07 de febrero de 2023

El exmagistrado Eduardo Urbano en el despacho Kepler-Karst donde dirige el área de Derecho Penal Económico

El exmagistrado Eduardo Urbano en el despacho Kepler-Karst donde dirige el área de Derecho Penal EconómicoPaula Argüelles

Entrevista al exmagistrado de la Audiencia de Madrid

Eduardo Urbano: «En el CGPJ hablamos de un sistema de elección demasiado politizado»

Exmagistrado y abogado experto en Derecho Penal Económico, el jurista analiza para El Debate los próximos retos de la Justicia en términos de eficiencia e independencia

Eduardo Urbano es doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, accede a la Judicatura, por oposición, en 1989. Magistrado, Presidente en la Audiencia Provincial de Las Palmas, desde 1992 a 1999, será nombrado magistrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de 1999 a 2013. Y seguidamente, magistrado de lo penal, en la Audiencia Penal de Madrid y suplente del TSJ de Madrid (Sala de lo Civil y Penal).
En excedencia desde 2021, actualmente ejerce como abogado director del Departamento de Derecho Penal Económico de Kepler-Karst. Profesor de práctica procesal penal en UNIR y en el Máster de la Abogacía y en el Programa de Derecho Penal Económico del IEB, Urbano está acreditado como docente universitario, por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad docente). Analista de jurisprudencia del CENDOJ, durante más de 20 años es, además, autor de más de un centenar de artículos y diversos libros sobre su especialidad. Ha sido condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, 1ª Categoría.
Un magistrado que cuelga la toga para ejercer como abogado, ¿por qué el paso?
–Pues la verdad, para mí ha sido una gran sorpresa, porque no me lo esperaba. Fueron a verme y me plantearon un proyecto muy bonito en Madrid, con oficina también en Londres, otra en Las Palmas y dirigido al asesoramiento de empresas porque los socios fundadores del despacho son administradores concursales y queriendo dar un enfoque integral a su trabajo les faltaba Derecho penal económico. Me pareció muy interesante y, la verdad, estoy muy satisfecho de que en un año el despacho esté asentado y creciendo, lejos de los grandes megadespachos con cientos de letrados. Porque hay un público que necesita una atención mucho más individualizada, más directa.
¿Cómo ha afectado el cambio en la Ley Concursal a las empresas? ¿Ayudará en este contexto de crisis?
–Es una materia esencial en Kepler-Karst porque, realmente, la reforma de la Ley Concursal lo que trata es de reducir la intervención judicial, de agilizar los procedimientos, de dar soluciones que no acabaran en insolvencia, sino que permitiesen reestructurar las empresas... De hecho, se da mucha importancia a la venta de las unidades productivas porque se pensó que, si se reduce el tamaño de una empresa, a lo mejor se hace viable con el coste que pueda tener, en lugar de que desaparezca. Además, desde el momento en que en los procesos mercantiles hay un control judicial, un concurso, la empresa está ya muerta.
Con la reforma se da mucho papel a los acreedores, no sé si demasiado, pero lo cierto es que van a decidir mucho sobre el plan de arreglo y se crea, también, la figura del experto en reestructuraciones junto al administrador concursal. Dos figuras que crearán sinergias porque no son incompatibles. Y se ha discutido mucho el tema de la exoneración de los créditos públicos que, finalmente, se perdonarán en casos de deuda de hasta 10.000 € con entidades como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria que, al principio, quedaban fuera.
¿Tiene usted la sensación de que hay inspecciones fiscales que, bajo la amenaza de penas de prisión, tienen cierto ánimo recaudatorio?
–En el despacho me encargo de los delitos económicos (fraudes, estafas, blanqueo, delito fiscal…) El delito fiscal, por ejemplo, es un impago de una deuda fiscal de más de 120.000 euros . Pero ¿qué ocurre?, que si se llega a un acuerdo y se paga lo que no se había pagado -aunque haya delito porque éste se consuma en el acto mismo en el que el último día de pago, no se cumple con la obligación tributaria- pues el delito inicial se perdona o bien se rebaja la pena muchísimo. De tal manera que la prisión que va de 1 hasta 6 años se puede ver reducida a dos o menos y con esa cifra no vas a la cárcel, que es lo que van a evitar todos porque, al fin y al cabo, el Estado lo que quiere es cobrar.

