a Europa Press, Melero hacía hincapié en que las familias necesitan «políticas educativas construidas desde el consenso y con vocación de permanencia», fuera del «recurso continuado del decreto» y de decisiones «sin el suficiente debate y participación de la comunidad educativa». Así, reclamaba al nuevo Gobierno que sea constituido escuchar a las familias.

Por otro lado, pedía tratar cuestiones como la financiación de los centros concertados, la gratuidad de Bachillerato y el primer ciclo de Educación Infantil; una Selectividad única para toda España; libertad para la elección de centro educativo para los hijos; y mejores resultados educativos después del «fracaso» de PISA. La presidenta de CONCAPA insistía en que hace falta «menos improvisación normativa y más acuerdos duraderos». «Quien asuma la responsabilidad tendrá ante sí una oportunidad, una obligación y una responsabilidad de trabajar por un verdadero pacto de Estado por la Educación que dé estabilidad y sitúe a los alumnos y a sus familias en el centro de las decisiones».

«Una educación sin apellidos»

Por otro lado, la presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) Begoña Ladrón, aludía a las «muchas cosas pendientes» que quedan en el Ministerio, como la carrera docente o la «paz en el sistema educativo». Asimismo, llamaba a buscar una «educación sin apellidos» y sin buscar culpables.

«La relación institucional fue razonable durante buena parte de la legislatura, pero en el tramo final han surgido preocupaciones importantes en FP, ratios e Infantil 0-3. Hace falta más estabilidad, evaluación y planificación», mencionaba, por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) Alfonso Aguiló. Entre los ‘debes’ mencionaba también la traducción de las reformas en «resultados educativos, financiación suficiente para la concertada, libertad real de elección y culminar el desarrollo de la FP».

«Antes de seguir legislando, hay que evaluar qué funciona y qué no, con un objetivo claro: que los alumnos aprendan más y mejor», ha sentenciado.

En el mismo sentido se expresaba la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que señalaba el «clima de confrontación hacia la educación privada», la toma de decisiones sin «consenso suficiente» y la falta de «memorias económicas» que permitan conocer su impacto real.

«Más de 25 años esperando»

«Más de 25 años esperando una regulación que reconozca y dignifique la profesión docente», lamentaban desde UGT ante la ausencia de un Estatuto Docente que «reconozca el trabajo y la responsabilidad de sus profesionales».

Según recoge el informe Eurydice, que compara 37 países y 39 sistemas educativos, los salarios de los maestros españoles estaban por debajo de los docentes de Luxemburgo, Alemania, Suiza, Dinamarca y Austria en el curso 2024-2025; y que, a los 15 años, aún continúa por debajo de los de Bélgica o Irlanda.

FSIE señalaba que «situar la reducción de la carga lectiva en agenda es positivo, pero debe hacerse efectiva y extenderse al profesorado de la enseñanza concertada». De la misma manera, apuntaban a Europa Press que la «reducción de las ratios» puede mejorar las condiciones tanto de profesores como de alumnos, «siempre que contemple los distintos escenarios de la concertada y la privada».

Sin embargo, CSIF elevaba el tono, señalando al Gobierno por dejar sin aprobar estas dos cuestiones por disolver las Cortes: «Si se quedan sin aprobar, será porque se ha elegido dejarla fuera». El sindicato señalaba, asimismo, haber llegado a una interinidad del 30 % –lejos del 8 % al que se comprometieron en Bruselas– y sin la financiación del 7 % del PIB garantizada por la ley.