​Sin suspensos para pasar de curso y una prueba específica para estudiar Magisterio: las promesas educativas del PP

«Es la crónica de un fracaso», así definía el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo los datos del informe PISA, a la vez que reclamaba una «reacción» que revirtiera los malos resultados recibidos por el sistema educativo.

«Preparar a nuestros hijos para la vida implica enseñarles que no da lo mismo aprobar que suspender», lanzaba en un vídeo publicado en su perfil de X con motivo del inicio del curso escolar. Este martes, esa frase se materializa en una promesa electoral, recogida en el programa que el Partido Popular presentaba este martes para las elecciones generales del 29-N: en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) «volverá a pasarse de curso con las asignaturas aprobadas».

Mencionando la necesidad de «recuperar la exigencia para pasar de etapa», el programa del PP aludía a que «el alumno que vaya mal tendrá refuerzo obligatorio antes que repetir». Actualmente, recibir ese apoyo depende de la voluntad de las familias. Asimismo, la LOMLOE (2020) marca que no hay un número máximo de suspensos que impida pasar de curso, dejando la decisión al equipo docente, que deberá considerar si el alumno tiene herramientas para superar el curso siguiente.

La anterior ley, la LOMCE (2013), marcaba que se podía promocionar con tres materias pendientes, siempre que dos de ellas no fueran Lengua y Matemáticas, mientras que la LOE (2006) aludía a que se podría pasar de curso con tres materias sin aprobar cuando así lo considerasen los profesores.

En Primaria, la intención del PP es dar más peso, precisamente, a las asignaturas de Lengua y Matemáticas. El vicesecretario de Educación e Igualdad Jaime de los Santos prometía «detectar a tiempo las dificultades de lectura y cálculo», a la vez que afirmaba que quienes las sufran «recibirán refuerzo específico en ese mismo curso dentro del horario escolar», acompañado de un «plan de mejora con recursos».

La intención del principal partido de la oposición no es la de aprobar un nuevo texto legal de entrada, sino plantear una reforma educativa progresiva, con puntos concretos, y desde la base que tenga en cuenta a todos los estratos del sistema educativo. Otra de las cuestiones más demandadas por los docentes, y que pretende atajar la formación liderada por Feijóo es la de «minimizar» la burocracia que enfrentan los docentes cada año.

Una prueba específica para Magisterio

Por otro lado, se plantea «desarrollar» una prueba específica, con una nota mínima, para permitir acceder a estudiar la carrera de Magisterio. El programa asevera que «ser profesor será una carrera de prestigio, con autoridad en el aula». Esta medida ya existe en Cataluña y Baleares, y también fue planteada por la exministra de Educación Pilar Alegría en 2022, fue descartada por el Ministerio de Universidades y nuevamente reclamada por la Conferencia de Decanos y Decanas en 2023.

Asimismo, desde el PP pretenden «ofrecer incentivos para atraer a los mejores» para la docencia en las materias de Matemáticas, Físicas y Tecnología, ya que los licenciados de estas carreras prefieren trabajar en la empresa privada, además de mejores condiciones en «los centros más difíciles de atender».

Blindaje a la concertada y la educación especial

Poco más de dos semanas antes de que los ciudadanos acudan a las urnas, El Debate adelantaba que el PP pretende apostar por mantener la educación concertada y otorgar a las familias un mayor poder en la elección del centro escolar de sus hijos, pudiendo seleccionar cualquier colegio dentro del municipio en el que residan. Así, la demanda familiar volvería a ser un criterio determinante a la hora de planificar la oferta de plazas.

Se comprometían, del mismo modo, a mantener los conciertos educativos en los centros con suficiente demanda y establecer una duración mínima de seis años en todas las etapas. También actualizarán los módulos de financiación para garantizar la gratuidad efectiva de las plazas concertadas.

Igualmente, el Partido Popular recoge en su programa electoral la promesa de mantener abiertos los centros de educación especial, después de que el Consejo de Ministros aprobara el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031, que daba luz verde a acabar con este tipo de enseñanza, que afectaba a 1,55 millones de estudiantes.

FP y universidades

Entre sus medidas, el PP promete «un protocolo nacional contra el acoso escolar» en el que respondan centro, servicios sanitarios y sociales, acompañado de una sanción contra los acosadores de carácter «educativo y reparador».

En cuanto a la Formación Profesional, el primer partido de la oposición se compromete a ampliar las plazas «en los ciclos que más empleo generan», que la FP dual tenga las mismas reglas en todo el territorio y a que la formación esté diseñada con cada sector. Además, «las empresas que formen alumnos tendrán incentivos fiscales».

«Las universidades tendrán libertad para organizarse a cambio de rendir cuentas ante la sociedad, sobre la empleabilidad de sus titulados, la calidad de su investigación y su proyección internacional», proseguían en su programa. Asimismo, las becas irán destinadas «para quien la necesite y apruebe».