Se nos llama prevaricadores y no pasa nada (...) quizá no debería ocurrir con el silencio de la Fiscalía

Usted participó en la sentencia condenatoria de Isa Serra, ¿qué le parecen las críticas a «un juicio sin pruebas» y al relato en contra de las decisiones de los jueces?
–Me parece, fundamentalmente, que es una falta de respeto a la ciudadanía. El Poder Judicial ejerce sus funciones y lo que ha de hacer es sentenciar un caso que se le ha presentado, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho. En este caso se habla de que se trata de una resolución sin pruebas y eso es acusar de prevaricación al tribunal. Bueno, de hecho, en las redes se nos llama prevaricadores y no pasa nada. Estamos acostumbrados a que pasen estas cosas, pero quizá no deberían pasar o no con el silencio de la Fiscalía. Evidentemente, la libertad de expresión, que es fundamental para la democracia, tiene una extensión muy grande sobre todo en algunos casos en los que interviene la política, pero su abuso puede llevar a delitos de calumnias o injurias, por ejemplo.
¿Cómo se explica entonces que si el 90% de las sentencias se ejecutan sin problema las que no sean siempre las que afectan a políticos?
–En este momento en las cárceles españoles hay unas 50 personas que están cumpliendo pena por malversación de fondos, que es un delito nuclear del fenómeno de la corrupción política que afecta a los fondos públicos, que en vez ir destinados a los fines previstos en los presupuestos que en un Estado democrático aprueba la ciudadanía, a través de sus representantes, se emplean para otras cosas. Es un delito muy grave. A mí me hace mucha gracia esa expresión de «yo, ni he robado, ni he matado» porque en el Código Penal hay más de 600 artículos con infinidad de conductas muy diferentes que se consideran particularmente reprochables y por eso son delito. Y en este caso es el Supremo, en su última palabra, ha confirmado la sentencia de un asunto en el que, por cierto, hay un montón de piezas abiertas que sin duda originarán nuevos juicios y sentencias.
Se está refiriendo usted a Griñán...
–Yo no lo he dicho así, hablo en términos jurídicos.
Le pregunto entonces, ¿hasta qué punto el indulto se ha convertido en una fórmula para que la política corrija al Poder Judicial?
–El derecho de gracia es una potestad del Jefe del Estado que simplemente la suscribe, porque el expediente lo prepara el Gobierno con los informes correspondientes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador. Hay que señalar que los indultos son cada vez más escasos y se reducen a un 1 ó 2 % de todos los que se solicitan. Cuestión diferente es la percepción social de que se están concediendo a personas determinadas por afinidades y esto hace mucho daño, muchísimo daño. ¿Acaso se va a indultar a los cuarenta o cincuenta presos que en este momento están en la cárcel por malversar? ¿Se les va a perdonar a todos?
¿Cómo se explica el bloqueo institucional del CGPJ? ¿Y la posible dimisión de Carlos Lesmes como presidente?
–Estamos instalados en una forma de hacer política, que es radical, de enfrentamiento, donde nadie cede y sólo se mira el calendario para ver qué conviene en términos electorales porque cuando alguien quiere llegar a un acuerdo, lo hace. Se firma y se cumple. Ahora, da la impresión de que, aunque haya un pacto suscrito, no se va a cumplir. Y en el CGPJ hablamos de un sistema de elección demasiado politizado. Es lo que hay sobre la mesa, pero los Gobiernos no quieren suprimirlo, pues este tema lleva años así. Y el Supremo con una cantidad de vacantes tremenda. Y lo mismo diversas Presidencias de Tribunales... todo este estado de cosas es estar en la pelea política y no pensar en la ciudadanía. Es una falta de respeto.

La percepción social de que se están concediendo indultos a determinadas personas por afinidades, hace muchísimo daño

¿Cuáles son los grandes retos de la Justicia española?
–Hace unos años escribí un capítulo en un libro sobre las reformas constitucionales que pudieran resultar necesarias en el que señalaba la reforma del artículo 117 de la Constitución española a partir de un enfoque de economía del derecho que, claramente, es un método jurídico muy desconocido, el de mayor influencia en Derecho Público, el más importante y que consiste en valorar las leyes con un enfoque de eficiencia económica , lo cual se opone al enfoque meramente ideológico. Incluso me atreví a proponer un nuevo apartado del artículo 117.7: «Se dotará a la Justicia de los medios necesarios para que los procedimientos sean eficaces y se sustancien en un tiempo razonable».
La siempre criticada lentitud de la Justicia...
–Bueno, en la Constitución se prohíben las dilaciones indebidas. Pero tenemos más de cinco mil jueces aun sabiendo que necesitaríamos, sino el doble, al menos el 50% más, unos 7.500, sin tener en cuenta las jubilaciones, los que se decantan por la actividad privada... Probablemente con convocatorias anuales de 300 ó 400 plazas, un año tras otro, lograríamos esto en diez o quince años y podría ser otra cosa entonces. Al igual que hay otros temas en la agenda política como la violencia sobre la mujer o la igualdad, habría que poner a la Justicia como una cuestión que reclama un Pacto de Estado. Modernizar edificios, que hay que ver cómo están muchos, porque de Palacio tienen sólo el nombre, cuántos expedientes en las escaleras, en las estanterías... Hay que dotar de recursos para la digitalización. En fin, muchas cosas. Y no digo que no se hagan pero falta, claramente, invertir más y mejor en Justicia.
Eduardo Urbano, durante la entrevista en el despacho Kepler-Karst

