Prueba de PCR para la infección por SARS-CoV-2
El caso Koldo se extiende a Salvador Illa y también a la adjudicación «a dedo» de venta de test de antígenos
Un informe de la Guardia Civil halla charlas entre los artífices de la trama donde nombran al exministro de Sanidad
La red de corrupción también comercializó pruebas PCR. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desvela que los tentáculos de la trama de mascarillas vinculada a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, se extendió también a la venta de test de antígenos y pruebas PCR. Además, aparecen en él conversaciones en las que se nombra al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, como persona importante en varias operaciones en las que tenía que dar su «ok» a las mismas.
La Guardia Civil ha extraído todas estas conclusiones en chats interceptados entre «los 4 mosqueteros», como se denomina el grupo de WhatsApp en el que participa Víctor de Aldama, entre 2021 y 2022. Los otros tres son César M.G, Javier S.C. e Ignacio D.T., quienes en las conversaciones mantenidas dejan constancia de sus gestiones para conseguir distribuir las pruebas PCR y por satisfacer los encargos que les hace un tal «Rubén» para realizar esa prueba, por ejemplo, a un teniente de la Guardia Civil o la «futura alcaldesa de Valdemoro».
18.500 en PCR
Estas tres personas mantienen otro grupo de WhatsApp denominado «Fertinvest» en el que, ya en mayo de 2020, dejan constancia de la primera adjudicación a «dedo» de un concurso por importe de 18.500 euros para pruebas serológicas por la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes. El 20 de agosto de 2020, un mensaje en el grupo indica que Illa, entonces ministro de Sanidad, iba a hablar con «el de Canarias» para «darle en principio el ok».
Ese mismo día por la noche, Ignacio D.T. envía un mensaje en el que dice que «han aprobado desde sanidad el proyecto» y añade que acaba de hablar con Víctor de Aldama.
También ese mismo día, César M.G remitió dos pantallazos a Javier S.C. de una consulta en la página web Wikipedia del ministro de Sanidad en esa fecha, según el informe.
Llamadas del «amigo K»
Al día siguiente, Ignacio D.T. –identificado como «Nacho flashback»– envía un audio al grupo en el que dice que le ha llamado su «amigo K», al que la UCO identifica como Koldo García. «... y me ha dicho que todo ok, que todo hecho, que todo va a funcionar y que el lunes tengamos una jornada de trabajo para ver cómo se estructura todo».
Pocos días después da cuenta de otra conversación con Koldo en la que planean entrar en el control sanitario de los pasajeros en los aeropuertos, si bien denota que es una idea incipiente que no saben cómo aplicar.
De acuerdo al informe, el 25 de agosto Ignacio D.T. indica que «necesita que alguien vaya a hacer seis PCR al Ministerio de Transportes con él, que ahora les explica, a continuación, les manda un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres».
Ya en noviembre de ese mismo año, uno de los presuntos socios de Aldama vuelve a hacer referencia a ese «K» –Koldo, según la Guardia Civil– diciendo que le había pedido «ir a casa del jefe a hacer cuatro pruebas allí de antígenos».
Meses después, en febrero de 2021, manda una imagen de una conversación con Víctor de Aldama y dice que «van a quedar con el grandullón en el ministerio para hacer PCR». El título de esa imagen es «25 antígenos en el ministerio mañana por la mañana. Pagan».
El informe de la Guardia Civil continúa con más conversaciones, en las que se preguntan, por ejemplo, «quiénes son los de la PCR de la tarde» y uno responde «director de la GC y la familia». Según los mensajes recogidos en el documento, la directora del instituto armado habría ido en marzo de 2021 a hacerse PCR: "Yo no la he cobrado (...) me ha insistido un poco pero tampoco mucho (...), dijo uno de los empresarios.
La UCO también hace constar un mensaje que reenvía Víctor de Aldama el 22 de febrero de 2022 "para que le hagan una PCR a la 'futura alcaldesa de Valdemoro', e incluye a un incidente que los empresarios habrían tenido unos días después con un guardia civil al que habrían cobrado 125 euros por una PCR.
Aldama pidió «devolvérselos si podemos –según recoge el informe– y si no pues se lo damos en efectivo»: «(...) Es el que os dije el otro día que no cobráramos, que parece que hacemos las cosas del revés», añade.
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