La Abogacía del Estado al rescate de Delgado para salvar su nombramiento en Memoria Democrática

Dolores Delgado ha perdido la condición de fiscal de Sala y, por lo tanto, ya «no puede seguir siendo titular de Memoria Democrática». La reciente anulación del Supremo al ascenso de Delgado a la máxima categoría del escalafón de la Carrera, apoyado en una «desviación de poder» de su sucesor Álvaro García Ortiz, ha hecho tambalearse el suelo profesional de la que fuera ministra de Justicia de Pedro Sánchez. Y es que, así las cosas, una vez revocada su designación como fiscal de Sala Togada de lo Militar del Alto Tribunal, se complica su continuidad al frente de su plaza actual, creada a su medida, en Memoria Democrática. La Abogacía del Estado, sin embargo, ha salido al rescate para salvar su continuidad aunque ésta parece estar cada vez más complicada.

Y es que, según han confirmado a El Debate fuentes judiciales, los letrados públicos ya han contestado para oponerse, por separado y de manera individualizada, a los tres recursos planteados contra la elección de Dolores Delgado al frente de Memoria. La 'defensa' de la Abogacía a la actual titular del puesto se basa, entre otros aspectos, en desmontar que la negativa de García Ortiz a que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre la presunta incompatibilidad en la que incurre Delgado –al estar casada con un abogado especialista en Derechos Humanos– invalide la decisión posterior.

«A la vista del objeto y actividades de la Fundación FIGBAR que preside la pareja de la candidata Dª Dolores Delgado, D. Baltasar Garzón, hay por lo menos indicio de que existe una estrecha relación con las competencias del cargo de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, máxime si se tiene en cuenta que esta Fundación lleva casos concretos en relación con estas competencias. Esta situación genera al menos indicios de la posibilidad de existencia de esa incompatibilidad y de la necesidad al menos de verificarla antes de proceder a un nombramiento que puede incluso generar una sanción muy grave para la candidata si finalmente se constata esa situación de conflicto de interés» denunciaban tanto la Asociación de Fiscales (AF) como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en su momento en el Consejo Fiscal y, posteriormente, ante el Supremo.

Sin embargo, y según ha podido saber este periódico, la Abogacía del Estado considera que el hecho de que el fiscal general no admitiese al Pleno del órgano una votación sobre esta cuestión previa, no incide en la validez del nombramiento que, finalmente, y como era previsible, favoreció a su predecesora y amiga. Los letrados públicos entienden que nada hubiese variado de producirse ésta porque «no existe» la supuesta incompatibilidad de Delgado para el cargo, por la condición profesional de su pareja.

Competencia exclusiva del Consejo

Para los tres recurrentes, por su parte, ha quedado «sobradamente acreditado» que el fiscal general del Estado «tenía prisa por nombrar a Dª Dolores Delgado, su anterior jefa y mentora como Fiscal de Derechos Humanos y de Memoria democrática». No en vano, García Ortiz convocó un Pleno extraordinario adelantado a las pasadas elecciones generales del 23-J para asegurar su objetivo.

Una maniobra plagada de presuntas irregularidades que, además, hurtó a los vocales del Consejo Fiscal una competencia que les es «exclusiva» sobre el debate preliminar del «conflicto de intereses» que, a juicio de la mayoría de ellos, concurría en la candidata propuesta.

«Más allá de la falta de abstención« de García Ortiz » que hubiera sido lo procedente a la vista de la estrecha relación existente entre ambos, lo cierto es que todas sus actuaciones se encaminaron" a designar a Delgado sin discusión. Y así lo afirman los recurrentes en sus respectivas impugnaciones ante la misma Sala Tercera del Supremo que, hace una semana, ya anulaba su nombramiento anterior como fiscal de Sala Togada de lo Militar.

El fiscal general urdió «un Consejo con carácter urgente a la vista de una convocatoria electoral que podría haber frustrado sus intenciones de nombrar a su amiga caso de haberse producido un cambio en la FGE y en el Consejo Fiscal»; y, además, se orientó a «eludir el necesario pronunciamiento del Consejo Fiscal respecto a la existencia de una posible causa de incompatibilidad que hubiera podido frustrar la propuesta de nombramiento».