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La educación en la encrucijadaJorge Sainz

El yantar de Morant: yo invito, tú pagas

Las comunidades autónomas han pasado de gastar 9.124 millones de euros a 12.227 millones. Más de 3.100 millones adicionales. Por su parte el Ministerio, ha pasado de gastar 244 millones a 450. Apenas 206 millones más

Desde que Diana Morant llegó al Ministerio de Universidades su estrategia ha sido anunciar grandes reformas. Eso sí ha dejado que el coste y la implementación de estas medidas en manos de las autonomías.

Aunque, como no se cansa de repetir, ella es valenciana, parece que se haya inspirado en una institución de la Castilla medieval: el yantar. Villas y concejos estaban obligados a dar comida al rey cuando éste pasaba por ellas, a él y a su séquito. Con el tiempo se hizo posible exigir esta prestación en forma de dinero, incluso aunque el rey no hiciera acto de presencia. A él le bastaba con decidir a qué hora se comía. El yantar era un sistema cómodo para la Corona, como lo es para el Estado la financiación de las universidades públicas.

El Gobierno central anuncia reformas, establece obligaciones, promete mejorar las plantillas, presenta programas, pero, quien tiene que encontrar la forma de financiar buena parte de todas estas decisiones son las comunidades autónomas. La fórmula es sencilla: yo invito a la fiesta, pero tú la pagas.

Los datos nos ayudan a entender el escenario. Según la Estadística de Gasto Público en Educación, el gasto en instituciones universitarias pasó de 9.399 millones en 2018 a 12.714 en 2024 (el último ejercicio del que tenemos datos). Eso es un aumento del 35,3% en 6 años. Si descontamos la inflación, el crecimiento real está en torno al 13%. Es decir, nuestras universidades tienen más recursos, pero bastante menos de lo que parece.

Y ahora viene lo interesante: ¿quién ha pagado por ello?

Las comunidades autónomas han pasado de gastar 9.124 millones de euros a 12.227 millones. Más de 3.100 millones adicionales. Por su parte el Ministerio, ha pasado de gastar 244 millones a 450. Apenas 206 millones más.

Y visto el crecimiento porcentual que se produce, no cabe duda de que el Estado está haciendo un extraordinario esfuerzo, con un incremento del 84,6% frente al 34% de las CC AA. Sin embargo, los porcentajes pueden llegar a engaño si no se acompañan de las cifras absolutas.

La realidad es que en 2024 solo el 3,5% del gasto total de la Universidad se atribuye al Ministerio. El 96% lo realizan las comunidades autónomas. De cada 100 euros adicionales de gasto universitario entre 2018 y 2024, casi 94€ corresponden a gasto autonómico y poco más de seis€ al Ministerio.

El crecimiento porcentual del Estado puede ser espectacular, pero su participación económica es extremadamente reducida.

Las diferencias territoriales también son significativas. Por ejemplo, Navarra ha aumentado su gasto en un 61%, Castilla-La Mancha en un 51% y las Islas Baleares en un 50%. Les siguen Madrid y Valencia, con un aumento de alrededor del 39%, por encima de la media nacional. Andalucía aumenta su gasto un 33,5% y Cataluña un 30,7%. En los tres últimos puestos se sitúan las Islas Canarias, Asturias y el País Vasco, que aumentan el gasto en torno al 22% o al 23%.

Naturalmente, este dato no dice qué comunidad financia mejor sus universidades porque eso dependería del número de alumnos, de las características de su sistema y, además, de lo que tenía al inicio del periodo; lo que sí es difícil de discutir es que la mayor parte del esfuerzo ha recaído en las autonomías.

Y aquí aparece el verdadero problema. No se trata solamente de cuánto dinero se dedica a las universidades, sino de quién adopta las decisiones y quién asume sus consecuencias financieras.

Para ejemplificar, tomemos el caso de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Uno de los objetivos del Gobierno era alcanzar el 1% del PIB en financiación pública para las universidades y se aprobaron muchos cambios en la organización del profesorado, por ejemplo. Bien, eso fue aprobar objetivos; ahora hay que aprobar los medios para conseguirlos.

Y es que la adaptación de las plantillas a los nuevos planes de estudios, la estabilización de los profesores, o los nuevos requisitos organizativos, entre otros aspectos, generan costes que se prolongan durante años y que, en principio, deben asumir las comunidades autónomas, responsables de la financiación ordinaria de sus universidades.

Un ejemplo que ilustra las contradicciones del modelo que se ha dibujado es el programa María Goyri, cuyo objetivo es incorporar a la plantilla profesorado ayudante doctor, propiciando el relevo generacional y reduciendo la precariedad laboral. En este caso, sí hay un compromiso estatal, y el Ministerio financia 3.400 plazas por más de 900 millones de euros durante seis años. El resto, otras 2.236 plazas, tiene que ser financiado por las comunidades autónomas.

El Ministerio está pagando. Sería injusto decir lo contrario. Pero ha impuesto muchas condiciones a ese dinero que supondrán una losa para las comunidades autónomas cuando transcurren esos seis años: ¿podrán las comunidades hacer frente a esos salarios cuando se acabe el dinero del Ministerio?

La universidad no va a contratar un profesor para seis años, sino que lo va a incorporar a una estructura docente que deberá mantener durante décadas. Va a tener que financiar su plaza, abrirle posibilidades de promoción, dotarle de los medios complementarios necesarios... y no va a dejar de pagar la factura por el hecho de que el programa del ministerio haya terminado.

Pero el problema no era que el rey yantara. La cuestión era que no pagaba la cuenta cuando decidía la visita. Las universidades presentan un problema similar para el Gobierno, quien puede establecer prioridades y presentar los resultados que considere, pero la mayoría de los compromisos que se asumen, los paga otro.

La financiación de las universidades ha de plantearse de forma seria. No basta con la aprobación de leyes. Tampoco se conseguirán los objetivos con la sola presentación de programas de contratación si no se acompañan de una memoria económica fiable y de una financiación suficiente a lo largo del tiempo y asignación de responsabilidades.

Porque mejorar la universidad pública significa más que anunciar cuánto dinero crees que debería gastar otra persona.

Porque, al fin y al cabo, ocho siglos después, va siendo hora de que nos liberemos definitivamente de ese yantar castellano en el que el anfitrión organiza la fiesta, pero no paga la cuenta.

  • Jorge Sainz es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)