El exjuez Baltasar Garzón y la exministra de Justicia Dolores Delgado en una exposición sobre Memoria Democrática en marzo
Tribunales La mayoritaria Asociación de Fiscales exige a Justicia que impida el nombramiento de Delgado en Memoria Democrática
La asociación alega incompatibilidades, ya que su «pareja sentimental», el exjuez Baltasar Garzón, preside una fundación dedicada a cuestiones de memoria histórica y derechos humanos
La Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador y mayoritario en la carrera, ha solicitado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que impida el «inadmisible» nombramiento de la ex fiscal general Dolores Delgado como nueva fiscal de Memoria Democrática al considerarlo nulo de pleno derecho. La AF ha reclamado por carta a Llop que no de traslado al Consejo de Ministros de la propuesta del fiscal general, Álvaro García Ortiz, para situar a Delgado al frente de esta nueva Fiscalía de Sala o que, en caso de haberlo hecho ya, comunique la petición de la entidad para que no acuerde el nombramiento. Una petición a la que se ha sumado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) alertando, además, de las posibles consecuencias judiciales, así como «tal vez de otro tipo» que pudieran derivarse de una resolución, presuntamente, nula.
No en vano, ambas asociaciones, cuyos siete vocales en el seno del Consejo Fiscal, se apartaron del informe necesario sobre la «idoneidad» de los candidatos al puesto en cuestión, consideran que existe «causa de nulidad de pleno derecho» en la designación de Delgado, quien también fue ministra de Justicia, por la «omisión del preceptivo informe del Consejo Fiscal y el incumplimiento de las normas sobre apreciación de incompatibilidades», dado que su «pareja sentimental», el exjuez Baltasar Garzón preside una fundación dedicada a cuestiones de memoria histórica y derechos humanos.
Su misión es, según su página web, «combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos, la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas, para lo cual trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal».
El sucesor de Delgado en la Fiscalía General la propuso como nueva fiscal de Memoria Democrática tras el consejo fiscal celebrado la semana pasada, en el que la mayoría de los vocales -seis de la AF y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- rechazaron intervenir en el debate y votación de esa plaza.
Los siete pidieron sin éxito la suspensión del consejo, adelantado tras la convocatoria de elecciones y, durante el pleno, la AF solicitó, también sin éxito, que se excluyese la plaza de Delgado del orden del día y que la Inspección Fiscal valorase si se incurría en causa de incompatibilidad.
En su carta, la Asociación argumenta que la actuación de esos siete vocales «no puede considerarse como un voto negativo o como una abstención, sino como la no emisión del preceptivo informe» exigido por el Estatuto del Ministerio Fiscal, «por causa justificada».
Dicho informe, preceptivo pero no vinculante, no es un «mero acto de trámite», subraya la asociación, que acusa a García Ortiz de incumplir «de forma palmaria» las reglas esenciales del consejo fiscal al rechazar «de forma unilateral» que este órgano estudiase si el nombramiento de Delgado incurría en causa de incompatibilidad.
Ataque a la imparcialidad
La asociación denuncia que Garzón, presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR), «pretende obtener» de la Fiscalía «una respuesta satisfactoria a sus postulados traducidos en denuncias» y no ve «aventurado» que las denuncias que lleguen a la nueva Fiscalía vengan firmadas por esta fundación.
Por ello, creen que situar a Delgado en la cúspide de una Fiscalía que «su pareja sentimental» «viene reclamando» desde 2014 «resulta inadmisible» e implica «un frontal ataque al principio de imparcialidad, y más aún a su apariencia» porque cualquier actuación «podrá entenderse inspirada en los postulados del señor Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta».
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