La presidenta del Congreso, Francina Armengol, junto al letrado mayor de la Cámara Baja, Fernando Galindo
Cámara Baja
El Congreso rechaza el conflicto institucional planteado por el Senado por la ley de amnistía
La Cámara Alta envió un requerimiento al Congreso para que retire la norma que regula la medida de gracia y, aunque la Cámara Baja tenía hasta mayo para responder, la Mesa ha acordado este mismo martes su negativa
La Mesa del Congreso –con la mayoría del PSOE y Sumar– ha rechazado por «improcedente» el conflicto de atribuciones esgrimido por el Senado por la ley de amnistía. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja han remarcado que no hay cauce para que el organismo que preside Francina Armengol pueda retirar una ley que ha sido tramitada y aprobada en el Pleno.
Con la mayoría absoluta de los 'populares', el Senado envió un requerimiento al Congreso para que retire la ley de amnistía y, aunque la Cámara Baja tenía hasta mayo para responder, la Mesa ha aprobado este mismo martes su negativa de acuerdo con los argumentos de los servicios jurídicos.
Así las cosas, los socialistas han instado al PP a que reclame al Tribunal Constitucional (TC) ante la seguridad de que tanto el fondo de la ley como su articulado es correcto. «Le invitamos a que lo haga porque estamos seguros de que todo lo que hemos hecho y todo lo que se ha realizado por parte del Congreso de los Diputados es correcto», ha recalcado el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, tras recordar que el grupo parlamentario del PP en el Senado tiene el plazo de un mes para acudir al TC, aunque ha avisado de que «les puede salir el tiro por la culata».
El informe de los letrados del Congreso señala que en la norma que regula la medida de gracia se cumple con la «presunción de constitucionalidad» en toda la tramitación y en la propia iniciativa, al tiempo que el PSOE ha introducido un nuevo punto en el informe solicitando «lealtad entre las dos cámaras y la necesidad de que el PP vuelva a la senda institucional».
El PP ha rechazado ese documento y ha solicitado debatirlo en el pleno del Congreso, a lo que los letrados se han opuesto al entender que hay un precedente cuando en 2016 el Gobierno también se dirigió a la Mesa con otro requerimiento y el Tribunal Constitucional señaló que se debía dirimir en ese órgano y no en una en sesión plenaria.
«Solo el Tribunal Constitucional es el competente para dirimir si alguno de los pasos dados (en la ley de amnistía) no cumplen con nuestra Carta Magna. No hay ningún otro órgano establecido en nuestro país, en España, que pueda subvertir la competencia que tiene el Tribunal Constitucional», ha reiterado Gómez de Celis tras acusar al Senado de «travestirse» y en «convertirse en lo que no es».
De esta manera, Gómez de Celis ha calificado el requerimiento aprobado por el pleno de la Cámara Alta como una «deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática» y ha incidido en que «no podemos admitirlo desde el punto de vista jurídico, pero tampoco desde el punto de vista político».
«El Partido Popular ahora se convierte en un partido antisistema. Es capaz de romper todas las lealtades institucionales. Es capaz de hacer todo lo posible por dinamitar el orden constitucional», ha dictaminado el parlamentario socialista.
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