Pedro Sánchez y Alberto Garzón, en una imagen de archivo
«Poca actividad» pero múltiples «disparates»
PP, Vox y C's piden en el Congreso la reprobación de Garzón
En el caso de la formación de Santiago Abascal, es la segunda vez que lo hacen
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes que llevarán al Congreso la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por el «gravísimo daño» que ha hecho a la economía española con sus declaraciones. Además, ha subrayado que el PP «defiende la diversidad» de la ganadería española, tanto la intensiva como la extensiva, y ha indicado que se busca generar «confusión» entre esa ganadería y las macrogranjas que, «como concepto no están permitidas».
En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no haya cesado al ministro Garzón porque la nueva «polémica» creada con sus «falsas» declaraciones sobre el «maltrato animal» y «carne de peor calidad» afecta a sectores y españoles que con «su esfuerzo y sacrificio sacan adelante la economía» en España.
«Solo hay una salida, que sea cesado, algo a lo que ha renunciado el presidente Sánchez por seguir manteniéndose en la Moncloa», ha enfatizado la dirigente del PP, que ha asegurado que el Ejecutivo «conocía» el contexto de esas declaraciones desde el 16 de diciembre pero solo ha «reaccionado» tras la polémica creada en medio de la precampaña de las elecciones de Castilla y León.
Por todo ello, ha avanzado que, dado que Sánchez «renunciar a ejercer su competencia de cesar» a Garzón, el Grupo Popular ha registrado una solicitud de reprobación del ministro para «ayudar a los compañeros del ministro (Agricultura) Planas a que la puedan apoyar» y «en sede parlamentaria se mojen y se repruebe a quien tanto daño ha hecho a la economía española y al sector de la ganadería».
Además, la portavoz parlamentaria del PP ha señalado que su grupo ha pedido que comparezcan los ministros Planas y Garzón en el Congreso en enero con la convocatoria previa de la Diputación Permanente para aprobar la «comparecencia de ambos ministros».
«Así podremos ver si se animan a conversar y coordinar sus actuaciones y dejan de lado el ataque a los intereses económicos de nuestro país y un sector tan importante como la ganadería», ha apostillado, para recordar que España es una de las primeras potencias exportadoras de carne en el mundo.
Gamarra ha resaltado que Garzón ha realizado unas «gravísimas» declaraciones «por mucho que se quieran maquillar o tergiversar» y ha añadido que él mismo difundió la transcripción, donde se hablaba de «maltrato animal» y «carne de peor calidad».
Opción por la debilidad
Ha insistido en que estas declaraciones han hecho un «gravísimo daño» al sector agroalimentario y ganadero y «no solo no han sido rectificadas sino que siguen siendo ratificadas», con lo que generan «perjuicio económico para el país, atacan a un sector fundamental y dejan a la altura del barro» la imagen exterior de España. En su opinión, Sánchez «decide ser débil» para «mantenerse en La Moncloa con sus socios».
Al ser preguntada expresamente si el PP defiende o no la existencia de las macrogranjas, después de que hoy en la localidad Daimiel, gobernada por el PP, se hayan prohibido, Gamarra ha asegurado que se quiere generar una «gravísima confusión entre la ganadería intensiva y extensiva, y las macrogranjas».
«Son dos cuestiones distintas y se intenta plantear que es exactamente lo mismo. Y la ganadería intensiva nada tiene que ver con las macrogranjas en nuestro país. El PP defiende una ganadería intensiva y extensiva y, sobre todo, la diversidad que es el equilibrio de un sector que es clave para la sociedad española», ha aseverado.
Defensa de la diversidad
Gamarra ha señalado que si esa prohibición entra en vigor en Daimiel es porque el PP «ha aplicado la legislación vigente y, en base a la misma entra en vigor esa prohibición, que es conforme a la legalidad».
Preguntada de nuevo si el PP apoya la proliferación de las macrogranjas y si en la campaña electoral de Castilla y León podrían ver a algún candidato visitando alguna de ellas, ha insistido en que el PP «defiende la diversidad» de la ganadería española, tanto la ganadería intensiva como la extensiva.
«Las macrogranjas como concepto no están permitidas y, por tanto, no ha lugar a la cuestión. Pero no mezclemos y queramos confundir de que hay un modelo de ganadería que es intensiva y que toda ella son macrogranjas porque no es así», ha explicado.
Finalmente, Gamarra ha señalado que el ministro de Consumo lo que debería hacer es «dedicarse a sus competencias, si es que tiene alguna, y si no, con un poco de dignidad dimitir» porque «está al frente de un Ministerio vacío que lo único que hace es generar polémicas con ataques directos a distintos sectores españoles».
También el Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) registró una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para la reprobación del ministro de Consumo por sus críticas en medios internacionales a la ganadería española.
Vox, también pide la reprobación
Por su parte, Vox también ha registrado este martes en el Congreso una Proposición no de ley para pedir la reprobación del ministro de Consumo. Así lo ha anunciado a primera hora, solicitando asimismo al presidente del Gobierno la destitución de Alberto Garzón.
Se trata de la segunda reprobación solicitada por el grupo parlamentario de Santiago Abascal en la Cámara Baja, después de que el pasado verano atacara al sector ganadero español, al señalar que «el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta».
En esta ocasión, la reprobación alude directamente a las declaraciones de Garzón del pasado 26 de noviembre en el diario The Guardian. En el medio internacional, el ministro apuntaló que España exportaba «carne de animales maltratados y de baja calidad”. Además, según la formación verde, Garzón “vinculó la producción ganadero-cárnica con las emisiones GEI y la contaminación».
Las polémicas de Garzón
Para los de Abascal, las actuaciones de Garzón se pueden enumerar en varias polémicas: el ataque al turismo realizado en mayo de 2020; la campaña contra el azúcar en octubre del mismo año; la pretendida implantación del etiquetado Nutri-Score – que perjudicaría a productos como el aceite de oliva, el jamón ibérico, el queso o las denominaciones de origen protegidas-; o a través de la famosa huelga de juguetes. Una campaña que, como adelantó este medio, se elevó a un coste de 100.000 euros de las arcas públicas.
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