Carles Puigdemont investigado en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic
Tribunales
El fiscal del Supremo encargado del caso Puigdemont rectificó un primer informe en el que sí avalaba investigarle por terrorismo
Álvaro Redondo habría ajustado el sentido de su dictamen tras recibir una llamada del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y despachar con él sobre el caso
Dos informes opuestos en cuatro días. El fiscal a cargo del 'caso Puigdemont' en el Supremo, Álvaro Redondo, entregó al jefe de su Sección un informe diferente de la primera versión que había confeccionado, en la que sí apoyaba la tesis del magistrado instructor de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para investigar al líder de Junts por terrorismo. Una llamada del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podría estar tras el cambio de criterio de Redondo, según apuntan fuentes de toda solvencia a El Debate.
Aunque tras revisar la exposición motivada remitida por García Castellón hace algunas semanas a la Sala Segunda del Alto Tribunal, el fiscal encargado de pronunciarse llegó a la conclusión de que los hechos por los que está procesado Puigdemont se corresponden con un delito de terrorismo y que es competencia del TS proceder ya contra el político catalán –por su condición de aforado, como eurodiputado– y así lo comentó con su superior directo, que estuvo de acuerdo. Finalmente, la versión del dictamen que ha presentado para que decida la Junta de Sección de fiscales, este martes, dice lo contrario.
En el borrador que ha trascendido, sin embargo, se dice que no corresponde procesar por terrorismo en el 'caso Tsunami' al expresidente catalán, siguiendo la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo. Cabe recordar que este último también cambio de criterio en su posición sobre Puigdemont, tras las elecciones generales del pasado 23-J. Tanto él como Redondo sí veían al comienzo de su trabajo, indicios suficientes para proceder por terrorismo para proceder contra el prófugo. La intervención del fiscal general en ambos casos, pendientes de sendos ascensos, provocó un giro radical en el resultado de sus escritos.
No en vano, Carballo ingresaba en la AN en 2006, procedente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real donde, como ya publicó este diario, ahora aspira a volver como fiscal Jefe. Mientras que Redondo «hace años que quiere ser fiscal de Sala y ahora ha salido a concurso una plaza» de dicha categoría. «Está obsesionado con la idea y es fácil de ilusionar con ella aún sin una certeza clara», apuntan fuentes judiciales.
«Sorpresa» entre sus compañeros
Así las cosas, en la primera de las versiones, con fecha del pasado 26 de enero, una extensa versión de más de 60 folios, a la que ha tenido acceso El Debate, Redondo aseguraba que «la participación de Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo».
El día 30 del mismo mes, tras haber comentado el contenido de su trabajo con García Ortiz, el fiscal encargado se presentaba en una reunión con el resto de sus compañeros de la jurisdicción Penal en el Supremo, sin mencionar el giro de 180 grados de su pronunciamiento, ante la coincidencia de la mayoría de ellos con su primer versión del caso. Fue al final de dicho encuentro cuando, de manera más personalizada, y según confirman varias fuentes consultadas, Redondo deslizó entre varios de ellos que, tras haber reflexionado, se inclinaba por descartar el terrorismo.
Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo. Y es que Álvaro Redondo, miembro desde hace años de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), se caracteriza por una forma de trabajar «minuciosa, reflexiva y elaborada» que no coincide con la improvisación de la que ha hecho gala en este caso, para modificar íntegramente, «en cuestión de horas» la posición tan detallada de su primer informe, donde sí apoyaba abrir causa en el Supremo contra el ex presidente catalán por terrorismo.
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