El exministro José Luis Ábalos
Investigación
La Guardia Civil aporta al juez pruebas que acreditan «relación directa» entre Ábalos y el empresario de la trama
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la trama de comisiones millonarias ilegales que encabezaba Koldo García, asesor del exminstro José Luis Ábalos, han entregado al juez de la Audiencia Nacional un reguero de pruebas sobre los pagos de mordidas. Entre las averiguaciones de los investigadores se encuentran varios vínculos societarios que vinculan de manera directa a Ábalos con el empresario Víctor de Aldama, investigado en la Operación Delorme por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Tal y como ha podido saber El Debate, los investigadores han aportado al juez que está investigando estos hechos, el magistrado Ismael Moreno, varias pruebas que ponen en el foco de manera directa al propio Ábalos. Por un lado, se encuentra su figura como ministro y, en 2020, como máximo responsable en la adjudicación de los contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL. Esta es la compañía sobre la que están todos los focos puestos. En total, entre los encargos que le hicieron desde el Gobierno y desde comunidades autónomas en manos del PSOE la mercantil cobró 50 millones de euros.
El adjudicatario, según el Registro Mercantil, comenzó con sus actividades en 1998. En su objeto social figura «la prestación de servicios generales de constitución, financiación,mantenimiento y funcionamiento de empresas, la investigación, desarrollo aplicación y venta de sistemas generadores de electricidad». Este periódico ha tenido acceso al reguero de conexiones que unen a esta empresa con el propio Ábalos. Es el siguiente. En primer lugar, el administrador único de esta compañía es la sociedad Purdey Investment SL. A su vez, detrás de esta empresa se encuentra José Ángel Escorial Senante, uno de los empresarios detenidos. El papel de Escorial dentro de la empresa cesó el 8 de julio de 2021, fecha en que ya había cobrado la mayoría de los contratos.
En su lugar se hizo cargo el empresario Daniel Sierra Monedero, que ya era apoderado de Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL. Al mismo tiempo, Sierra actúa como representante de la sociedad Global Capadocia SL. Esta mercantil, en febrero de 2022, modificó su denominación a Comercializadora Pizarras Santa Barbara SL. El entramado sigue de la siguiente forma: Brama Capital SL, administrador de la anterior compañía, contaba anteriormente con la denominación Global Barbola SL. Esta empresa se creó en febrero del 2020 con un capital social de 3.600 euros. Sus administradores eran Antonio Santiago Pérez y Guillermo Santiago Císter. Con posterioridad, hubo una ampliación del capital de la sociedad, que pasó de tener 3.600 a 400.000 euros.
Justo después de esta inyección entra en juego el nombre del empresario clave en la trama, Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. Tras la ampliación de capital este empresario se registró como administrador único de la empresa. Ese mismo día, el 21 de diciembre de 2020, también se llevó a cabo una nueva ampliación de capital de otros 400.000 euros. Al convertirse en firme la segunda inyección de dinero el nombre de esta última empresa se cambió a Brama Capital SL.
Toda esta dinámica de uso de un amplio número de sociedades, cambios en sus denominaciones y de nombramientos y ceses de testaferros -es decir, personas que actúan en nombre de otras con la intención de ocultar la verdadera identidad de los dueños de las empresas- son tácticas habituales en tramas de corrupción. Sobre todo cuando se llevaban a cabo, como es en este caso, en un corto periodo de tiempo. El trabajo discreto y minucioso del grupo de la UCO de la Guardia Civil ha sido clave para permitir que los actores implicados en la trama pudieran actuar sin saber que estaban siendo observados. Todas estas pruebas son las que los investigadores han entregado al juez y ahora se están examinando.
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