El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros
Reforma educativa integral y cesar el «adoctrinamiento woke»: las propuestas del 'think tank' de Espinosa de los Monteros
El análisis también dirige su atención hacia distintas normas estatales y autonómicas que, según sostiene, introducen contenidos o criterios en el ámbito educativo
La Fundación Atenea, el think tank que preside Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado este martes el estudio La crisis del sistema educativo español: Diagnóstico y soluciones, un documento en el que plantea acometer una reforma integral de la enseñanza en España y poner fin a «todo adoctrinamiento woke».
El informe ha sido elaborado por Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho, y parte de una consideración central sobre quién ostenta el derecho a la educación. El autor sostiene que su titular «no es el Estado, sino la familia: los hijos como educandos y los padres como electores del tipo de educación que prefieren para sus hijo», de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.3 de la Constitución.
A partir de esta premisa, el estudio defiende que la actuación de los poderes públicos debe tener un carácter subsidiario y de garantía, y no convertirse en un instrumento para transmitir determinadas concepciones ideológicas. Así lo expresa el propio documento: «El Estado no es -o no debería ser- más que un garante subsidiario de ese derecho, no un Leviatán adoctrinador que inculca valores o ideas contrarias al criterio de los progenitores».
Contreras señala que el «programa máximo» de una hipotética reforma integral del sistema de enseñanza pasaría por derogar la LOMLOE y reemplazarla por una nueva ley nacional. Esa norma, según la propuesta de la Fundación Atenea, debería asentarse en la recuperación del rigor académico y en el restablecimiento de la autoridad del profesor como elementos centrales del modelo educativo.
La organización presidida por Espinosa de los Monteros considera además que una futura legislación educativa debería dejar establecido que los titulares del derecho a la educación «son los menores y sus padres». En paralelo, reclama poner término a «el asfixiante intervencionismo burocrático» que, a juicio del estudio, caracteriza el funcionamiento actual del sistema.
Otra de las cuestiones abordadas por el informe es la duración de la escolarización obligatoria y la organización de los itinerarios formativos. El documento critica que el actual modelo mantenga la obligatoriedad hasta los dieciséis años, de modo que «alumnos de capacidades e intereses muy heterogéneos coexisten en las mismas aulas, con perjuicio para todos».
Frente a esta situación, el trabajo compara el sistema español con el de otros países europeos, donde «se bifurcan antes las trayectorias educativas de los alumnos orientados hacia estudios universitarios y los orientados hacia la Formación Profesional». Por ello, Contreras plantea que España establezca itinerarios efectivos desde la Educación Secundaria Obligatoria y considera necesario «prestigiarse y potenciarse» la Formación Profesional de grado medio y básica.
El análisis también dirige su atención hacia distintas normas estatales y autonómicas que, según sostiene, introducen contenidos o criterios en el ámbito educativo. En concreto, propone reformar las leyes «de derechos LGTB», «de igualdad», de «derechos de la mujer», de «Memoria Democrática», entre otras, al entender que contienen interferencias relacionadas con la enseñanza.
El documento reserva su conclusión para la educación sexual y para determinados planteamientos vinculados con la raza, el sexo y el género. El informe sostiene que existen discrepancias relevantes entre los españoles sobre estas materias y reivindica la capacidad de elección de los padres respecto a la formación que reciben sus hijos.
«La moral sexual es objeto de profundas discrepancias entre los españoles; los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación sexual coherente con sus convicciones. Debe cesar también todo adoctrinamiento woke sobre 'opresión/discriminación racial y sexual', 'enfoque de género', etc. Esos contenidos y enfoques deben impartirse sólo en colegios que los incluyan en su ideario explícito, pero no ser impuestos transversalmente a todos los centros», concluye el informe.