¿Cuánto cuesta una plaza universitaria?
El caso inglés vuelve a ser ilustrativo. Las titulaciones con ratios mayores de alumnos por profesor presentan menores costes unitarios
En España solemos plantearnos la oferta universitaria en términos de números: faltan plazas de Medicina, necesitamos más ingenieros, sobran estudiantes en unas titulaciones y escasean en otras. El debate termina casi siempre en cuántas plazas deberían ofrecer las universidades públicas. Pero hay una pregunta anterior que casi nunca hacemos, simplemente porque lo sabemos ¿cuánto cuesta realmente crear una plaza universitaria?
Inglaterra acaba de intentar responderla. Un estudio encargado por el Department for Education estima el coste económico completo de impartir estudios universitarios de grado. Y su primera conclusión debería resultarnos familiar: una plaza universitaria no es simplemente una plaza universitaria. El coste medio anual por estudiante en un grado presencial es de 12.317 libras. Pero las diferencias entre titulaciones son enormes. Medicina, Odontología y Veterinaria rozan las 20.000 libras por alumno; Física supera las 16.000. Derecho se sitúa por debajo de las 9.500.
La explicación no tiene demasiado misterio. Medicina necesita hospitales, supervisión clínica, laboratorios y ratios reducidas. Ingeniería y Ciencias requieren equipamiento, espacios especializados y técnicos. Derecho, ADE o Ciencias Sociales pueden impartirse con grupos mayores y en aulas convencionales. Son estas economías de escala una de las razones que explican sus menores costes.
La comparación con España resulta especialmente interesante porque nuestros sistemas universitarios son muy distintos. Inglaterra confía mucho más en la financiación ligada al estudiante y en las decisiones individuales de las universidades. En España, la oferta pública está mucho más planificada. Se fija el número de plazas, las universidades las ofrecen y, cuando la demanda supera a la oferta, la nota de admisión realiza el ajuste.
Pero ambos modelos terminan chocando con la misma realidad económica: la capacidad universitaria no se crea por decreto.
El mejor ejemplo español es Medicina. En 2023 el Estado dedicó 52 millones de euros a incrementar las plazas en las universidades públicas y a realizar las inversiones necesarias para sostener ese aumento. La propia norma estimó en 15.000 euros el gasto corriente asociado a cada nueva plaza y contempló cantidades adicionales para inversiones: hasta 59.500 euros por cada plaza creada por encima de las previstas en las memorias verificadas.
La experiencia continuó en 2024. El Gobierno volvió a financiar el incremento y mantenimiento de plazas de Medicina, dotando hasta 1.548 plazas muevas entre primero y segundo. De nuevo, la referencia de gasto corriente se situó en 15.000 euros por plaza.
Es una buena demostración de que el problema no se resuelve simplemente diciendo a una facultad que admita cien alumnos más.
Aquí aparece una segunda enseñanza del informe británico que debería incorporarse al debate español: el coste marginal de una plaza no es constante.
Una universidad puede aumentar inicialmente el número de alumnos utilizando aulas, profesores e instalaciones que ya posee. Si una clase pasa de 70 a 75 estudiantes, el coste adicional puede ser pequeño y el coste medio por alumno incluso disminuir. Pero llega un momento en que la capacidad se agota. Hace falta abrir otro grupo, contratar otro profesor, ampliar un laboratorio o buscar nuevas instalaciones. Es el denominado efecto Maimónides.
El estudio inglés describe exactamente ese comportamiento. Mientras aumenta el número de alumnos sobre una estructura de costes relativamente fija, el coste unitario cae. Cuando se alcanza la capacidad disponible, la siguiente expansión provoca un salto en el gasto.
Dicho de otra forma: las primeras veinte plazas nuevas pueden ser relativamente baratas; las veinte siguientes, extraordinariamente caras.
Esto resulta especialmente relevante cuando España quiere orientar la universidad hacia las titulaciones que considera estratégicas. Queremos más médicos, más ingenieros, más especialistas tecnológicos y más graduados STEM. Muchas de esas plazas son las más caras de ofertar.
Por eso no es suficiente preguntar cuántos estudiantes queremos formar. Tenemos que preguntarnos también si el sistema de financiación genera incentivos coherentes con ese objetivo.
El caso inglés vuelve a ser ilustrativo. Las titulaciones con ratios mayores de alumnos por profesor presentan menores costes unitarios. Cuando la ratio supera aproximadamente los veinte estudiantes por docente, las economías de escala se hacen particularmente visibles.
Desde el punto de vista financiero es impecable. Desde el educativo, la cuestión es más complicada. Podemos abaratar una titulación aumentando grupos, utilizando más intensamente las instalaciones o reduciendo atención individual. Pero llega un punto en que lo que llamamos eficiencia puede empezar a significar simplemente hacer más con los mismos recursos.
Y las universidades no disponen de un colchón ilimitado. Entre 2016-17 y 2023-24, la inflación utilizada como referencia en el estudio inglés aumentó un 41,2%. Los costes universitarios por materias crecieron bastante menos, entre un 11% y un 31%. Los costes de personal sólo un 14%. El informe interpreta esa diferencia como evidencia de que las universidades han absorbido buena parte de la presión intentando adaptar sus costes a los ingresos disponibles.
España e Inglaterra han llegado, por caminos diferentes, a una situación parecida.
En el modelo español, cuando la oferta pública no crece al mismo ritmo que la demanda, el ajuste aparece a través de notas de admisión elevadas, movilidad entre comunidades, estudiantes que renuncian a su primera opción o una mayor demanda de universidades privadas. En el inglés, el ajuste se manifiesta de otra manera, pero detrás permanece la misma restricción: profesores, infraestructuras y dinero.
Por eso quizá deberíamos cambiar ligeramente la pregunta. No basta con discutir cuántas plazas universitarias necesita España. Hay que decidir qué titulaciones queremos ampliar, cuál es su coste real y quién va a financiar de manera estable esa expansión.
Podemos decidir que necesitamos más médicos, ingenieros o informáticos. Podemos incluso aprobar miles de plazas nuevas. Lo que no podemos hacer es derogar por Ley la estructura de costes que existe detrás de ellas.
Porque, al final, una plaza universitaria no se crea cuando aparece en el BOE. Se crea cuando existen los profesores, las instalaciones y la financiación necesarias para que alguien pueda ocuparla y recibir una buena educación. Y eso, me temo, es más difícil.