Eduardo Urbano, durante la entrevista en el despacho Kepler-KarstPaula Argüelles

¿Mejorar la independencia judicial?
–Uno de los retos más importantes, naturalmente, es reforzar la independencia judicial. Si hay alguno de los tres poderes del Estado, quizá el único, que tiene que ser independiente es el judicial. Los otros emanan de los partidos políticos y son absolutamente dependientes y parciales porque defienden intereses de una formación determinada. El Poder Judicial defiende los intereses de todos los ciudadanos, con la ley y las pruebas, sin importar quiénes están en el proceso. Además, tiene un gran valor de garantía para los ciudadanos. La última garantía. Pero claro, hay que procurar que esté en manos de personas preparadas y seleccionadas, exlclusivamente, por mérito y capacidad demostradas, tal como dice la Constitución.
Y los Letrados de la Administración de Justicia deberían tener más formación en materia de organización de empresas, de administración, porque son como los gerentes de la oficina y tienen que tener más conocimientos de contabilidad, economía, en ciencias de la administración y no solo en derecho...
¿Qué papel tienen los propios jueces en todo ello?
–A mí me duele mucho la Justicia y, como creo en ella, creo que hay que pelearla. Menos mal que existen profesionales muy serios y vocacionales: los jueces, los abogados y todos los que colaboran con ellos (peritos, policía, médicos,...) que intervienen en todos estos casos en los que hay demasiada politización, un discurso ideológico como único tema que sale en los medios en vez de ocuparse en procurar una Justicia más eficiente, con más medios. Necesitamos un discurso en el que habría que meter más gestión y menos tratar de colocar las ideas del gobierno de turno. Esto es lo democrático, respetar el que cada uno piense como le parezca y trabajar porque la gente tenga mejores servicios y más calidad. Cuando se habla de la Educación y Sanidad, hay quejas de falta de medios. Pero resulta que en estos servicios o actividades coexiste la educación o sanidad privadas con la pública. En cambio la Justicia es la única de estas tres grandes áreas de actividad que es enteramente pública.

Lo democrático es respetar que cada uno piense como le parezca y trabajar porque la gente tenga mejores servicios y de más calidad

La Justicia es pública por definición. No puede haber jueces particulares, jueces amigos, ... que es lo que parece buscan algunos. Hay que seguir mejorando las edificaciones judiciales, pues hay juzgados en centros comerciales o, sin ir más lejos, la Audiencia Provincial de Madrid, donde yo tuve mi plaza, que es el mayor tribunal de España, con más de cien magistrados, más que el Supremo o que la Audiencia Nacional , la gente que acude a los juicios está apiñada. En el área penal hay tres ascensores para un volumen continuo de personas, y a veces los magistrados suben y bajan a pie, lo que es verdad, hay que verlo así, es muy saludable.
¿El arbitraje ayudaría?
–El arbitraje es algo que funciona muy bien en la cultura anglosajona pero la nuestra es más recelosa. Nos encanta pleitear y pleitear e incluso permitimos la revisión del laudo arbitral por parte de los tribunales. Sería muy útil en asuntos importantes que requieren una respuesta muy rápida, por ejemplo, en materia mercantil para las grandes compañías extranjeras. Pero si con ello se consigue agilidad y luego el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revoca las decisiones previas, no se acaba nunca.
¿Qué le pediría como abogado al ICAM que se enfrenta a nuevas elecciones en diciembre?
–Ya hay varias candidaturas y es esencial teniendo en cuenta los más de 75.000 abogados que hay en la Comunidad. Y creo que sería una cosa interesante a mejorar por el colegio la estructura formativa para los abogados pues yo creo que la gente con formación, con nivel, que tiene programas de postgrado, que hace el doctorado, etcétera, va creciendo profesionalmente, se va especializando y están más en el día a día. Probablemente las soluciones a los conflictos ahora son mejores porque estamos más preparados. El tema formativo me parece fundamental.
Por otro lado, me preocupa la cantidad de recién graduados que hay y lo difícil que es llegar a socios. Es una profesión muy dura. Y el ICAM tiene que representar a todas las sensibilidades, no sólo a los grandes despachos, sino a los abogados de cualquier nivel y edad.
¿Se ha adquirido ya la igualdad en el mundo judicial?
–Ahora que se está hablando mucho de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, de su renovación y las posibles modificaciones del sistema de nombramientos, me gustaría recordar cómo en la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo regula hay un artículo que dice que la elección de los vocales de procedencia judicial se hará entre docentes, jueces y magistrados de reconocida competencia. Y añade: «Con presencia paritaria de hombres y mujeres».
Yo no soy tampoco partidario de las cuotas, como muchas de mis compañeras, porque entiendo que no hay que alcanzar los puestos por ser mujer, sino por méritos. En Kepler-Karst, sin ir más lejos, la consejera delegada de la firma es una mujer y la mayoría de la plantilla so abogadas que ya superan en número a sus compañeros.
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