La ministra de Justicia, Pilar Llop, comparece este martes tras el Consejo de Ministros
Conflicto institucional
Justicia rechaza la «contraoferta» de los Letrados que seguirán en huelga indefinida
Los LAJ se sentaban este lunes a la mesa de negociación del Ministerio, por tercera vez desde que comenzase el paro indefinido convocado el pasado 24 de enero
Una «contraoferta» de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), sobre la mesa, una cambio de sede, para negociar fuera del Ministerio y, de nuevo, el segundo de Justicia como interlocutor en la tercera cita de la negociación convocada por el Departamento que dirige Pilar Llop para desbloquear el conflicto colectivo que alimenta un paro indefinido, iniciado el pasado 24 de enero, que provocará «secuelas incalculables» en la Administración. Sin embargo, con el mismo resultado que en las anteriores ocasiones. Las partes se han levantado de la reunión sin alcanzar un punto medio de consenso sobre las reivindicaciones de los antiguos secretarios judiciales en materia de sueldos y en lo relativo a su plan de carrera profesional.
La de este lunes era la tercera reunión que mantenían ambas partes tras más de un mes de huelga indefinida de los Letrados que, según los cálculos del Comité convocante, ha supuesto la suspensión de cerca de 210.000 vistas y el bloqueo de «casi 800 millones de euros» en cuentas de titularidad judicial.
Desde que empezase el paro, los LAJ y el Ministerio se habían reunido en dos ocasiones anteriores. La primera, el jueves 16 de febrero, en la que estuvieron más de 15 horas en la sede del Ministerio y que concluyó sin acuerdo y con duros reproches cruzados entre las partes que mantuvieron posturas inamovibles de máximos. La segunda, el pasado viernes, y, aunque entonces los interlocutores también se sentaron y se levantaron de la mesa sin acuerdo, consiguieron agendarse el lunes 27 en el calendario para continuar con el diálogo.
«Hemos considerado que dado el papel que se nos ha dado traslado no es posible desconvocar la huelga aún», apuntó en declaraciones a la prensa el vicepresidente del Ilustre Colegio Nacional de Letrados y miembro del Comité de Huelga, Luis Toribio, al término de la segunda cita de negociación. En referencia a un documento entregado por el secretario general de Justicia, Manuel Olmedo, a los representantes de los huelguistas que «en una valoración preliminar», consideraron que, sin ser aceptable, podía «servir para el inicio de la negociación».
Toribio indicó que de ese análisis se desprendía que las posturas se encontraban «bastante alejadas». «Por tanto, la negociación no ha hecho más que comenzar», añadió sin dar detalles sobre el contenido de la propuesta del Ministerio. «Hasta que no se llegue a un acuerdo no será el momento de hablar de los contenidos», añadió.
La «impericia» de Llop
Ese mismo viernes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró en una rueda de prensa en Asturias que en la reunión celebrada en Madrid el diálogo había sido «constructivo» y «en buen tono». Según dijo, creía que en próximas reuniones ambas partes serían «capaces de encontrar puntos de encuentro», aunque no precisó si estaría presente en la reunión de este lunes.
Preguntada por las reivindicaciones del comité de huelga, Llop destacó las medidas adoptadas por el Ministerio para mejorar las condiciones salariales de los LAJ. Al hilo, reconoció que los letrados son «trabajadores esenciales» de la Administración, pero insistió en que «no está la justicia paralizada», porque actualmente «sigue funcionando» con algunas paralizaciones puntuales por la huelga. Además, recordó la petición que ya había hecho en ocasiones anteriores a los letrados: «No se coloquen en posturas maximalistas».
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que a su juicio ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
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