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29 de marzo de 2024

Estudio de Plataforma Per la Llengua

Estudio de Plataforma Per la Llengua

Plataforma Per la Llengua

El independentismo publica un informe que acusa a la Policía de discriminarles por hablar catalán

La Plataforma califica dichos casos de «supremacismo lingüístico castellano» 

La Plataforma Per la Llengua acusa ahora a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil de «discriminaciones graves a catalanoparlantes». La asociación independentista financiada por la Generalitat de Cataluña ha publicado un informe en el que sostiene que casi el 60 % de los casos provienen de la administración general del Estado.
La plataforma emite anualmente un documento en el que detalla su estudio sobre los casos que califican como «supremacistas castellanos». Tal y como defienden en su página web, «en 2020, la administración general del Estado fue la más discriminadora para los catalanohablantes. De los 52 casos registrados en 2020, 31 fueron a manos de trabajadores de las instituciones centrales españolas, es decir el 59,6 %. Dentro de este nivel administrativo, los cuerpos policiales fueron los personajes principales: la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía perpetraron 19 discriminaciones, el 61,3 % de las estatales y el 36,5 % del total. Si se les añaden las policías autonómicas y locales, los casos policiales fueron 25, el 48,1 % del total, casi la mitad», afirman. Según el estudio, los datos aportados son «preocupantes porque indican que el supremacismo lingüístico castellano está particularmente naturalizado entre las fuerzas de seguridad, cuerpos armados con presunción de veracidad y con una elevada capacidad de intimidar a los ciudadanos».
De esta manera, la asociación ataca a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los que llevan señalando con especial ahínco tras su labor durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El documento de más de cien páginas concluye que en el año 2020 se registró un récord de casos que deben, según su criterio, ser denunciadas como discriminación por razones lingüísticas. «En muchas de las discriminaciones de 2020, como en las de años anteriores, la parte discriminadora tiene actitudes abiertamente hostiles y beligerantes que muestran una animosidad de origen ideológico hacia los catalanohablantes y sus derechos», asegura. Además, afirman que estas actitudes exhiben una visión «supremacista de las lenguas». De esta manera relatan que estos «ataques» vienen acompañados de frases como «Habla castellano que estamos en España» o «háblame en castellano que soy cubano».

Riego tras la sentencia del Supremo

Tal y como informó El Debate, la Generalitat de Cataluña concedió una subvención de 505.000 euros a la Plataforma per la Llengua solo dos días después del fallo del Tribunal Supremo que obliga a la administración catalana a garantizar el 25  % de las clases en español.
Según la documentación a la que tuvo acceso este periódico, la subvención concedida a dedo se otorgó el día 25 de noviembre a través de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la Consejería de Cultura, para la «realización de actividades relacionadas con la extensión del uso social de la lengua catalana».
Además, esta agrupación reconoció anteriormente haber infiltrado espías en los colegios catalanes para conocer el nivel de implantación de la lengua en los centros educativos. Todo ello se realizó sin la autorización de los padres, que desconocían que miembros de la plataforma hubiesen tenido acceso a las aulas de sus hijos. 
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